El fenómeno del trabajo en la economía de plataformas es complejo y heterogéneo. Desde hace varios años, hemos visto cómo las apps están revolucionando industrias como el transporte de pasajeros y el alojamiento turísticos. Aún sin haber encontrado soluciones definitivas respecto al encuadre de estos trabajos en la mayoría de los países donde operan, la crisis del coronavirus ha motivado en las plataformas digitales una ola de iniciativas tendientes a aliviar el impacto entre quienes interactúan a través de ellas y a brindar servicios nuevos y adaptados. ¿Puede la pandemia hacer que la economía gig se vuelva verdaderamente colaborativa y más amplia?
Las respuestas de política y el impacto en los trabajadores de plataformas
Existen profundas diferencias en cómo la pandemia y las respuestas de política afectan, económica y sanitariamente, a diversas industrias y sectores sociales. En términos generales, los gobiernos de América Latina y el Caribe han tomado medidas como el confinamiento y el cese de actividades no esenciales. Estas políticas han imposibilitado trabajar y generar ingresos a muchas personas que se desempeñan en la economía de plataformas, pero en algunos países todavía continúan operando repartidores y mensajeros que entran en la categoría de servicios esenciales. Tan solo en Argentina, el coronavirus ha imposibilitado trabajar y generar ingresos a más del 65% de los trabajadores de este sector. Más allá de las medidas gubernamentales, quienes generan ingresos a través de plataformas también se han visto afectados por el cambio de conductas de consumidores y/o por la propia decisión de auto aislamiento ante el riesgo de contagio.
¿Qué están haciendo las apps?
Las apps están tomando diversas medidas para apoyar a sus trabajadores frente a los desafíos que plantea la COVID-19. Una iniciativa común ha sido la transferencia de trabajadores hacia servicios que continúan operando, ya sea adaptando sus operaciones o fomentando el movimiento de trabajadores entre plataformas. La provisión de kits para disminuir el riesgo de contagio también se ha puesto en práctica, pero los trabajadores reclaman que el alcance no es suficiente y demandan también otros beneficios como seguro contra riesgo de accidentes en el trabajo, licencias, y compensación por cuarentena. Estos reclamos reflotan uno de los principales conflictos no resueltos con relación a estos modelos de negocio: la naturaleza del vínculo laboral con sus trabajadores y la ausencia de un marco de protección.
Las plataformas también han puesto en práctica y se han esforzado en comunicar medidas de apoyo a la población general, como por ejemplo logística gratuita, asistencia en uso de herramientas digitales o intermediación de donaciones. Aunque las acciones resultan en algunos casos de poco alcance debido a limitaciones vinculadas a los contextos y habilidades de sus destinatarios (por ejemplo, falta de alfabetización digital o acceso a conectividad), demuestran la disposición y rapidez de las plataformas para adaptarse a las necesidades de las comunidades donde operan. Esta capacidad de adaptación no debería ser ignorada por las autoridades públicas, en tanto la misma puede ser aprovechada dados sus beneficios y puede dar pie al diseño de iniciativas de manera conjunta (alianzas público-privadas).
Finalmente, las plataformas pueden tener algo más que ofrecer para contribuir a controlar la propagación del virus, brindando apoyo directo a los sistemas de salud y sus sectores vinculados. Estas contribuciones abundan en el segmento de servicios presenciales (que incluyen la oferta de comidas, alojamiento y logística gratuita para personal sanitario), pero cobran especial relevancia en el sector de servicios profesionales en línea, en tanto pueden reducir la presión sobre los sistemas sanitarios y centros de atención ciudadana de manera remota, y contribuir en la adaptación de los métodos de entrega de algunos oficios a los entornos digitales.
Un universo de oportunidades a partir de la coordinación
Las iniciativas relevadas ponen de manifiesto la rapidez con que las plataformas han adaptado sus operaciones y desplegado iniciativas capaces de colaborar con el sector público para apoyar la gestión sanitaria. Esta pandemia invita a avanzar en una mayor coordinación público-privada para dar un salto cualitativo y cuantitativo en servicios a clientes y comunidades, entendiendo que garantizar un marco de protección y derechos laborales justo y sostenible para los trabajadores debe ser la prioridad tanto para estimular la economía como para limitar los efectos directos de la pandemia en la salud pública.
La COVID-19 brinda una oportunidad a los líderes empresariales para poner en práctica aquella promesa central del manifiesto Davos 2020 de virar hacia un liderazgo con propósito y priorizar no solo las necesidades de sus accionistas, sino también de trabajadores, clientes, el ambiente, y la sociedad en su conjunto. En este contexto, desde el BID y BID Lab nos encontramos aportando ideas y evidencia que contribuyan a una mayor coordinación y complementación entre las medidas instrumentadas por el sector público y aquellas implementadas por las empresas de la economía de plataformas, para lograr una mayor eficiencia y disminuir los riesgos a los que se enfrenta toda la población, con especial atención a los grupos más vulnerables.
Para saber más sobre este tema, te invitamos a descargar la publicación COVID-19: Estrategias de adaptación en la economía de plataformas.
*Este artículo cuenta con la coautoría de Laura Ripani, Graciana Rucci y Claudia Vazquez, de la División de Mercados Laborales del BID, y los expertos invitados Javier Madariaga y Erika Molina, de BID Lab.
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Javier Madariaga es consultor para BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID. Su experiencia incluye la implementación de proyectos de cooperación y desarrollo en América Latina, África y Oriente Medio e investigaciones sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la economía urbana desde el Think Tank CIPPEC. Posee Licenciatura en Economía por la Universidad Católica Argentina, Diploma en Evaluación de Impacto de Políticas Públicas y Programas Sociales del Laboratorio de Pobreza de Acción J-Pal y del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), y Maestría en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella.
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Erika Molina es especialista de BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID. Hace 12 años trabaja en el BID en el diseño y seguimiento de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de población vulnerable y la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas. Erika ha liderado proyectos sobre innovación, tecnologías disruptivas, emprendedurismo, economía circular, inclusión social, microfinanzas y desarrollo económico local, entre otros. Es economista graduada de Macalester College (Minnesota, EE. UU.) con una Maestría en Políticas Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y una Maestría en Desarrollo Económico Local de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
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