En junio de 2023 fuimos anfitriones del evento más importante y completo sobre un futuro que creemos lejano, pero está más cerca de lo que pensamos: uno en el que la mayoría de las personas en América Latina y el Caribe vamos a ser mayores de 60 años y vamos a necesitar pensiones suficientes para cubrir las necesidades de vida de todos. Desde Factor Trabajo invitamos a tres voces claves de la décima edición del Global Pensions Programme en 2023 a reflexionar acerca de lo que necesitamos para encarar el futuro longevo de una región aún desigual, con niveles altos de pobreza e informalidad laboral, y con recursos limitados para cubrir el retiro de todos sus adultos mayores.
Para Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, la longevidad y el envejecimiento serán terrenos en los que América Latina y el Caribe será generadora de soluciones para desafíos globales.
Para David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanza de Perú y director para América Latina de PINBOX Solutions, es posible diseñar un sistema de pensiones que cubra a todos los trabajadores, incluso en contextos de alta informalidad laboral, siempre que exista la voluntad de salir de las limitaciones que imponen sistemas de pensiones creados hace más de un siglo y para modelos asalariados estrictos.
Para Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay, la experiencia uruguaya en la conducción de una reforma pensional ofrece lecciones valiosas para otros países que estén considerando transformar sus sistemas de pensiones para encarar los efectos y aprovechar las oportunidades de la longevidad.
¿Por qué es importante hablar de pensiones y hablar ahora? Por Laura Ripani, jefa de la División de Mercados Laborales del BID
Hablar del envejecimiento en América Latina y el Caribe es importantísimo. Lo que a países de Europa les tomó 56 años, le va a tomar a nuestra región la mitad del tiempo: pasar de tener un 10% de la población mayor de 65 años a tener el doble. El reporte más reciente del BID sobre envejecimiento demostró que los latinoamericanos y caribeños estamos teniendo mayor calidad y expectativa de vida gracias a avances en protección y seguridad social, y en cobertura de servicios de salud, pero que lamentablemente no son suficientes todavía.
La longevidad es simultáneamente una oportunidad y un desafío; una buena noticia y un llamado a la acción. Vamos a vivir más tiempo, pero esto no quiere decir que estamos preparados para garantizar ingresos suficientes y una vida libre de pobreza para toda nuestra población de adultos mayores hacia 2050. Ya hoy en día, a pesar de los avances, es un desafío erradicar y evitar la pobreza en la región donde 2 de cada 5 adultos mayores no tienen ingresos para subsistir, y muchos se ven forzados a seguir trabajando a pesar de haber superado la edad legal de retiro. Esto se debe a una combinación de factores entre los no deja de resaltar la elevada informalidad laboral que mantiene a la mayoría de los trabajadores en la región por fuera de los beneficios y la cobertura de la seguridad social. La realidad hoy es que la mayoría de las personas que trabajan no están pudieron ahorrar para su retiro, y que los países no tienen cómo garantizar cobertura y pensiones suficientes para todos solo con gasto público. No pueden hacerlo ahora, y no tendrán cómo hacerlo en 2050 cuando seamos más los mayores.
Necesitamos entonces no solo hablar de pensiones, sino ponernos manos a la obra con las acciones y cambios que se necesitan para asegurarnos de que:
- Las pensiones sean equitativas, suficientes y que cubran a la mayor parte de la población.
- El envejecimiento no afecte al equilibrio fiscal de los países
- El gasto público en pensiones no impacte negativamente en la necesaria inversión en otras áreas fundamentales como infraestructura, educación o salud
Desde el BID creemos que necesitamos diseñar sistemas de pensiones robustos y funcionales en contextos de alta informalidad laboral como los de nuestra región, pero también estamos convencidos de que los sistemas de pensiones se pueden diseñar para incluso combatir la informalidad laboral.
¿Cómo un buen sistema de pensiones puede elevar la calidad de los mercados laborales y viceversa? Nuestra experta en pensiones Ekaterina Cuéllar te lo explica en pocos segundos, escucha🎧👉https://on.soundcloud.com/PZauF
Nuestro encuentro sobre pensiones para sociedades más longevas de junio 2023 fue un muy bien primer paso para dibujar una hoja de ruta junto a los países para avanzar hacia sistemas de pensiones sostenibles y equitativos en la región. Tomadores de decisiones y hacedores de política pública tanto de América Latina, como del mundo, pudieron aprender e intercambiar sobre los desafíos globales de los sistemas de pensiones, cómo diseñar sistemas pensionales para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral, mejores prácticas y soluciones que ya han implementado otros países con procesos de envejecimiento más avanzados, y los procesos de reformas de pensiones tan desafiantes pero que ya se van a adelantando en varios países de la región.
Junto al profesor Oliver Hart, premio Nobel de Economía, vimos el valor de las estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) en la gestión de sistemas de pensiones, pues la longevidad no es la única tendencia afectando a los mercados laborales y a las pensiones. También están la transformación digital y el cambio climático que expone a los activos de los sistemas de seguridad social a riesgos financieros. Este es uno de los desafíos (y oportunidad) que se nos presenta en el futuro de las pensiones, y que también pudimos explorar en nuestro evento con el lanzamiento de la nueva edición de la serie El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿cómo avanzar hacia pensiones sostenibles para sociedades más longevas? Este número de la serie nos invita a reflexionar sobre las formas de aprovechar ahora mismo las oportunidades del envejecimiento poblacional que ya está en marcha y que no tiene por qué agarrarnos desprevenidos; por el contrario, la manera en la que abordemos la longevidad puede ser una fuente de nuevos aportes desde América Latina y el Caribe a la solución de desafíos globales.
Las pensiones para todos los trabajadores, ¿son posibles en países con alta informalidad? Por David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanza de Perú y director para América Latina de PINBOX Solutions
La pregunta que plantea este artículo es sin duda relevante. Queremos pensiones para todos, pero ¿cómo hacerlo en países latinoamericanos donde la informalidad laboral representa más del 55% de la PEA, y en varios países supera incluso el 70%? Como es obvio, la presencia de este fenómeno implica que los sistemas tradicionales de pensiones, basados justamente en la presencia de empresas y/o trabajadores formales aportando parte de sus ingresos para la etapa de retiro, terminen fracasando. Por tanto, pensar realmente en un sistema de pensiones para todos implica salir del corsé que nos imponen los sistemas creados hace más de un siglo y que sólo funcionan -hasta ahora- en economías con un buen desarrollo de sus instituciones formales.
El rediseño de un sistema de pensiones que pueda funcionar para un universo más amplio implica atender varias cuestiones previas. En primer lugar, se requiere tener una buena valoración del estado actual de la productividad laboral de la economía y como ésta puede evolucionar a futuro. Esto es sin duda clave porque debería servir como referencia al salario del trabajador y a las contribuciones sociales que realicen tanto éste como su empleador, de ser el caso. En segundo lugar, se requiere observar cuál es el desvío que existe entre el nivel de productividad laboral y lo que por Ley se debe compensar al trabajador por su trabajo. Si esta brecha es muy grande, es sin duda un desincentivo a la contratación formal, lo que terminaría siendo una de las causas detrás de la baja cobertura de los sistemas pensionarios en la región. En tercer lugar, es clave que el nuevo sistema de pensiones se entienda no como único y exclusivo objetivo de las personas, sino como uno más dentro de un abanico de objetivos sociales e individuales que tenemos a lo largo de nuestro ciclo vital. En cuarto lugar, se necesita valorar cuál es el compromiso fiscal (de gastos sociales y tributarios) que existe para atender las pensiones junto con otros objetivos sociales.
Por ello, un sistema de pensiones para todos implica una tarea conjunta entre los actores privados y el Estado desde una posición realista en cada país. Es decir, dado los niveles de productividad laboral y distorsiones existentes creadas por las políticas públicas vigentes, se requerirá, por un lado, que el Estado asuma -en línea con criterios de responsabilidad fiscal y buena gestión de la economía- un nivel de cobertura básica de riesgos a lo largo del ciclo de vida donde se incluya a las pensiones. Esto implica que inicialmente estos compromisos serían en algunos casos más limitados que otros, porque al final, el nivel de productividad también determina la capacidad fiscal de los países.
Luego tocaría plantear lo que empleadores y/o trabajadores deberían contribuir directamente a las pensiones. Pero esto implica necesariamente que se tienen que considerar las posiciones distintas de contribución que tiene cada uno de los actores de acuerdo con sus niveles de productividad e ingresos. Esto a su vez implica transitar hacia esquemas donde la tasa de aporte sea progresiva, de tal manera que el esfuerzo para ahorrar de los que tienen menores ingresos no signifique una carga elevada que desaliente su participación en el sistema. Además, teniendo en cuenta que el objetivo de pensión, si bien siendo importante, no es el único relevante a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, cualquier contribución a éste debe ser armonioso de modo que no perjudique el logro de otros objetivos relevantes en las etapas más importantes de la vida como el financiamiento de la educación o la adquisición de una vivienda, entre otros.
Si se tienen todos estos elementos en cuenta es perfectamente factible, al menos en el papel, que se pueda diseñar un sistema de pensiones para todos. El gran reto, sin embargo, se encontrará en el ámbito de la economía política donde las ideologías, regulaciones, intereses de parte y preconceptos de diferentes actores están ya bastante posicionados. Ello implica un serio reto en el ámbito de la generación consensos donde organismos internacionales de la trayectoria del Banco Interamericano de Desarrollo deberían jugar un papel fundamental.
Las reformas de pensiones en América Latina y el Caribe son necesarias ¿Cómo hacerlas realidad? Por Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay
Las pensiones en América Latina y el Caribe deben abordar diferentes problemas. En algunos casos deben superar debilidades de cobertura poblacional o de suficiencia de los beneficios. En otros la problemática requiere dotar de sustentabilidad financiera a los sistemas, sin afectar la sustentabilidad social. La sustentabilidad financiera implica que se pueda mantener el pago de pensiones a las poblaciones durante largo tiempo; la social implica que las soluciones y cambios propuestos tengan un sustento real, justificado e irrebatible, lo que no es sinónimo de un improbable consenso generalizado, muy difícil de alcanzar en ambientes democráticos competitivos.
Y en todos los casos las desigualdades de cobertura y beneficios nos exigen un análisis pensando en la equidad de cualquier medida para las distintas generaciones. La justicia entre generaciones, o intra generacional, abarca aspectos medio ambientales, de endeudamiento público y sobre todo el diseño financiero de los sistemas de pensiones. Y es que los sistemas que se financian sobre la marcha -de reparto o pay as you go– ponen el peso del financiamiento en las generaciones activas – cada vez más pequeñas- que soportan a las generaciones de mayor edad, crecientes y que en el futuro serán la mayoría de la población en la región. Por su lado, los regímenes plenamente financiados -especialmente de capitalización individual- son necesarios, imprescindibles en todo diseño de pensiones, pero están lejos de lograr por sí solos objetivos razonable de cobertura y beneficios en países con elevada informalidad laboral.
Los primeros pasos para hacer realidad una reforma de pensiones son: (i) identificar y priorizar los problemas a resolver, y, (ii) plantear objetivos plausibles. Lo primero se logra con el apoyo de servicios técnicos; lo segundo se logra con la voluntad de los decisores políticos. Entre técnicos y tomadores de decisiones debe existir un nivel de comunicación muy fluido y de trabajo colaborativo para asegurar consistencia en la política considerando los recursos y herramientas disponibles para que la reforma sea realizable.
La experiencia de la reforma uruguaya, vigente desde el 1º de agosto de 2023, fue posible por el apoyo de una secretaría técnica robusta, definida por un marco legal específico, conformada con profesionales de las entidades públicas, bajo una conducción centralizada y con compromiso relevante del sector académico nacional. En ese marco, el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo fue de gran relevancia, especialmente por la flexibilidad y eficacia en resolver las necesidades específicas de apoyo, tanto las resultantes de la planificación como las que surgieron imprevistamente en el camino de la reforma.
Un elemento clave fue el consenso alrededor de la necesidad de una reforma de pensiones entre todos los partidos políticos que han gobernado en Uruguay, y que vienen planteando la reforma desde hace más de una década. Aun cuando ese consenso no represente per se una garantía de acuerdo, sin duda, facilita la comunicación y aceptabilidad de cambios difíciles. Otra clave fue un extenso y profundo proceso de diálogo social, político y público, transparente e informado, que el BID ayudó a articular. Desde el punto de vista del diseño de la nueva política, el lapso de dos décadas que se planteó para el logro de los objetivos fue central para mitigar las resistencias.
Finalmente, fue un factor totalmente decisivo el liderazgo del proceso y el vigor político para tomar decisiones difíciles. La Presidencia de la República apoyó en forma pública y muy explícitamente todo el proceso y lideró la toma de decisiones junto con el equipo ministerial competente, luego de recibir los informes de diagnóstico y recomendaciones técnicas.
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