Del confinamiento a la reapertura: ¿qué aspectos hay que considerar para tomar decisiones bajo tanta incertidumbre?

¿Cuándo quedará atrás el confinamiento y podremos volver a una cierta normalidad? ¿Cómo será nuestro día a día cuando lo peor de la pandemia forme parte del pasado? En prácticamente todos los rincones del mundo, este tipo de preguntas son constantes. También, por supuesto, en América Latina y el Caribe, donde prácticamente todos los países impusieron medidas de cuarentena para contener el avance del contagio de la COVID-19. ¿Han funcionado estas medidas excepcionales? En muchos casos, han sido capaces de reducir la movilidad, y se espera que también puedan contener el avance de la enfermedad, como ya lo hicieron tanto en China, primero, como en Europa, después. Sin embargo, estas mismas medidas están imponiendo un costo importante a la sociedad: según nuestras estimaciones para la región, se podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y destruir el modo de subsistencia de muchos millones más de trabajadores en el sector informal.

En este contexto, la decisión de cómo y cuándo flexibilizar las restricciones impuestas se presenta como una de las más trascendentes que tomarán próximamente los hacedores de política de la región y de muchos otros países del mundo. Hay mucho en juego. Se trata, por un lado, de preservar vidas: salir de la cuarentena puede tener un elevado costo en contagios y muertes, particularmente si, al mismo tiempo, no se expanden sustancialmente las herramientas con las que los países enfrentan la enfermedad. Pero permanecer en cuarentena, por otro lado, implica costos económicos muy importantes, que, además, recaen especialmente en las poblaciones económicamente más vulnerables. Así, desde el BID queremos aportar nuestro grano de arena en este momento de máxima dificultad y, por ello, hemos publicado Del confinamiento a la reapertura: Consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la COVID-19, un documento que ponemos a disposición de los gobernantes y la sociedad de la región con el objetivo de contribuir al planteamiento de salidas a esta crisis. Puedes descargar esta nota haciendo clic aquí.

La decisión de cómo y cuándo flexibilizar las restricciones impuestas se presenta como una de las más trascendentes que tomarán próximamente los hacedores de política de la región y de muchos otros países del mundo.

Una población más joven, pero más desprotegida

Un aspecto para tener en cuenta es que el balance entre vidas y modos de vida es un poco diferente en América Latina y el Caribe que en los países más desarrollados. La región tiene a su favor que su población es más joven. Esto es importante porque el riesgo de sufrir complicaciones graves y morir por la COVID-19 aumenta mucho con la edad, con lo que el costo de la apertura en términos de fallecimientos puede ser menor en la región por este motivo. Otro aspecto que inclina el balance hacia la apertura es que los costos de la cuarentena son mayores en la región. No es lo mismo pasarla cómodamente en una casa en buenas condiciones, que hacerlo en una vivienda que no cumple los criterios básicos de habitabilidad y en situación de hacinamiento, algo que sufren muchas más personas en la región que en los países desarrollados. Por otra parte, la mayoría de los países de altos ingresos cuentan con sistemas de seguro de desempleo que protegen a los trabajadores que pierden su empleo. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, pocos países cuentan con estos mecanismos y, de hecho, allí donde existen solo cubren a unos pocos. Las elevadas tasas de informalidad —superiores al 50 %— dejan a la mayoría de los trabajadores sin protección y los exponen a situaciones de gran precariedad laboral.

El balance entre vidas y modos de vida es un poco diferente en América Latina y el Caribe que en los países más desarrollados.

Menor margen para la inversión

A esto se añade que, en la actual coyuntura, las restricciones fiscales que enfrentan muchos países han dificultado que sus Gobiernos se comprometan, de forma decidida, a mantener el empleo a través de subsidios o préstamos para las empresas, o a compensar a los que pierden sus ingresos o no los tienen porque no pueden ir al trabajo. La inversión en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) que suponen este tipo de medidas es extraordinaria. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han anunciado que van a destinar más de un 16% del PIB, en promedio, entre subsidios y garantías. En la región, por el contrario, no ha existido la holgura económica para llevar a cabo este tipo de políticas con la misma intensidad: la inversión anunciada en estos rubros ha sido del orden del 4% del PIB, lo cual supone un esfuerzo, aunque considerable, muy inferior al de los países desarrollados. Además, la posibilidad de teletrabajar es mucho menor en América Latina y el Caribe que en los países de ingresos altos y, por ello, menos personas han podido mantener su trabajo y sus ingresos.

Una salud más precaria

Ahora bien, si estas consideraciones inclinan la balanza hacia una apertura más temprana, otros factores van en la dirección contraria. Por un lado, a pesar de ser una población joven, la región enfrenta muchos problemas asociados con enfermedades crónicas que complican el cuadro médico y aumentan la probabilidad de muerte de los afectados por la COVID-19. La incidencia de la obesidad, por ejemplo, es un 60% mayor en el promedio de la región que en el promedio de los países de la OCDE. Otro factor es que los países de la región cuentan con una capacidad hospitalaria mucho más limitada que en los países desarrollados, lo que incrementa el riesgo de que el sistema sanitario se vea desbordado ante incrementos en la proporción de infectados graves similares a las de estos países. En promedio, en América Latina y el Caribe solo hay dos camas de hospital por cada mil habitantes (frente a un promedio de cinco camas por cada mil habitantes en los países de la OCDE). Otro aspecto clave es que la región cuenta con menos acceso a las pruebas de diagnóstico, y su capacidad de hacer seguimiento de los contactos de los contagiados para aislarlos también es menor.

Los países de la región cuentan con una capacidad hospitalaria mucho más limitada que en los países desarrollados, lo que incrementa el riesgo de que el sistema sanitario se vea desbordado

Por ello, próximamente, los países de la región deberán tomar decisiones muy difíciles sin disponer de la información que idealmente desearían tener. En un contexto en el que prolongar la cuarentena se vuelve políticamente difícil, algunos irán relajando las restricciones. Otros, en cambio, harán un esfuerzo extraordinario para prolongarlas hasta bajar el número de nuevos casos de forma considerable. En ambos casos, deberán expandir, lo más rápidamente posible, la capacidad de tratamiento, testeo y rastreo de contagios de forma significativa. Asimismo, a medida que se vaya reanudando la actividad económica, será necesario incorporar nuevas medidas de seguridad e higiene, así como nuevos patrones de comportamiento por parte de la población en ámbitos como el trabajo, la escuela o el transporte público, a fin de prevenir nuevos contagios. Igualmente, los países deberán establecer sistemas de monitoreo que les permitan aprender tan rápido como sea posible a medida que sus decisiones de apertura van generando nuevos resultados. Esta es una tarea difícil que implica un esfuerzo extraordinario por parte de todos. Cuanto antes nos pongamos a ello, más pronto podremos recuperar una cierta normalidad.

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