Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta que para 2050, más de una de cada cinco personas en Las Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago tendrá una discapacidad. El aumento de 5,9 puntos porcentuales respecto a la proyección de 2020 es significativo. Dado el rápido envejecimiento de la población, este cambio demográfico pone de relieve la necesidad de actuar con urgencia.
Aunque los países del Caribe han avanzado al comprometerse con convenciones internacionales e incorporar los derechos de las personas con discapacidad en sus marcos jurídicos nacionales, persisten desafíos para traducir estos compromisos en una inclusión social y económica efectiva. Abordar estas brechas no solo es una obligación legal, sino también crucial para el desarrollo sostenible.
¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de personas con discapacidad?
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad no depende únicamente de características físicas. Es el resultado de la interacción de una deficiencia a largo plazo con barreras actitudinales o estructurales externas que limitan la participación efectiva en la sociedad. Este concepto representa un cambio respecto al antiguo modelo médico y pone énfasis en el rol de la sociedad a la hora de eliminar los obstáculos ambientales a la inclusión.
Aumenta el número de personas con discapacidad en el Caribe
A pesar de los esfuerzos por incluir a las personas con discapacidad en los sistemas de datos regionales, desafíos conceptuales y metodológicos han limitado la disponibilidad y precisión de los datos. Para mejorar esto, el Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, desarrolló un conjunto estandarizado de preguntas para censos y encuestas. Este grupo fue creado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Aunque algunos países del Caribe adoptaron estas preguntas en la ronda de censos 2010, su aplicación inconsistente ha dificultado la obtención de estimaciones precisas sobre discapacidad en la región.
Los países del Caribe se han comprometido con la inclusión de las personas con discapacidad, pero el cumplimiento sigue siendo limitado
Los países del Caribe miembros del BID se han comprometido con la inclusión de las personas con discapacidad ratificando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo Jamaica el primer país del mundo en ratificarla. Para monitorear el cumplimiento de la Convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supervisa su implementación, al que, hasta la fecha, Jamaica y Trinidad y Tobago han presentado informes iniciales.
Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago también han ratificado el Tratado de Marrakech, que facilita el acceso de las personas ciegas o con discapacidad visual a materiales en formatos accesibles. A nivel regional, la Carta de la Sociedad Civil de la Comunidad del Caribe (CARICOM) consagra los derechos de las personas con discapacidad a la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el respeto a su dignidad humana. El Acuerdo de Kingston y la Declaración de Pétion Ville refuerzan aún más el marco regional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
A nivel nacional, los seis países han incorporado los derechos de las personas con discapacidad en sus constituciones o legislaciones específicas. La mayoría de los gobiernos han establecido organismos dedicados a apoyar a esta población, y los planes nacionales de desarrollo hacen referencia a las personas con discapacidad.
No obstante, persisten brechas. En algunos ámbitos, las protecciones legales son débiles o no se ajustan al modelo social de discapacidad. Incluso cuando existen marcos jurídicos sólidos, no garantizan el cumplimiento. Además, a menudo, la situación de las personas con discapacidad está muy por debajo de los compromisos legales. Informes que utilizan datos del censo de 2010 sugieren que existen disparidades en diversos sectores en Guyana, Jamaica y Surinam.
Tres enfoques para fomentar sociedades más inclusivas en el Caribe
- Mejorar la recopilación y el uso de datos precisos sobre personas con discapacidad. Un primer paso fundamental para implementar políticas inclusivas es recopilar sistemáticamente datos comparables sobre discapacidad en todos los países y a lo largo del tiempo, siguiendo recomendaciones internacionales. Reforzar la difusión de datos también es esencial para informar mejor las políticas públicas. En Surinam, por ejemplo, un programa de apoyo al censo de población y al sistema estadístico nacional actualizará los datos sobre personas con discapacidad y mejorará la accesibilidad de las estadísticas sobre discapacidad posterior al censo.
- Ampliar y hacer cumplir los marcos regulatorios. Otro enfoque consiste en alinear los marcos de políticas nacionales con la Convención, respaldados por mecanismos de cumplimiento. Por ejemplo, un programa basado en políticas en Barbados apoyó la primera política nacional del país dirigida a mejorar las vidas de las personas con discapacidad. En Surinam, donde el marco jurídico nacional tiene múltiples brechas en términos de alineación con la Convención, otro programa del BID apoyó la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato en el Empleo, que prohíbe la discriminación y ordena la creación de mecanismos de denuncia.
- Impulsar programas y servicios inclusivos y accesibles en todos los sectores. También es clave implementar políticas que promuevan la igualdad de acceso y oportunidades para las personas con discapacidad, abordando las barreras específicas de cada sector. Por ejemplo, un programa de protección social en Guyana ha apoyado el aumento del acceso al programa de asistencia pública para personas con discapacidad. Un proyecto educativo en Barbados promueve la educación inclusiva en las escuelas. Una subvención en Las Bahamas busca facilitar el empleo de personas con discapacidad en el sector energético. Proyectos para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos en Jamaica y Trinidad y Tobago tienen como objetivo aumentar el acceso de las personas con discapacidad a certificados de nacimiento y mejorar la accesibilidad digital a los servicios gubernamentales, respectivamente.
Mirando hacia adelante: La investigación como catalizador para intervenciones efectivas en la región
Ante las brechas en la implementación de políticas, mucho se puede aprender examinando el conjunto más amplio de políticas sobre discapacidad implementadas a nivel mundial. Explora nuestro nuevo informe microeconómico al respecto:
Esta publicación ofrece un panorama de políticas en materia de educación, protección social, salud y mercados laborales, y presenta evidencia sobre su efectividad. Se documentan numerosas políticas basadas en evidencia, incluidas algunas que no se han implementado en la región. Al mismo tiempo, se identifican grandes lagunas de conocimiento.
Cerrar estas brechas es esencial para fomentar políticas más efectivas para la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente dadas las limitaciones del espacio fiscal.
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