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Joven con síndrome de Down trabaja con dos compañeras mientras usan una tableta

Cuatro claves para promover la accesibilidad en América Latina y el Caribe

August 4, 2023 Por Maria Camila Ariza Deja un comentario


La accesibilidad es un derecho fundamental para todas las personas, no solamente para las personas con discapacidad. En la actualidad, existe un amplio marco legislativo que reconoce la importancia de garantizar accesibilidad en diferentes ámbitos como el transporte, la educación, la salud, la cultura, la tecnología, la justicia y el empleo. Sin embargo, aún hay muchos vacíos en la implementación, el cumplimiento y el seguimiento a estas leyes. Queda un largo camino por recorrer para asegurar que la accesibilidad sea un derecho respetado en cada sector.

¿Por qué es esencial regular la accesibilidad en América Latina y el Caribe?

Para el 2050, se espera que el porcentaje de la población total de personas con discapacidad en la región llegue al 20%. Esto equivale a alrededor de 150 millones de personas, representadas en todos los grupos etarios, géneros, etnias y grupos socioeconómicos.

Aunque muchas discapacidades son invisibles, sabemos que la disminución funcional está asociada con el envejecimiento de las personas. Este factor es relevante, ya que igualmente para el 2050, se estima que 1 de cada 5 personas tendrá más de 65 años. La tasa de prevalencia de la discapacidad es de 4 a 6 veces superior en personas entre los 60 y los 69 años, comparada con la tasa entre quienes están en sus veintes. En algunos países este porcentaje de prevalencia incluso supera el 40%.

Leyes de accesibilidad: un buen primer paso

A pesar de los avances en la promoción de los derechos y leyes de las personas con discapacidad, aún persisten barreras físicas, tecnológicas, sociales y culturales que limitan su participación plena en la sociedad.

Una razón se debe a que, en muchos países de la región, las normativas sobre accesibilidad son muy recientes. Además, los recursos económicos y técnicos designados a aplicar estas leyes son bajos, hay poca capacitación y sensibilización, y en algunos casos, falta de voluntad política al respecto.

Las leyes para garantizar la accesibilidad de infraestructura y servicios son un buen primer paso hacia una sociedad inclusiva, pero por si solas, no son suficientes.

Mano de una persona tocando una señal pública en braile

Más allá de la infraestructura

Uno de los principales obstáculos para la accesibilidad es la falta de planificación y diseño universal en la construcción de edificaciones y espacios públicos. Esto, además de la ausencia de transporte accesible, dificulta el acceso de las personas con discapacidad a lugares públicos y privados, así como a servicios y actividades.

Sin embargo, las barreras y obstáculos para la accesibilidad son diversos. Algunos ejemplos que afectan la accesibilidad, más allá de la infraestructura, son los siguientes:

  • La falta de conciencia y sensibilización son una barrera para reducir la estigmatización y actitudes hacia las personas con discapacidad
  • La visión de que la accesibilidad representa un costo adicional en lugar de un derecho, y una oportunidad para brindar servicios a más personas, dificulta la implementación efectiva de políticas y medidas de accesibilidad
  • Las barreras físicas, como la falta de rampas, ascensores y baños accesibles son comunes, pero también las barreras de comunicación, como la falta de interpretación en lengua de señas y subtítulos en los medios de comunicación
  • La ausencia de ajustes razonables en establecimientos, en eventos públicos, y hasta en los servicios digitales
  • La falta de información sobre la accesibilidad es una barrera que reduce las posibilidades de las personas con discapacidad para elegir sobre sus actividades diarias con una menor incertidumbre

La transformación digital, ¿garantiza la inclusión?

La tecnología y la innovación han revolucionado la forma en que accedemos a a información y los servicios. Estas herramientas se han convertido en poderosas aliadas para romper barreras y brindar oportunidades a las personas con discapacidad. Sin embargo, este contenido muchas veces no es accesible para todas las personas. Cuando hablamos de a accesibilidad digital, se incluye una amplia gama de factores, como  la capacidad de los sitios web para ser leídos por lectores de pantalla, las descripciones alternativas, el uso de colores y contraste adecuados para personas con discapacidad visual y la capacidad de los usuarios para navegar e interactuar con el sitio web utilizando solo un teclado.

Asimismo, la implementación de estándares de accesibilidad también benefician a las personas mayores, las personas con baja alfabetización tecnológica y las personas que utilizan dispositivos de asistencia. Existen guías de accesibilidad digital, que aplicadas adecuadamente, podrían facilitar el acceso a servicios como la atención médica, servicios gubernamentales, educación y empleo, entre otros.

Reloj digital muestra notificación de alerta de sonido y lo identifica como un bebé llorando.
Empresas como Apple integran funciones de accesibilidad en sus productos. Este caso es un reloj digital que alerta a personas sordas sobre el posible origen de sonidos: “Bebé llorando: un sonido ha sido identificado como un bebé que llora”

Es importante destacar que la accesibilidad digital no solo es una cuestión de derechos y justicia social, sino que también tiene un impacto económico.

Cuando las empresas y organizaciones cumplen con los estándares de accesibilidad digital, aprovechan la oportunidad para llegar a un público más amplio y diverso, lo cual se traduce positivamente en su rentabilidad y reputación.

Entonces, ¿qué acciones son clave para minimizar estas barreras y construir países más inclusivos en América Latina y el Caribe?

1. Concientización sobre qué es la accesibilidad (¡y por qué la aprovechamos todas las personas!)

Además de promover el cumplimiento de la legislación, es necesario crear conciencia sobre la importancia de la accesibilidad y el impacto y beneficio que tiene en la calidad de vida de toda la población: no solamente las personas con discapacidad. Esto incluye las campañas de comunicación dirigidas a sectores públicos y privados. Las mismas son fundamentales para promover una cultura de inclusión en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Sumado a esto, la diseminación sobre leyes y normativas permite una mejor regulación y fiscalización de las mismas.

2. Hacer disponible más información rigurosa

Una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que el 64% de las personas con discapacidad en 5 ciudades de la región buscan información sobre accesibilidad, pero a menudo no la encuentran. Hacer llegar información en formatos accesibles, otorga a las personas autonomía para decidir cómo y a donde se pueden movilizar para acceder a los servicios de su ciudad, ya que reduce la incertidumbre sobre las características de las instalaciones. Además, contar con la información sobre accesibilidad cumple un doble propósito, pues también permite a los formuladores de política planificar en base a datos actualizados sobre las brechas existentes en accesibilidad.

En este ejemplo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad de Perú, utiliza las redes sociales para diseminar información en formatos accesibles.

3. Involucramiento real de las personas con discapacidad

La participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones y diseño de políticas de accesibilidad, garantiza que las medidas implementadas serán efectivas y responderán a las necesidades reales de la población con discapacidad. Esto puede lograrse promoviendo espacios de diálogo entre organizaciones de personas con discapacidad, instituciones gubernamentales y la sociedad civil en general, como mesas de trabajo, foros de discusión o grupos de consulta. Es importante asegurar que estas instancias sean accesibles, y que cuenten con recursos suficientes para garantizar una participación efectiva y significativa.

4. Monitoreo de la accesibilidad

Es fundamental que los gobiernos establezcan políticas públicas y programas específicos para promover la accesibilidad, que se traduzcan en la asignación de recursos económicos y humanos para su implementación. Además, es necesario que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar su efectividad, y permitir fortalecer los marcos normativos incorporando estándares internacionales y mejores prácticas en la materia.

Accesibilidad: un deber colectivo

La accesibilidad no solo aumenta la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad, sino que también tiene el potencial de minimizar desigualdades en términos de empleo, educación y salud.

Por esta razón, es crucial que su promoción, implementación y regulación no quede solo en manos de los gobiernos. Cada vez más, existen leyes, normativas, guías y estándares que podemos aplicar desde el sector público, privado y las organizaciones para fomentar la inclusión.

Una sociedad más inclusiva y accesible para todas las personas sí es posible, pero requiere de nuestro esfuerzo conjunto para hacerlo con soluciones creativas e innovadoras.

Y tú, ¿cuáles recomendaciones agregarías a la lista para garantizar la accesibilidad en tu país? ¡Cuéntanos en los comentarios!


Archivado Bajo:Diversidad Etiquetado con:accesibilidad, Acceso a información, inclusión, personas con discapacidad

Maria Camila Ariza

María Camila Ariza es economista con más de 15 años de experiencia en organismos multilaterales, en la gestión de programas y estrategias que promueven la construcción de ciudades inclusivas y accesibles, y sistemas de participación ciudadana. Cuenta con una sólida experiencia en la gestión de carteras operativas, el seguimiento de cooperaciones técnicas, productos de conocimiento y en la coordinación en el diálogo a nivel nacional y local con donantes, socios estratégicos, e instituciones públicas y privadas. Maria Camila trabaja en la agenda estratégica para promover la inclusión de las personas con discapacidad en la División de Genero y Diversidad del BID, y anteriormente trabajó en la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles y en la coordinación de la Red de Ciudades del BID. María Camila tiene una Maestría en Gerencia de Sostenibilidad de American University, una Maestría en Igualdad y Equidad en el Desarrollo de la Universidad Central de Catalunya, y un posgrado en Inclusión social y derechos de las personas con discapacidad de la Universidad de Barcelona.

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