Esta es la primera parte de una serie contribuida por el Laboratorio de Gobernanza (The GovLab) de la Universidad de Nueva York. La serie, se basa en dos artículos sobre cómo promover la participación pública en la creación de leyes; “Congress Is Broken; CrowdLaw Could Help Fix It,” (el congreso está roto; CrowdLaw podría ayudar a arreglarlo”), el cual fue publicado en la revista Forbes el 23 de enero de 2018; y “10 Recommendations for Designing Better CrowdLaw Initiatives,” (10 recomendaciones para diseñar mejores iniciativas de CrowdLaw), publicado por el GovLab en el blog de CrowdLaw en octubre de 2017.
En Peñalolén, Chile, la Alcaldía, en conjunto con la fundación Ciudadano Inteligente le está pidiendo a los ciudadanos, no solo que sugieran ideas sobre cómo aprovechar un parque municipal, sino que colaboren en el proceso de diseño y de evaluación de la implementación. Este proyecto, llamado “Abierto”, busca promover la participación pública en la creación de leyes a través de involucrar la inteligencia colectiva de los ciudadanos en los procesos legislativos en el momento que éstas se están desarrollando alrededor del mundo. Hasta el momento, ya hay más de dos docenas de ejemplos de cómo asambleas locales y nacionales están volteándose hacia el público para mejorar la legitimidad y efectividad de las leyes que están creando.
Lo que está sucediendo a través de la Alcaldía en Peñalolén, Chile, y en otros lugares de América Latina, podría pronto convertirse en la norma y no la excepción. La tecnología promete, a través de la participación pública en la creación de leyes, mejorar tanto la calidad como la responsabilidad en los procesos legislativos, incluyendo un público con mayor diversidad de experiencias en todas las etapas de dichos procesos. Nosotros, a esta legislación abierta y participativa, la llamamos “CrowdLaw”.
¿Cómo se ve la participación pública en la creación de leyes?
Lo que distingue a un proceso de CrowdLaw como exitoso, no es solo la plataforma tecnológica que se escoja para implementarlo, sino la capacidad de realmente integrar el proceso dentro de la mecánica de legislación; por ejemplo, ¿la participación logra ir más allá de plantear sugerencias para dar paso a la participación constructiva? O, ¿la participación está dirigida a fomentar un involucramiento significativo y valioso? O, por último, ¿el trabajo hecho por los ciudadanos se integra en el flujo de trabajo de las instituciones públicas y su personal?
Esta serie de dos partes ofrece recomendaciones sobre cómo implementar cuatro pasos críticos para diseñar una iniciativa de Crowdlaw y así, fomentar la participación pública en la creación de leyes. En esta primera entrada de blog, nos enfocamos en: (1) optimizar según las necesidades institucionales, (2) diseñar según la información o conocimiento que se precise, (3) dotar el personal para hacer de la participación un producto usable, y (4) diseñar para usar.
1 Optimizar tanto la participación institucional como la pública
Los diseñadores de crowdlaw se concentran en conseguir que las aportaciones públicas sean fáciles para los individuos, pero el éxito de cualquier proceso también necesita que las aportaciones sean útiles para las instituciones. Por ello, se deben considerar las necesidades del gobierno y de los funcionarios públicos, para crear plataformas y procesos que tengan en cuenta tanto las habilidades del equipo profesional como aquellos procedimientos obligatorios e integrados en la cultura de los funcionarios. Este principio no descarta cambios en los procedimientos legales o la contratación de personas con habilidades imprescindibles para facilitar la participación pública, pero debe existir un flujo de trabajo que consiga que las aportaciones de la participación sean utilizables. Por ejemplo, de los 2 millones de peticiones presentadas en la plataforma de e-peticiones de la Casa Blanca “We the People”, ninguna se puede relacionar directamente con una acción de gobierno, presumiblemente porque una petición sin documentación que la apoye aumenta, en lugar de aliviar, el trabajo de los funcionarios públicos. Este tipo de plataformas no están bien diseñadas para facilitar la toma de decisiones y tampoco crean un proceso estable para canalizar la información correcta al legislador adecuado.[1]
2 Diseñar para alcanzar la meta deseada
La participación pública tiene el potencial de fortalecer la legitimidad democrática, reforzar la cohesión social, aumentar la responsabilidad gubernamental, y mejorar la calidad de la legislación. Un proceso de participación en el cual se le pregunta a las personas cómo se sienten ante un proyecto de ley alcanza objetivos diferentes a los de un proceso que les pida, por ejemplo, que aporten datos para fundamentar la redacción de la ley, o que les invite a utilizar los teléfonos móviles para controlar su implantación. La elección de objetivos determinará lo que constituye un sistema exitoso y la información o la acción que se pretende obtener del público. Así, si el objetivo es conseguir propuestas de implantación, no se pueden pedir solo ideas. Se tienen que pedir ideas apoyadas en pruebas. En el caso de Peer to Patent, que fue una propuesta de una agencia administrativa, no de la rama legislativa, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos pidió a los participantes que aportaran información que ayudaría a un examinador de patentes a determinar si un invento cumple los criterios para convertirse en una patente. Pero no preguntaban la opinión de la gente sobre la patente en sí, porque eso habría sido irrelevante para el proceso de toma de decisiones.
3 Identificar quién debe gestionar el proceso
Un hallazgo que surgía constantemente de nuestro análisis de los casos globales era que la moderación del debate durante la participación es crucial. Una mala moderación puede provocar con rapidez el descarrilamiento del proceso y dejar a los participantes confusos y frustrados. Aunque la moderación de una comunidad peer-to-peer permite difuminar esta tarea al invitar al público para que se moderen entre ellos, a través de la valoración positiva o negativa de las propuestas, y calificando las contribuciones como spam o abusivas, el plan también debe incluir un equipo profesional para responder y explicar cómo se van a utilizar las contribuciones del público. Esta es una parte importante del puente que conecta a los participantes del público y el gobierno. Por ejemplo, LabHacker/E-Democracia en Brasil utiliza 200 asesores legislativos voluntarios que sirven como «traductores técnicos» entre los ciudadanos y los representantes, y contribuyen a asegurar que las aportaciones se ajustan a los requisitos legales.[2] De manera similar, son voluntarios quienes facilitan el proceso en Parlement et Citoyens. La misma directiva se aplica a la participación offline: las asambleas ciudadanas coordinadas por We the Citizens en Irlanda tuvieron éxito en gran medida gracias al papel que desempeñaron moderadores muy capacitados.
4 Planificar para su uso, no solo solicitudes
La participación pública sin un mecanismo de aprendizaje institucional para asumir las contribuciones externas e integrarlas resulta frustrante para todos los implicados. Por analogía, el gobierno puede abrir y publicar los datos sobre las contrataciones públicas, pero esta transparencia por sí misma no reduce la corrupción. En su lugar, las instituciones públicas tienen que aprender a usar dichos datos para cambiar la manera como compran bienes y servicios. De la misma forma, en los órganos legislativos se debe incorporar la capacidad para asumir y usar las aportaciones del público. Es posible que esto requiera cambios en los procesos actuales de propuesta, redacción, negociación e implantación de la legislación. Tan importante como solicitar las aportaciones del público es que exista un mecanismo de aprendizaje adecuado para rediseñar cómo actúa el parlamento para beneficiarse de la participación.
En conclusión, estas recomendaciones, relevantes en todas las fases del proceso legislativo, resumen nuestros aprendizajes clave sobre la mejor manera de diseñar iniciativas para que el crowdlaw fomente la legitimidad y efectividad de la legislación. También son un modelo y un punto de partida.
Por Beth Noveck. Directora del Laboratorio de Gobernanza (The GovLab) de la Escuela Tandon de Ingeniería en la Universidad de Nueva York. Partes de este artículo fueron publicadas por la revista Forbes y el GovLab; y han sido republicadas con permiso. Visita la página de CrowdLaw para conocer más sobre el trabajo del GovLab en el tema de participación pública en la creación de leyes.
Conoce más ejemplos de CrowdLaw, incluyendo Decide Madrid y Vota Inteligente, dos proyectos que buscan empoderar a los ciudadanos e incluirles en la creación de leyes mediante plataformas participativas.
Lee aquí la segunda parte de esta serie sobre participación pública en la creación de leyes
[1] Julie Simon, Theo Bass, Victoria Boelman, and Geoff Mulgan, “Digital Democracy: The tools transforming political engagement,” Nesta, February 2017, accessed June 26, 2017, https://www.nesta.org.uk/publications/digital-democracy-tools-transforming-political-engagement
[2] Beth Simone Noveck, “Smart Citizens, Smarter State: The Technologies of Expertise and the Future of Governing” (Boston, MA: Harvard University Press, 2015): 75–76.
Beth Simone Noveck
Beth Simone Noveck dirige el Laboratorio de Gobernanza (The GovLab) de la Universidad de Nueva York (NYU), así como la rama de investigación de la red MacArthur sobre Apertura de Gobernanza en esta entidad. En la Escuela Tandon de Ingeniería de NYU, Beth es profesora sobre Tecnología, Cultura y Sociedad. Actualmente, su investigación se enfoca en la “innovación liderada por personas”, lo que se refiere a la habilidad de las comunidades e instituciones de trabajar en conjunto para resolver problemas de manera más efectiva y legítima.
Desde el 2009 hasta el 2011, Beth sirvió en la Casa Blanca como la primera directora de tecnología y de la iniciativa de Gobierno Abierto. Además, el ex Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, la nombró asesora sénior para el Gobierno Abierto.
Beth fue nombrada una de las 100 personas que lideran el pensamiento sobre política exterior de la revista Foreign Policy, una de las 100 personas más creativas en los negocios 100 Most Creative People in Business por Fast Company, y una de las mujeres top en tecnología por el Huffington Post.
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