Por Eduardo Bohórquez y Rafael García Aceves de Transparencia Mexicana

Aunque el potencial de los datos y la información pública es mayor a lo que normalmente imaginamos, la realidad es que difícilmente sacamos de ellos el mayor provecho por distintos factores como capacidad, tiempo, restricciones legales, o limitaciones tecnológicas, por mencionar algunos.

El pasado 20 de febrero de 2015, México dio un paso en la dirección adecuada para facilitar el uso de los datos y la información pública e incrementar las probabilidades de aprovechar su potencial al promulgar el “Decreto que establece la regulación en materia de Datos Abiertos”, que en otras palabras, oficializa la Política de Datos Abiertos para el país.

En base a la experiencia mexicana, a continuación presentamos las claves para transformar los datos abiertos en un activo para los gobiernos.

1 Entender el potencial de la información pública

En México durante un año, alrededor de 115,000 procesos de adquisición son conducidos por el gobierno federal, 200 millones de recetas son surtidas en los hospitales del IMSS, 11.5 millones de turistas extranjeros ingresan a México vía aérea y la información sobre el transporte de personas y bienes es capturada a través de más de 400 casetas de cobro en carreteras federales. Esto es sólo una pequeñísima muestra de la gran cantidad de datos e información que año con año, mes con mes, día con día generan las distintas áreas de la Administración Pública Federal en México.

Los datos públicos más allá de servir como registro histórico, pueden ser reutilizados para analizar el desempeño de los gobiernos, entender con mayor profundidad las necesidades del ciudadano y diseñar soluciones a problemas de carácter público. Desde hacer más eficiente un trámite y reducir sus costos hasta crear herramientas que mejoren la atención en desastres causados por fenómenos naturales o hagan más eficientes los programas sociales de los gobiernos.

2 Crear un marco normativo que garantice la calidad de los Datos Abiertos

Como lo ilustra el caso mexicano, lo que busca la Política de Datos Abiertos es ir transformando la información gubernamental en un activo público. Mediante dicho instrumento se debe garantizar que los datos del gobierno federal tengan las siguientes características:

1. Gratuitos: que puedan ser obtenidos sin ningún costo.
2. No discriminatorios: que se encuentren disponibles para cualquier usuario sin importar quien sea.
3. De libre uso: que puedan ser utilizados de cualquier manera, con la única restricción de citar la fuente de origen.
4. Legibles por máquinas: que puedan ser utilizados por equipos electrónicos automáticamente.
5. Integrales: que se encuentren clasificados y ordenados.
6. Primarios: que estén desagregados con el mayor detalle posible.
7. Oportunos: que sean actualizados periódicamente.
8. Permanentes: que se resguarden versiones históricas relevantes de los datos.

 

Así pues, la Política de Datos Abiertos crea un marco normativo que permite que se generen datos abiertos en la Administración Pública Federal de forma ordenada y coordinada.

3 Crear mecanismos de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos locales

Es importante que el marco normativo también contemple la posibilidad de que el gobierno federal y los gobiernos locales interesados puedan establecer mecanismos de colaboración que contribuyan a hacer de esta política un esfuerzo verdaderamente nacional.

Sin duda, será interesante ver cómo iniciativas que ya se han consolidado a nivel local y cuentan con experiencias valiosas en materia de datos abiertos –como el Laboratorio de la Ciudad de México o el ZapopanLab– pueden enriquecer este política y así, junto con el gobierno federal, promover que más gobiernos locales pongan a disposición del ciudadano datos abiertos.

4 Garantizar participación gubernamental y ciudadana

Finalmente, para que realmente la Política de Datos Abiertos cumpla con su objetivo no podemos perder de vista la participación de dos actores claves. Primero, es de vital importancia que los funcionarios públicos responsables se comprometan con la implementación de esta política y aumenten la oferta de información pública en datos abiertos.

Segundo, es clave que existan más usuarios –tanto al interior del gobierno como ciudadanos, emprendedores y empresas– con las capacidades y la creatividad para hacer un uso estratégicos de los datos disponibles.

Sólo así la información pública pasará de ser un bien público a un activo público, es decir, en un generador de valor para cualquier persona capaz de aprovecharlo.

 

¿Qué otros factores consideras necesarios para transformar los datos abiertos en activos públicos? ¡Suma tu comentario abajo!