Los riesgos de la educación superior en Colombia

La educación superior en Colombia está en el centro del debate público. Numerosos titulares de prensa reflejan un consenso sobre la urgencia de tomar medidas para mejorar la calidad del sistema. Tanto el Congreso como el Gobierno han tomado medidas importantes en esta dirección, como es el caso de la ley para la creación de una Superintendencia de Educación Superior y el fortalecimiento de las medidas de inspección del Ministerio de Educación. Sin embargo, como concluimos en un estudio reciente, también es crucial revisar los criterios con los cuales se evalúa la calidad y pertinencia del sistema de educación superior.

Usando datos del Ministerio de Educación, en este estudio estimamos la rentabilidad de invertir en educación superior para cerca de 4.000 programas de educación superior (técnica, tecnológica y universitaria). Tomamos en cuenta tanto el costo de la matrícula y la duración de los programas, como los ingresos que los individuos dejan de percibir mientras están estudiando. Si bien nuestros resultados demuestran que en el país hay programas altamente rentables, también sugieren que, para muchos colombianos, invertir en educación superior es un mal negocio. El problema es particularmente preocupante para quienes obtienen títulos técnicos y tecnológicos: casi un 60% tendría mejores condiciones económicas si no hubiese obtenido el título y sólo completado la secundaria. Y, en el caso de los egresados de programas universitarios, este porcentaje es de un 30%. Estos datos, alarmantes, no sorprenden a quienes están familiarizados con las debilidades del sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior en Colombia.
Actualmente sólo existen 30 instituciones acreditadas en el país y las exigencias para quienes abren entidades educativas no cumplen con los estándares internacionales mínimos. Además, la acreditación tradicionalmente se otorga en base a variables que miden los recursos de las instituciones (coherencia del proyecto educativo, infraestructura y nivel educativo del cuerpo docente) mientras que los logros del estudiantado (calidad de los aprendizajes y desempeño laboral de los egresados) tienen, en el mejor de los casos, un papel secundario.
En las últimas décadas, Colombia hizo extraordinarios avances para facilitar el acceso a la educación superior. Actualmente hay cerca de dos millones de colombianos matriculados en el sistema y, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, no todos tienen un nivel socioeconómico alto. Según cifras oficiales, la mitad de estos jóvenes tiene ingresos familiares menores a dos salarios mínimos y más de 100.000 financian sus estudios con créditos educativos para estratos 1 y 2 (la población de menores ingresos). Aunque la mayoría de ellos seguro apuesta a que la inversión en capital humano les abrirá nuevas y mejor remuneradas oportunidades, nuestro estudio indica que, para muchos y en especial para quienes eligen títulos técnicos y tecnológicos, esta es una apuesta muy riesgosa.
Es necesario reformar el sistema de aseguramiento de la calidad, evaluando a las instituciones no sólo en base a los criterios tradicionales sino también según el desempeño laboral de sus egresados. Esta medida no estaría exenta de controversia. Para muchos, contemplar la formación para el trabajo como uno de los objetivos al que deben apuntar las instituciones educativas constituye una comercialización de la educación y el conocimiento. Sin embargo, este argumento desconoce que, si bien los colombianos merecen un sistema educativo que fomente el pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad, también son merecedores de un sistema que no frustre sus aspiraciones económicas.
En Estados Unidos, análisis similares al que hacemos en nuestro estudio también revelan la difícil situación laboral de buena parte de los egresados de la educación superior.  La propuesta de abordar este problema incorporando como un criterio de evaluación institucional el desempeño de los egresados también generó polémica. Lo mismo ocurrió en Chile, donde se hicieron grandes avances en cobertura sin a la vez desarrollar un sistema de acreditación a la altura de las circunstancias. Colombia está avanzando con paso firme en el acceso. La duda es si hará los esfuerzos para, al mismo tiempo, asegurar la calidad. El costo de no hacerlo puede significar la frustración de miles de colombianos.
*Este artículo cuenta con la colaboración de Sergio Urzúa, profesor asociado de la Universidad de Maryland.