Las recientes y masivas manifestaciones en las calles de Brasil demuestran contundentemente que la política fiscal no es solamente un asunto técnico. Las reivindicaciones de los manifestantes brasileños demuestran que la política fiscal puede y debe ser una herramienta para el desarrollo; el descontento expresado en las calles de Sao Paulo, Rio, Brasilia, Salvador de Bahia o Curitiba parece fundamentarse en la percepción de que la política fiscal en ese país no atiende las grandes metas del desarrollo. Así, los reclamos muestran la necesidad de poner los impuestos al servicio del desarrollo.
Una de las limitaciones más notorias de la política fiscal en América Latina es su escaso papel en la reducción de la desigualdad, un objetivo central de cualquier estrategia de desarrollo económico. En países de la OCDE no latinoamericanos, los impuestos y las transferencias sociales reducen la desigualdad de manera notable (11 puntos del coeficiente de Gini, desde 0.45 a 0.34), pero en América Latina apenas varía afecta a la distribución del ingreso (poco más de dos puntos en promedio).
Los ciudadanos latinoamericanos demandan unos ingresos públicos de calidad, recaudados con justicia y que gocen de una base amplia. Los ingresos no impositivos –vinculados a menudo a las exportaciones de recursos naturales– son mucho más importantes en América Latina que en la OCDE, y han aumentado significativamente tras la crisis financiera. Por el contrario, los ingresos impositivos sólo representan un 16 por ciento del PIB de la región, frente a un 35 por ciento en los países de la OCDE. Entre ellos, apenas el cuatro por ciento procede de impuestos sobre la renta de los individuos, frente a un 27 por ciento en la OCDE.
Además, el gasto en protección social está fuertemente sesgado en favor de los hogares de renta más alta en América Latina, dada la elevada concentración de empleo informal en trabajadores de renta media y baja, lo que lo convierte en uno de los principales culpables de que la política fiscal no haya materializado su potencial redistributivo. Asimismo, la calidad de los bienes y servicios públicos básicos como la salud o la educación tampoco cubre las necesidades de desarrollo de la región, ni responde a las expectativas de una crecientemente exigente clase media, eliminando incentivos para comprometerse con el Estado.
Son indudables los logros recientes de la región en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero los déficits de desarrollo, incluyendo niveles de desigualdad, siguen en niveles alarmantes, sobre todo en la percepción de los ciudadanos. Si los ciudadanos consideran que los impuestos y el gasto son justos y eficientes, la legitimidad de la propia democracia se refuerza. Es cierto que el punto de partida no es positivo. En promedio, los ciudadanos de América Latina justifican más la evasión de impuestos (20% versus 7% en países de la OCDE) y sólo un 34% de los encuestados en América Latina consideran que la evasión de impuestos es siempre mala (comparada con un 62% en los países de la OCDE). Pero ello no hace sino justificar aún más los esfuerzos en este sentido.
Paren la corrupción. Queremos seguridad, salud y educación, decía uno de los carteles de protesta en el histórico estadio de Maracaná. Es urgente satisfacer estas demandas democráticas, y para ello es necesario cambiar de enfoque y centrarse en el refuerzo de la legitimidad fiscal. Una tarea que es tan política como técnica.
Artículo original escrito por Christian Daude (OCDE), Jeff Dayton-Johnson (Monterey Institute of International Studies), Ángel Melguizo (BID).
Este artículo es un resumen de la columna publicada en Vox Lacea el 8 de julio. Aquí tiene disponible la versión íntegra del artículo original.
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