Como en una historia paradójica, parecida a la de Sierva María de Todos los Ángeles en ‘Del Amor y Otros Demonios’, la informalidad laboral en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe es una realidad que muchos creen saber cómo tratar pero ante la que muy pocos han tenido éxito: algo más de la mitad de los 230 millones de trabajadores en la región no posee ningún tipo de aseguramiento social contributivo. Los demonios de la informalidad no parecen haberse exorcizado por completo, o tal vez el exorcismo no es el tratamiento adecuado para este mal (a fin de cuentas, María de Todos los Ángeles padecía de rabia, no estaba poseída por un demonio). Si bien sabemos cuáles son los factores que pueden generar la informalidad laboral en la región, es relativamente poco lo que conocemos sobre las políticas que deben adoptarse para caminar hacia la formalización de las firmas y los trabajadores.
Sabemos, por ejemplo, que los factores que más influyen en la informalidad de los trabajadores son, en esencia, los impuestos, los altos costos no salariales, los salarios mínimos, algunos esquemas de asistencia social, un marco institucional lleno de rigideces y la baja productividad de los trabajadores. Sin embargo, hoy en día desconocemos qué políticas son efectivas para mitigar el efecto de todos esos factores generadores de informalidad en el corto plazo.
La reciente ola de formulación del desarrollo basado en la evidencia (como el liderado por Banerjee y Duflo) no ha absorbido del todo el estudio de los mercados laborales en el ámbito de la informalidad. Casi toda la evidencia que existe en América Latina se fundamenta en cambios tributarios o variaciones de los costos laborales no salariales. Aunque probablemente no sea menos importante, hay relativamente mucha más evidencia en cómo la política social puede impactar la informalidad, como por ejemplo la puesta en marcha de programas que ofrecen incentivos económicos a hogares, generalmente con adultos trabajadores en la informalidad, para apoyar el capital humano de sus hijos (las llamadas transferencias monetarias condicionadas o CCTs por sus siglas en inglés). Gran parte de lo que conocemos sobre la evidencia de programas activos del mercado de trabajo proviene de países de ingresos altos donde la informalidad laboral no es un demonio que exorcizar.
Al buscar en Google Scholar la cantidad de documentos dedicados a reportar evidencia de programas e intervenciones que buscan aumentar la formalidad laboral, el sesgo es bastante importante frente a lo que se encuentra para los programas tipo CCTs, como demuestra este gráfico disponible aquí.
Conocemos intervenciones que se han implementado en la región sin contar con mucha evidencia sobre su efectividad, como las estrategias de simplificación tributaria y monotributo para las microempresas y trabajadores por cuenta propia, la flexibilización laboral, la reducción de costos no salariales y las leyes de primer empleo para jóvenes, entre otras. Por ejemplo, iniciativas experimentales que han buscado detectar el efecto de la simplificación de los trámites para el registro de establecimientos, como la publicada por Andrade y otros en Brasil, han demostrado efectos muy pequeños sobre la formalización de trabajadores.
Es imperativo que, así como ha sucedido en la última década con programas dirigidos para la primera infancia o de transferencias monetarias condicionadas para la generación de capital humano, también haya una explosión de evidencia que busque cuáles son las intervenciones innovadoras que puedan marcar una gran diferencia hacia la formalización de los trabajadores. En caso contrario, seguiremos envueltos en un círculo de pruebas y errores que, como se ha comprobado, no es efectivo.
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