A finales de este 2013 está previsto que Colombia y Perú pongan en marcha los esquemas de cotizaciones compartidas (matching contributions) que han diseñado recientemente. Estos sistemas nacen para abordar el reto de aumentar el ahorro previsional entre los trabajadores informales, que son mayoría no solo entre las familias de menores ingreso, sino también en las de clase media. Empleando una definición amplia, las matching contributions buscan incrementar el ahorro aumentando la rentabilidad financiera del ahorro previsional, mediante reducciones de la cuantía de los aportes para acceder al mismo nivel de beneficio pensional (reducciones progresivas o focalizadas de cotizaciones sociales), o mayores pensiones dado un mismo volumen de aportes (otorgando un subsidio ex post).
Así, Colombia implementará el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Este esquema, de carácter voluntario y al que podrán acceder trabajadores de bajos ingresos, incluye un subsidio del 20% del saldo acumulado en las cuentas BEPS, así como beneficios más a corto plazo por fidelidad, como micro-seguros o rebajas en costes administrativos. La principal novedad reside en que se permite realizar aportes por debajo del salario mínimo, relajando la barrera al ahorro previsional que generaba para buena parte de los trabajadores. Por su parte, Perú va a establecer el Sistema de Pensiones Sociales, un esquema voluntario para los trabajadores de menores ingresos (hasta 1.5 veces el salario mínimo) y propietarios de micro-empresas (hasta 10 trabajadores) no afiliados. Este sistema reduce progresivamente las cotizaciones sociales para acceder a la misma pensión que el sistema general, compensadas en parte por aportes del Estado (quien contribuye en la misma cuantía que los de los trabajadores).
Estos esquemas de incentivo al ahorro previsional son prometedores, y parecen especialmente adaptados para incrementar la formalidad de los trabajadores de clase media urbana. Pero, en la práctica, los diseños de Colombia y Perú abren una serie de interrogantes sobre su efectividad. En primer lugar, los beneficios se han limitado a trabajadores de bajos ingresos (en especial en Colombia), de modo que la clase media-alta, que tiene mayor capacidad de ahorro pero que acumula buena parte de los trabajadores informales, muy probablemente no cualifica para los mismos. Segundo, los costes asociados a la cobertura de salud son, en muchos casos, superiores a los pensionales, por lo que estos incentivos solo tendrán efectividad en el margen. Tercero, los esquemas propuestos ponen casi todo el peso en los incentivos financieros, y no abordan barreras de información o de comportamiento. Finalmente, desde un punto de vista económico, en el caso de Perú el sistema parece establecer de facto un nuevo sistema de pensiones que interfiere a la decisión óptima sobre el tamaño de las empresas.
En conclusión, las cotizaciones compartidas son un buen instrumento que nacen con “buenas intenciones”, pero su diseño podría estar disminuyendo su efectividad, e incluso terminar generando algún “mal resultado”. Para evitarlo, estos esquemas deberían integrarse plenamente en los sistemas formales de protección social, como un componente más de la pensión. También sería recomendable eliminar, en la medida que las restricciones fiscales lo permitan, algunas de las condicionalidades y ampliar los potenciales beneficiarios al conjunto de la clases media emergente, uno de los desarrollos recientes más prometedores en la region en términos sociales, políticos y económicos. Y, por último, los incentivos financieros se podrían combinar con innovaciones en los mecanismos, y ambos ser objeto de evaluaciones rigurosas para mejorar su diseño, y lograr avanzar hacia la necesaria cobertura universal en pensiones.
Este artículo es un resumen de la columna publicada en Vox Lacea el 4 de junio. Aquí tiene disponible la versión íntegra del artículo original.

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