Políticas para población LGBTI+ basadas en evidencia

En las últimas décadas, algunos países de Latinoamérica y el Caribe han tenido grandes avances en la protección legal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y otras (LGBTI+). Ecuador y Bolivia, por ejemplo, han integrado en sus constituciones medidas de protección de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Países como Brasil, Honduras, Colombia y México han establecido protecciones legales contra la discriminación. Sin embargo, en la región el prejuicio en contra de esta población persiste, y aún hay mucho por hacer para que ellas no encuentren barreras para acceder a la salud, la educación, el mercado laboral y a la participación social.

La exclusión de un grupo por su orientación sexual o identidad de género además de ser un problema para la garantía de sus derechos humanos es también una barrera para el desarrollo económico de los países. De acuerdo con la OCDE, la discriminación en contra de las personas LGBTI+ es una problemática que obstaculiza la capacidad de crecimiento productivo de los países debido a las barreras de esta población para insertarse en el mercado laboral (y en otros mercados como el financiero y el inmobiliario, así como en el acceso a servicios públicos). Sobre esto, un estudio de Williams Institute también sugirió que las limitaciones a los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas pueden estar asociadas a pérdidas en tiempo de trabajo, la productividad y la asignación ineficiente de recursos humanos.

Ecuador: un ejemplo a seguir en la recopilación de datos sobre población LGBTI+

Desde hace más de 10 años, diversas instituciones públicas en Ecuador han avanzado en torno a la generación de evidencia rigurosa que refleje la situación de vida de las personas LGBTI+. Algunos ejemplos son los siguientes:

• El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2013 tomó la iniciativa de investigar la situación de las personas LGBTI+ en Ecuador. Este estudio, que recogió información de 2,805 personas, reveló que el 70.9% de los encuestados había experimentado discriminación, el 65.9% rechazo y el 61.4% había sufrido violencia principalmente por parte de sus propias familias. Además, el 27.3% informó haber sufrido violencia de parte de agentes de seguridad, con un 94.1% siendo víctimas de abuso verbal y un 45.8% de detenciones arbitrarias. Estos datos, recogidos hace diez años, fueron muy relevantes para el diseño de políticas, pero ahora se hace necesario hacer nuevos ejercicios de levantamiento de información que permitan disponer de información reciente y de calidad para diseñar intervenciones adecuadas y con mayor impacto.
• En 2022, se realizó el Censo Penitenciario de Ecuador en colaboración estrecha con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Uno de los logros más significativos de este proceso fue que se logró incorporar una sección específica destinada a la orientación sexual e identidad de género. El propósito de incorporar esta sección fue recopilar información esencial sobre las características, la situación legal de la población, y su percepción sobre el acceso a bienes y servicios e infraestructura en los Centros Penitenciarios.
• Además, en el marco del Censo de Población y Vivienda, el INEC en cooperación con la Subsecretaría de Diversidades del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos impulsó, por primera vez en la región, la inclusión de una sección en el cuestionario para la recolección de datos sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas en los núcleos familiares encuestados. Este esfuerzo permitirá conocer mejor las múltiples dimensiones demográficas, geográficas y laborales que caracterizan a las personas que se autodenominan como parte de la población LGBTI+ en el país.
• Otro estudio de gran relevancia sobre orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Ecuador es: Violencia y Restricciones en la Expresión de su Orientación Sexual e Identidad de Género. En 2022, UNICEF, en colaboración con la Subsecretaría de Diversidades del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador, llevó a cabo un estudio a través de su iniciativa U-Report. En este estudio, que contó con la participación de 29.225 personas con edades de entre 13 y 18 años, se reveló que el 53% de los participantes no se sentía seguro en su entorno educativo para expresar libremente su orientación sexual. Además, el 21% informó haber experimentado presión, tanto de su familia como de la sociedad, para “reconsiderar” su orientación sexual o identidad de género.

Hitos institucionales para garantizar el bienestar de las personas LGBTI+ en Ecuador

Los datos recopilados en los múltiples estudios no solo han contribuido a caracterizar con mayor rigurosidad a la población LGBTI+. Gracias a la evidencia, se ha dado pie a reformas institucionales que transforman los datos en iniciativas específicas.

En el año 2021, Ecuador alcanzó un importante hito al institucionalizar la Subsecretaría de Diversidades, cuya misión fundamental es la “promoción de los derechos de la población LGBTI+ mediante la prevención y erradicación de la violencia y discriminación relacionada con la orientación sexual y la diversidad sexo-genérica”. Bajo el liderazgo de la Subsecretaría, se ha desarrollado el Plan de Acción de Diversidades (PAD) LGBTI+ 2022-2025, el cual se sustenta en cuatro componentes esenciales: 1) Prevención de la Violencia y Discriminación, 2) Garantía del Derecho a Bienes y Servicios Institucionales, 3) Promoción de la Restitución de Derechos, 4) Fortalecimiento de Capacidades Institucionales.

Adicionalmente, en un esfuerzo por estandarizar los conceptos y terminología utilizados, se creó un Glosario de Términos que recoge las definiciones usadas más frecuentemente a nivel internacional sobre orientación sexual, identidad y expresión de género. Su propósito es proporcionar una comprensión clara de la diversidad sexual y de género, contribuyendo así a la promoción y protección de los derechos de esta población.

¿Cómo se apoya desde el BID a la inclusión de las personas LGBTI+?

1. Generación de evidencia sobre discriminación a la población LGBTI+

El BID ha respaldado investigaciones recientes que han arrojado una nueva perspectiva sobre la discriminación que enfrentan las personas gais y lesbianas en dos sectores cruciales:

• Investigaciones sobre personas LGBTI+ en el mercado laboral: En un estudio realizado en Quito-Ecuador se reclutaron 394 profesionales de recursos humanos que completaron al menos una prueba y 150 personas participaron en el ejercicio mediante una metodología experimental de campo para evaluar las diferencias en el trato hacia personas gais y lesbianas en el ámbito laboral. Esta metodología permite obtener resultados más cercanos a las situaciones reales al simular escenarios cotidianos del mercado laboral. Los resultados del estudio confirmaron la existencia de discriminación por razón de orientación sexual. Llama la atención que se encontró evidencia de que a las candidatas lesbianas se las consideraba más aptas para los empleos, aunque se les ofrecían salarios menores a los de sus pares heterosexuales. Por su parte, los hombres gais fueron objeto de otra forma de discriminación al ser seleccionados en menor medida para los empleos y ser percibidos como menos cualificados. Estos hallazgos subrayan las disparidades en la percepción y tratamiento de individuos LGBT+ en el ámbito laboral.
• Investigaciones sobre personas LGBTI+ en el mercado inmobiliario: El BID apoyó dos investigaciones en Ecuador que estudiaron, a través de la aplicación de experimentos de campo, la discriminación en el mercado inmobiliario hacia las parejas de personas gais, parejas heterosexuales conformadas por una persona transgénero, y parejas de personas LGTB+ (en desarrollo). Los estudios revelaron que las parejas conformadas por una persona transgénero enfrentaban barreras al buscar vivienda en comparación con las parejas heterosexuales cisgénero: se encontró que las parejas con una persona trans tuvieron 19% menos respuestas de los agentes inmobiliarios, 27% menos respuestas positivas y 23% menos invitaciones a conocer los inmuebles.

2. Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales

Para mejorar la inclusión de las personas LGBTI+ en América Latina, el BID colabora activamente con varios países de la región. En Ecuador, se coordina con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; en Costa Rica, con el Ministerio de Justicia y Paz; y en Argentina, con el Ministerio Público Fiscal. El propósito de estas colaboraciones es mejorar la forma en que los sectores de seguridad y justicia brindan atención y servicios a la población LGBTI+. El proyecto tiene dos componentes principales:

1. Encuestas a entidades públicas y organizaciones civiles para explorar sobre las interacciones de las personas LGBTI+ con los servicios de seguridad y justicia.
2. Guía regional de recomendaciones para la atención y trato adecuado a las personas LGBTI+ por parte de las instituciones de los sectores de seguridad y justicia.

Además, resaltan actividades como el evento “Orgullo de ser quienes somos”, en el cual representantes de los gobiernos de Ecuador, Costa Rica y Argentina discutieron en torno a las mejores prácticas para mejorar los servicios de seguridad y justicia dirigidos a las personas LGBTI+. A este evento también asistieron representantes de las principales organizaciones de la sociedad civil y la academia quienes también compartieron sus recomendaciones.

Políticas públicas LGBTI+: de la información a la acción

En conclusión, la investigación y la recopilación de datos sólidos para diagnosticar la situación actual de la población LGBTI+, deben ser una prioridad. El BID refuerza su compromiso con la inclusión social y económica de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas con ejemplos como el de Ecuador.

Continuaremos trabajando para lograr este objetivo, fomentando una cultura de colaboración activa entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. A través de estas alianzas, sumado al fortalecimiento de las estructuras institucionales, podremos construir sociedades más inclusivas no solo hacia los grupos LGBTI+, sino para todas las personas que habitan la región.