Las mujeres en Centroamérica, Panamá y República Dominicana participan menos en el mercado laboral que los hombres, que el promedio de mujeres en América Latina y el Caribe y la OCDE:
Esto impacta directamente el crecimiento de los países e incluso afecta el PIB per cápita de la región. Uno de los factores que influyen en esta situación es el conjunto de normas sociales y leyes. Estas no siempre se aplican por igual a mujeres y hombres. ¿Qué pasaría si en estos países se implementaran leyes para la equidad de género? ¿Cómo se verían los países si las normas de género procuraran la inclusión de las mujeres en los mismos roles que los hombres?
El potencial de las leyes para la equidad de género en Centroamérica, Panamá y República Dominicana
Los cambios legales para aumentar la igualdad de género en materia laboral aumentarían no solo la participación laboral femenina, sino también el PIB per cápita de la región. Así lo muestra el estudio “Evaluando el efecto de reformas legales relacionadas con el género sobre la participación laboral femenina y el PIB per cápita en la región de Centroamérica”. Por ejemplo, si en Centroamérica, Panamá y República Dominicana se hicieran cambios legales como:
- Establecimiento de un igual salario por igual trabajo
- Licencias de parentalidad remunerada
- Promoción de participación de las mujeres en todos trabajos de la misma forma que los hombres.
Se estima que su tasa de participación laboral femenina aumentaría 6 puntos porcentuales y su PIB per cápita cerca de 1.5 puntos porcentuales.
Existen regulaciones específicas que excluyen a las mujeres de trabajos considerados riesgosos y aumentan el costo relativo para las empresas de contratarlas. Un ejemplo son los costos que surgen de la licencia de parentalidad solo para mujeres o edades de jubilación más tempranas. Y, por otra parte, se presenta una ausencia de reglas para mitigar conductas discriminatorias de género.
El rol de las normas sociales
En un enfoque más amplio, el estudio “Brechas de género en ocupaciones STEM en Costa Rica, El Salvador y México” sugiere que si se eliminaran las normas sociales que llevan a una mayor carga de obligaciones del hogar, y las legales y culturales que resultan en menos salarios por el mismo trabajo y menor acumulación de capital humano, el PIB real habría sido 14% mayor en un país como México en 2018, y 3% si esto ocurriera en las ocupaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).
Entre estas normas sociales suele existir la idea de que las mujeres tienen mejores habilidades en actividades relacionadas con los servicios y el cuidado humano. Los hombres son considerados más capaces en la industria y las actividades manuales, y mejores ejecutivos de negocios.
La encuesta mundial de valores muestra que, en Guatemala, México y Nicaragua, en promedio 19% de la población aun señala que los hombres son mejores ejecutivos de empresas que las mujeres.
Esto es similar al promedio de 20% registrado en Argentina y Brasil, y la cifra llega a 16% cuando quien responde es mujer.
El camino por recorrer hacia la equidad de género
A pesar de los extraordinarios avances logrados en Centroamérica, Panamá y República Dominicana en las leyes para asegurar la inclusión económica de las mujeres, su alcance aún es limitado. Primero, porque aplica principalmente a las mujeres del sector formal y por lo tanto deja desprotegidas a las mujeres del sector informal. Este punto es clave, ya que dos de cada tres empleos en la región se encuentran en el sector informal. Es decir, empleados que no cotizan a la seguridad social.
En segundo lugar, porque el marco legal para promover la igualdad de derechos aún está incompleto. Por ejemplo, ningún país ofrece licencia de parentalidad remunerada. Esta aplica cuando ambos padres tienen derecho legal a algún tipo de permiso parental a tiempo completo, ya sea compartido entre la madre y el padre o como un derecho individual.
A su vez, tampoco existen mandatos que garanticen varias de las medidas mencionadas a nivel legal. Por ejemplo, en algunos casos el gobierno no es responsable de administrar el 100% de los beneficios de la licencia de maternidad, y en algunos países de la región, las licencias remuneradas de al menos 14 semanas no están disponibles para las mujeres.
Es importante reconocer que cambiar las leyes o las normas sociales no es un proceso automático. Cambiar leyes puede convertirse en un proceso complejo dependiendo del espacio fiscal y las condiciones políticas. Mientras que las normas sociales son un constructo que se fabrica de manera paulatina por una diversidad de factores, como la educación, el entorno, y las propias leyes. Sin embargo, identificar cambios legales que reducen la inequidad y nos favorecen a todas las personas, es un primer paso para avanzar en ambos procesos.
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