América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en igualdad de género en las últimas décadas. En 1970, ningún país tenía legislación contra la violencia doméstica. Hoy en día, muchos países sí la tienen. A pesar de esto, una cuarta parte de las mujeres de 15 a 49 años en América Latina y el Caribe han experimentado violencia física o sexual en su vida. Las tasas varían del 16% al 42% entre los países, y las tasas de feminicidio en la región están entre las más altas del mundo, con una tendencia al alza en los últimos 30 años.
Tomémonos un minuto para asimilar estas cifras. Piensa en tus cuatro amigas o familiares más cercanas. Es probable que una de ellas haya experimentado violencia sexual y basada en género en algún momento de su vida. La violencia sexual y de género abarca el hogar, el lugar de trabajo, los espacios públicos e incluso internet, y está en gran medida arraigada en normas sociales y estereotipos de género. Es un fenómeno complejo influenciado por factores interrelacionados.
Desafíos para medir la violencia sexual y basada en género
Los datos sobre la prevalencia de la violencia sexual y de género son difíciles de recopilar. Debido al miedo a las represalias y porque el perpetrador a menudo es una persona con un vínculo personal o económico con la víctima, la denuncia por parte de muchas mujeres tiende a subestimar la verdadera prevalencia del fenómeno. Cuando se recopilan en el marco de encuestas nacionales, se hace de manera intermitente por países, con largos períodos sin recolectar información. La falta de un cronograma consistente y financiamiento para encuestas sobre el tema, sugiere que esta información no se considera valiosa en comparación con otros datos recopilados regularmente en otros sectores o áreas.
Además, hay escasos datos en la región sobre los costos de la violencia sexual y basada en género. Los costos directos para la víctima a menudo son intangibles o inmedibles (por ejemplo, su salud mental, trauma, temor). Se han hecho pocos esfuerzos en la región para calcular los costos asociados con los servicios proporcionados para responder a este fenómeno por parte de los sectores de salud, justicia, seguridad y otros involucrados. Además, los costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad también son difíciles de calcular.
Lo que sabemos sobre el costo de la violencia sexual y de género
A pesar de estos desafíos, hay algunos números ilustrativos disponibles:
- El Foro Económico Mundial indica que los costos podrían ser al menos el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) global.
- El Banco Mundial calcula que en algunos países, la violencia contra las mujeres se estima que cuesta hasta el 3.7% de su PIB.
- Estudios citados por el FMI calculan que este número representa entre el 1 y el 2 por ciento del PIB.
- ONU Mujeres calcula la violencia contra las mujeres en alrededor del 2 por ciento del PIB.
- Un estudio reciente del BID calcula que los costos del crimen y la violencia en general ascienden al 3.4% del PIB de la región. Pero como se mencionó, los datos sobre los costos específicos de la violencia sexual y de género en la región aún son escasos.
Para entender la magnitud de los pocos números disponibles, considera que América Latina y el Caribe gasta menos del 2% de su PIB en asistencia social y un poco más del 4% de su PIB en educación.
Cuatro áreas clave para abordar la violencia sexual y basada en género
Eliminar la violencia sexual y basada en género requiere un enfoque multifacético y multisectorial, incluyendo reformas legales e institucionales, educación, participación de la sociedad civil, la provisión de diferentes servicios públicos, entre otros. Implementar un enfoque así es desafiante debido a la dificultad de coordinar a diferentes partes interesadas en el diseño e implementación de soluciones, así como alinear la voluntad política y asegurar la asignación de recursos.
En los últimos años, el BID ha buscado:
- Incorporar la prevención de la violencia sexual y basada en género en las operaciones del Banco en las áreas de seguridad ciudadana, salud, transporte público y desarrollo urbano;
- Apoyar servicios integrales escalables y de alta calidad para sobrevivientes de violencia sexual y basada en género;
- Promover regulaciones que protejan a niñas, mujeres e individuos LGBTQ+; y,
- Apoyar a niños y hombres a través de la implementación y evaluación de intervenciones de masculinidad que cambien el comportamiento mediante el cambio de normas sociales.
Estableciendo lo obvio sobre violencia sexual y basada en género
Erradicar la violencia física, sexual, psicológica y cibernética es imperativo. Permite a las mujeres y otros grupos que enfrentan altas tasas de violencia sexual y de género ejercer vidas con autodeterminación, un derecho humano básico. Necesitamos empezar desde el principio, pues lo que no se mide no existe. Y si la sociedad no sabe cuánto cuesta responder a ello, es dudoso que la región llegue a priorizar e invertir para resolver crímenes que a menudo son invisibles.
En el contexto de los 16 días de activismo para eliminar la violencia basada en género y el compromiso del BID de trabajar activamente en este tema, es importante destacar la importancia de priorizar la recopilación de datos sobre un problema que afecta no sólo a las mujeres, sino a todos los miembros de la sociedad.
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