Tras un amplio diálogo que incluyó una serie de planteamientos y propuestas de la sociedad civil, se celebró la VIII Cumbre de las Américas sobre “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” en abril de 2018 en Lima. El encuentro culminó con la aprobación del Compromiso de Lima, un documento que incorpora 57 compromisos para atender el fenómeno de la corrupción. Estos compromisos se presentan en un momento clave, ya que los escándalos de corrupción en el sector público y privado, aunados a las demandas de una ciudadanía más informada y participativa, han generado amplias expectativas sobre las medidas concretas e inmediatas que los Estados deben implementar para luchar contra la corrupción que enfrenta nuestra región. A pesar de la creación de ciertas iniciativas regionales, el desarrollo de una institucionalidad normativa en materia de transparencia y acceso a la información, la adhesión a tratados internacionales, una mayor apertura del sector privado, entre otras medidas, los problemas de corrupción e impunidad persisten.

En la Cumbre Empresarial de las Américas, celebrada en el contexto de la Cumbre de las Américas, el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, manifestó que: “la revolución digital ha servido para darle visibilidad a la corrupción […], todos los días las redes sociales difunden innumerables denuncias sobre este tipo de delitos, con lo cual se le da una enorme visibilidad a un problema que, en el pasado, rara vez salía a la luz pública”.

Siendo así, dada la amplitud de los Compromisos de Lima y con el propósito de identificar iniciativas que puedan responder de manera más efectiva a las demandas de la ciudadanía, a continuación, sugerimos cuatro acciones para fortalecer el estado abierto que pueden generar cambios contra la corrupción en el corto plazo.

1. Documentar y abrir el conocimiento sobre los mecanismos de prevención y control

Combatir integralmente la corrupción implica no solamente enfocarse en una estrategia punitiva, sino también contar con una estrategia de prevención. Para ello, se debe contar con un marco integral y articulado que permita prevenir y erradicar, de manera eficaz, aquellos factores que originan la corrupción. Principalmente, para detectar posibles riesgos en casos concretos y en sectores más vulnerables. A manera de ejemplo, algunos países de la Unión Europea ya han creado una serie de medidas que incluyen reglas claras de ética, medidas de concientización y cultura de integridad al interior de las instituciones, entre otros (ver reporte).

Uno de los aspectos principales de estas medidas se relaciona con la divulgación abierta de los activos de funcionarios públicos en puestos clave, no solamente de aquellos funcionarios de elección popular, sino también de aquellos que ejercen roles y responsabilidades en áreas donde históricamente han existido espacios que han propiciado la corrupción. Asimismo, se han creado “Talleres de Intercambio de Experiencias”, con la finalidad de que los países puedan compartir las lecciones aprendidas desarrolladas en distintos niveles en la lucha contra la corrupción. Bajo este enfoque y en línea con algunas propuestas desarrolladas por la Organización de Estados Americanos (OEA), adquiere particular relevancia fomentar la creación de regulaciones modelo y guías de aplicación para la región, con el propósito de robustecer la cooperación entre los Estados y contar con estándares similares, aplicables y adaptables a la corrupción transnacional. Algunas de estas estrategias han empezado a utilizarse en algunos países de la región, como Chile respecto a regulaciones sobre lobby; El Salvador que ha seguido los planteamientos de la ley modelo de acceso a información; Colombia que ha incluido ciertas normas sobre conflictos de interés en su legislación,  entre otros países.

2. Fortalecer las iniciativas de datos abiertos en el sector privado

Bajo una perspectiva de datos abiertos, es necesario comenzar a abrir información clave del sector privado. Si bien la mayoría de los países de la región cuentan con leyes de acceso a información, es necesario ampliar su cobertura de aplicación a aquellas empresas del sector privado que prestan servicios de interés público en distintos sectores de la economía. El impulso a iniciativas desarrolladas por el Grupo de Acción sobre Lavado de Dinero (FATF), Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información (OECD), Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), entre otras, constituyen herramientas que pueden contribuir a alcanzar un alto grado de transparencia por parte del sector privado. Principalmente, es esencial fortalecer la divulgación de más información respecto de los beneficiarios finales de las personas jurídicas: las personas reales que poseen, controlan o se benefician económicamente de una empresa. Así, se tendría acceso a información que podría alertar sobre posibles conflictos de interés, lavado de dinero, sistemas extraterritoriales irregulares (offshore), entre otras actividades ilegales.

De una manera reforzada y teniendo en cuenta la explotación de los recursos naturales, se debe robustecer el acceso a información sobre las empresas extractivas, a fin de hacer accesibles los términos de los contratos entre los gobiernos y la empresa privada. Estas iniciativas son consistentes con las estrategias de datos abiertos, que, por ejemplo, promueven las contrataciones abiertas en los procesos de licitación pública. A manera de ejemplo, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y Perú se han unido a IETI, iniciativa que está siendo apoyada por el BID.

3. Establecer observatorios y estrategias de relacionamiento con la Sociedad Civil

Una estrategia anticorrupción efectiva debe establecer un programa de intercambio de experiencias entre los Estados de la región, sociedad civil, academia, ONG locales, y otras partes interesadas, a fin de identificar prioridades, desafíos y buenas prácticas. Siguiendo la experiencia de la Unión Europea, y bajo un esquema en el que las autoridades estatales participen como actores principales, el establecimiento de un observatorio puede permitir superar deficiencias y vacíos en la implementación de las políticas anticorrupción, basado en lecciones aprendidas. Asimismo, favorece a la creación de espacios para generar conciencia, proporcionar capacitaciones y mejorar la credibilidad de las instituciones frente a la sociedad civil. Países como Uruguay, Colombia, Brasil, entre otros, son muestras del abanico de posibilidades que pueden resultar de la implementación de una estrategia de relacionamiento con la sociedad civil.

4. Garantías para implementar una política: Asegurar la divulgación de propuestas y resultados

Para que una política anticorrupción sea eficaz y responda a las demandas de la sociedad civil, requiere estar respaldada por un fuerte compromiso institucional que pueda generar la confianza necesaria para superar la percepción exacerbada de corrupción que existe en la región. Dicho compromiso debe estar reflejado en la manera en que se asegura jurídicamente el funcionamiento de la política, su articulación y coherencia respecto de las responsabilidades de las distintas autoridades encargadas de implementarla. Por ejemplo, un Estado que asume como la lucha contra la corrupción debe brindar los recursos presupuestarios y logísticos para garantizar su efectividad. Todas estas garantías y compromisos específicos que forman parte de la política anticorrupción deben estar disponibles al público en general, de manera que sus avances y resultados puedan ser monitoreados a lo largo de su implementación. Esta apertura permite fortalecer una rendición de cuentas más eficaz, así como forjar y mantener un diálogo público con las partes interesadas. Con este objetivo, Chile y Colombia, entre otros países de la región, se encuentran avanzando en la implementación de estrategias para comunicar los detalles de sus políticas y estrategias en la lucha contra la corrupción.

Consideraciones finales para seguir luchando contra la corrupción

Si bien no hay una respuesta de “talla única” para el fenómeno de la corrupción, dado el contexto y realidades de cada uno de los países de la región, la experiencia comparada – internacional y regional – permite plantear propuestas que incluyan los elementos mínimos que debe contener una estrategia integral anticorrupción. Basado en la experiencia comparada, una agenda de información abierta permite mejorar la gobernabilidad, rendición de cuentas y promueve la relación con las partes interesadas, lo que, a su vez, mejora el diseño y efectividad de la estrategia anticorrupción que se busque implementar.

Por Marcelo Cerna y Carlos Federico López de la Sección de Acceso a Información del BID.