Abriendo las agendas climáticas: tres buenas prácticas internacionales basadas en acceso a la información

El cambio climático constituye una amenaza para el desarrollo sostenible, prosperidad de todos los países y representa  un desafío para acabar con la pobreza extrema. Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) emitió un informe denominado Panorama de los Recursos Globales 2019, señalando que los patrones históricos y actuales de uso de los recursos naturales están generando impactos cada vez más negativos en el medio ambiente y salud humana. Actualmente, los extremos climáticos se ven reflejados en la constancia e intensidad de desastres naturales, la prolongación de sequias, disrupción en la agricultura, aumento del nivel del mar, entre otras situaciones que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el acceso al agua. Como señalan informes especializados, los fenómenos climatológicos continuarán presentándose con mayor frecuencia y magnitud en los próximos años, sino se adoptan medidas efectivas para combatir el calentamiento global.

A fin de afrontar esta problemática, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y recientemente el Convenio de Escazú han establecido una serie de compromisos, medidas y mecanismos destinados a mitigar estos efectos. Adicionalmente, Instituciones Financieras Internacionales, como el BID, han incorporado en sus estrategias institucionales esta temática. De manera consistente, todas los convenios y acuerdos destacan la necesidad de promover gobiernos abiertos que impulsen el acceso a información y la participación ciudadana. Esta estrategia busca acelerar la puesta en marcha de acciones contra el cambio climático, así como reforzar las tareas de mitigación y adaptación, enfocándose en divulgar información, capacitar, sensibilizar y estimular la participación ciudadana. La implementación de este enfoque se encuentra generando modelos efectivos de agendas climáticas abiertas que pueden ser reproducidas y profundizadas  en nuestra región. A tal efecto, respondemos a la pregunta:

¿Qué prácticas efectivas se están implementando a nivel mundial en esta materia?

 

1.  Fortaleciendo el acceso a información climática

Para participar sustantivamente y entender los riesgos climáticos en la toma decisiones, es necesario que la población en general cuente con un adecuado acceso a información climática. A manera de ejemplo, en el marco de la elaboración de un inventario nacional sobre los Gases de Efecto Invernadero (GEI), a través de la herramienta INFOCARBONO, Perú se encuentra compartiendo este tipo de información, de manera desglosada (año, sector, metodología), a fin de que los tomadores de decisiones puedan formular estrategias, planes de acción y políticas que apoyen en la reducción de las emisiones de GEI. Asimismo, España, Sudáfrica y República Checa emiten informes anuales sobre el estado actual del medio ambiente, sobre la base de indicadores y a través de diversos medios electrónicos. Esta opción permite a los diferentes grupos de interés contar con estadísticas para evaluar tendencias, interpretar resultados e identificar prioridades.

Bajo una perspectiva más amplia, Serbia ha creado un sitio web que contiene una base de datos que incluye una diversidad de documentos ambientales de organizaciones, instituciones y empresas privadas sobre la calidad del agua y aire, registros de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), planes de monitoreo, entre otros. El sitio incorpora puntos de contacto y la posibilidad de solicitar información ambiental de relevancia pública, incluyendo un proceso para respuesta a las solicitudes de información.

2. Enfoque inclusivo y multidimensional

Un enfoque inclusivo implica que los grupos especialmente vulnerables al cambio climático deben ser escuchados, a fin de que puedan participar sustantivamente en la adopción de cualquier política o estrategia que les pueda afectar, incluyendo la posibilidad de aportar sus propios conocimientos para fortalecer cualquier acción en esta materia. Teniendo en consideración el impacto del cambio climático y su relación con las desigualdades de género, en Asia y el Pacífico se ha creado un “Programa de Investigación de Acción Feminista Participativa” que busca empoderar a las mujeres, con el objetivo de que participen en los debates sobre las agendas climáticas. Este foro incorpora la visión de mujeres de comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas, teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada grupo.

En el marco de creación de la “Estrategia para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques y más (REDD+)” en Costa Rica, se utilizaron facilitadores  culturales con el objetivo de brindar apoyo técnico a las comunidades indígenas en materia de cambio climático. Este programa apoyo la identificación de aquellos aspectos necesarios para generar una consulta nacional, en línea con los estándares internacionales en materia de pueblos indígenas: consentimiento previo, libre e informado.

3. Plataformas de cocreación: consultas y mesas de diálogo

La utilización de mecanismos de participación donde todos los actores tengan la oportunidad (doble vía) de ser consultados, discutir y tomar decisiones conjuntas constituyen una de las principales herramientas para elaborar, implementar y evaluar estrategias integrales para enfrentar el cambio climático. Por ejemplo, mediante la adopción de disposiciones que fomentan el relacionamiento con la sociedad civil para la formulación de legislación ambiental, Chile ha puesto en marcha un programa online que ha facilitado la participación pública en la elaboración de normas de emisión, calidad ambiental y planes de prevención o descontaminación. El acceso a información, como vimos en el primer apartado, es una condición esencial para un adecuado relacionamiento con la sociedad civil en esta materia.

Usando herramientas similares, que incluyen aplicaciones interactivas y mapas georreferénciales, la sociedad civil de Finlandia ha podido participar en consultas sobre la planificación del uso de la tierra, resultando en la creación de zonas ecológicas protegidas. Bajo un enfoque multidisciplinario (academia, sector privado, sociedad civil y autoridades estatales) y en el marco del Acuerdo de Paris, en Argentina se han definido hojas de ruta para implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.