Una de los logros más importantes del reciente periodo de expansión económica en América Latina ha sido la notable reducción de la pobreza y el surgimiento de un colectivo numeroso de la población con ingresos medios. Según las estimaciones del Banco Mundial, en 2009 la población latinoamericana con unos ingresos diarios de entre 4 y 50 dólares diarios (en poder de paridad de compra) representa hoy en la región el 68%, frente al 29% que aún se sitúan situaciones de pobreza moderada. Estos ‘estratos medios’ se componen de un 38% de población vulnerable, que dispone de entre 4 y 10 dólares al día, y un 30% de clase media, entre 10 y 50 dólares.
Este avance no oculta, sin embargo, que la situación de los ciudadanos de ‘estratos medios’ en América Latina es aún muy frágil. Si bien este colectivo no está en situación de pobreza y representan una creciente fuente de consumo, no están satisfechos ni acceden a buena parte de los servicios públicos, y son aún vulnerables ante la pérdida de su empleo, problemas de salud o ante su jubilación (OCDE, 2010).
Una de las vulnerabilidades más notables de esta emergente clase media es su elevada informalidad laboral. Lejos de ser un problema solo para los trabajadores de bajos ingresos, la informalidad afecta de manera significativa a los de ingresos medios. Ello los aleja de la definición de clase media estable con un empleo formal. Hasta el momento, según nuestro conocimiento, solo se disponía de aproximaciones a este tema, no directamente comparables con los grupos socio-económicos previos. Así, sobre la base de deciles de ingreso (cuyo nivel varia entre países), en América Latina, 5 de cada 10 trabajadores de estratos medios, esto es, situados entre el tercer y el octavo decil de ingreso per cápita, está aportando al sistema de Seguridad Social, solo ligeramente por encima al promedio nacional (Bosch, Melguizo y Pages, 2013). Estas cifras son robustas ante otras definiciones de informalidad, como aportes a salud, existencia de contrato escrito, u ocupación y sector.
Ante ello, como una iniciativa dentro del proyecto Compromiso con la Equidad (CEQ), el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, el Centro de Políticas e Investigación Interamericanas (CIPR) y el Departamento de Economía de la Universidad de Tulane y el Diálogo Interamericano, están analizando las características laborales de los hogares en América Latina según la mencionada clasificación socio-económica del Banco Mundial (pobres o más precisamente desfavorecidos, vulnerables, clase media y acomodados). Además, se estudiará el impacto de los impuestos y el gasto público, tanto servicios públicos como transferencias monetarias, sobre sus ingresos y su movilidad económica, dentro del enfoque de Commitment to Equity (Lustig y Higgins, 2013).
El análisis permite diferenciar tres grupos de países según el nivel de informalidad en una muestra amplia de países de América Latina. Los niveles de informalidad más elevados se observan en Bolivia, El Salvador y Guatemala, donde más del 80% de los hogares respectivamente no cuenta con ningún aportante al seguro social. En un segundo grupo, con un nivel de informalidad entre el 60% y el 70% se sitúan Perú, Colombia y México (73%, 68% y 62% respectivamente). Por último, Uruguay, Costa Rica y Brasil, reflejan la menor tasa de informalidad del conjunto de países analizados, con un 40% y un 50% de los hogares sin aportantes (39%, 47% y 55% respectivamente).
Más relevante, se advierte que la informalidad laboral es una de las diferencias más marcadas, dentro de los estratos medios, entre la población vulnerable y la clase media. La clasificación previa de países se repite al analizar solamente los hogares de ingresos medios, pero el resultado más interesante es la notable diferencia en el grado de formalidad entre los hogares clasificados como clase media, frente a los vulnerables. La tasa de informalidad promedio entre la clase vulnerable es del 70% (con un rango entre el 45% en Uruguay y 82% en Bolivia), muy superior a la de los hogares de clase media del 47% (con un rango entre el 35% en Uruguay y el 65% en Guatemala). En cambio, excepto en El Salvador y Perú, se observa un grado de informalidad similar entre los hogares de clase media y los acomodados (cuya informalidad alcanza el 48% de los hogares).
Las causas de la informalidad y, en particular, aquella que afecta a los estratos medios, difiere entre países, por lo que su solución también debe ser abordada caso por caso. Entre sus posibles factores explicativos, algunos de los países como Colombia o Perú muestran unos costes no salariales del empleo formal elevados, en especial cuando interactúa con un salario mínimo elevado en relación al salario medio. Además, la región ha implementado una serie de regímenes subsidiados de pensiones, salud y ampliados los beneficios no contributivos focalizados en ciudadanos sin ahorros formales, como es el caso en México, con buenas intenciones mejor que han introducido desincentivos a la formalidad (Levy, 2008). Todo ello se une a la baja valoración de los sistemas de seguro social, bajo conocimiento financiero y miopía, así como a una baja fiscalización. Sin duda ello marca una agenda tan relevante, como desafiante para los gestores de políticas públicas en América Latina.
En esta agenda de reformas, el aumento de la formalidad de los estratos medios, en especial de la población vulnerable, no solo contribuiría al incremento de la productividad y el crecimiento potencial, sino que también ayudaría en la lucha contra la desigualdad en América Latina.
*Este artículo de Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, y de Nora Lustig, de Tulane University, es la versión en español del post publicado en el blog de Vox Lacea con el título ‘How middle class are middle-income households in Latin America?’. Puede leer el texto original (incluye notas al pie y referencias) haciendo clic aquí.
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