¿Estamos preparados para la próxima crisis económica?

En los últimos meses, los pronósticos de crecimiento económico para América Latina y el Caribe (ALC) se han revisado a la baja, es decir, los analistas económicos prevén que, en promedio, la región crecerá menos a lo esperado en 2014 y posiblemente 2015. ¿Cómo afectará esto la creación de empleo? ¿Y el desempleo? ¿Tenemos políticas y programas públicos preparados para apoyar a los trabajadores ante una eventual crisis económica?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostican que nuestra región crecerá este 2014 en torno al 2.6% (2.5%, según el informe Perspectivas económicas: Las Américas del FMI y un 2.7% según el Balance Económico Actualizado de América Latina y el Caribe 2013 de CEPAL). Ambas instituciones prevén una desaceleración respecto a los años anteriores (4,5% en 2011, 3% en 2012, y 2,75% en 2013). ¿Cómo se refleja esto en el mercado laboral? Los dos informes coinciden en que se generan menos empleos en la región. Las empresas están contratando menos trabajadores que en años anteriores. Sin embargo, las tasas de desempleo promedio de la región se mantienen en niveles muy bajos. ¿Cómo se explica esto? Se debe a que esta reducción en la creación de empleo vino acompañada de una menor tasa de participación laboral (es decir, trabajadores que estaban ocupados o desocupados y decidieron salirse del mercado laboral, pasando a considerarse como “inactivos”). Por eso, el desempleo no ha aumentado. Por ahora.
Pero en la región, incluso en condiciones relativamente buenas, con crecimiento bajo pero positivo, existe una alta vulnerabilidad a la pérdida del empleo. Si bien la tasa de desempleo es baja (7%) y la duración del desempleo también lo es (solo un 16,2% lleva sin trabajo más de un año), el riesgo de quedar desempleado es alto. Y es mayor para los trabajadores informales que para los formales. En este contexto, la región no cuenta con sistemas integrales que, por un lado, protejan a los trabajadores de riesgos como la pérdida de empleo y, por otro, fomenten su empleabilidad presente y futura:

• Actualmente, solo ocho países de la región cuentan con un seguro de desempleo. En el resto, la única protección de los trabajadores ante el desempleo son las regulaciones laborales (como las indemnizaciones por despido). Ambos instrumentos benefician únicamente a los trabajadores asalariados formales, y dejan fuera a ese 55,3% de trabajadores informales (asalariados o independientes) en la región (Bosch, Melguizo y Pages, 2013).
• Por otro lado, los países están avanzando en mejorar los servicios de orientación e inserción laboral a través de servicios públicos de empleo, aunque por ahora con una cobertura muy baja. Y si bien la mayoría de los países cuentan con institutos nacionales de capacitación con grandes presupuestos, lo que ofrecen no siempre está alineado con las demandas del sector productivo.

Los instrumentos mencionados arriba son permanentes, que la población elegible puede utilizar cuando los necesita. Sin embargo, como muchos trabajadores no acceden a un seguro de desempleo y/o indemnización, los gobiernos muchas veces recurren a instrumentos coyunturales, como los trabajos públicos o los programas de empleo temporal. Desafortunadamente, la evidencia muestra que estos programas son efectivos para mantener el consumo de la gente ante una crisis, pero no mejoran sus probabilidades de conseguir empleo al finalizar el programa (Hernani y otros, 2011). Además, si estos programas no se encuentran ya diseñados, listos para ser implementados ante una crisis, pueden llegar tarde, cuando la crisis ya pasó.
Así pues, ¿estamos preparados para la próxima crisis? Mi respuesta es que no. La región no cuenta con instrumentos prediseñados que permitan llegar rápidamente a un número significativo de trabajadores y familias que pierdan su empleo. Si, finalmente, las economías de nuestros países se enfrían, habremos desperdiciado un periodo de bonanza que podríamos haber aprovechado para invertir en las habilidades de los trabajadores (y reducir así el riesgo de que pierdan su empleo ante una crisis) para mejorar instrumentos existentes o diseñar otros nuevos que suavicen el impacto de la crisis a quienes sí pierdan su empleo.