Formalidad laboral y estado de derecho

Desde que me dedico a estudiar los mercados laborales en países en vías de desarrollo, una de mis grandes preguntas es ¿por qué la informalidad laboral en América Latina es, con persistente tozudez, tan alta? ¿Es un mal incurable? ¿Es culpa de problemas estructurales o de algún secreto maleficio contra la región? Recientemente me pregunté si parte del problema puede radicar en aspectos como la calidad del Estado de Derecho. Y decidí comparar algunos números.
Para hacer una primera exploración a la relación entre (in)formalidad laboral y Estado de Derecho, tomé como referencia el World Justice Project, que utiliza cuatro elementos para definir y evaluar el Estado de Derecho (ver nota al pie para el detalle metodológico). Los países más ricos tienden a tener mejores niveles de Estado Derecho, al menos como lo mide el World Justice Project. Los países ricos también tienden a tener mayores porcentajes de trabajadores en relaciones asalariadas formales. ¿Pero existe una relación entre el Estado de Derecho y el empleo asalariado formal, aun tomando en cuenta la riqueza de los países?
El siguiente gráfico cruza los datos del Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS) con las bases del World Justice Project. En el eje vertical el gráfico muestra una medida de la formalidad laboral: asalariados formales (con seguridad social) como porcentaje del total de trabajadores. Y en el eje horizontal se representa la calificación del Estado de Derecho. Las dos variables se ajustan por el PIB per cápita del país, de tal forma que los valores positivos implican que la variable tiene un valor mayor de lo esperable tomando en cuenta la riqueza del país. Lo interesante es, aun tomando en cuenta el PIB per cápita de los países, existe una relación estadística estrecha y positiva entre el indicador del Estado de Derecho y el porcentaje de trabajadores que son asalariados formales. En otras palabras: descontando el factor riqueza del país, a más respeto del Estado de Derecho, más formalidad laboral.

 
Viendo que, a partir de esta primera aproximación sobre los datos, puede existir una correlación entre Estado de Derecho y formalidad, me surgieron nuevas preguntas. ¿Cuál sería el impacto en el mercado laboral de un Estado de Derecho íntegro? Primero, la claridad de las leyes y limitaciones del poder del gobierno podrían fomentar las relaciones contractuales que tradicionalmente están bajo la mira del gobierno. Dado que los empleos asalariados, especialmente los formales, son sujetos a mucha regulación e inspección, un Estado de Derecho íntegro podría incentivar el empleo asalariado formal. Segundo, la formalidad corresponde en muchos casos al cumplimiento de obligaciones patronales. A medida que el gobierno pueda hacer cumplir las leyes, se esperaría mayor formalidad de los asalariados. En ambos casos, se esperaría que un Estado de Derecho íntegro se asociara con un mayor porcentaje de trabajadores en relaciones asalariadas formales.
En último término, la calidad del Estado de Derecho depende también de la “calidad democrática” de un país a todos los niveles (tanto de sus instituciones públicas, como de sus individuos, empresas, asociaciones, etcétera). La calidad democrática se mide en cómo la cultura admite o rechaza determinadas actitudes y comportamientos. ¿Toleramos que un empleador intente ahorrarse un dinero contratando informalmente a un trabajador? ¿Aceptamos como normal que existan sobornos o mordidas? ¿Intentamos pagar menos impuestos justificándonos con un “todo el mundo lo hace”?
La informalidad laboral es un grave problema para América Latina y el Caribe. No sólo por la desprotección que implica per se, sino también, como explicamos en Empleos para Crecer, porque la informalidad alimenta el círculo vicioso que atrapa a millones de trabajadores (¡más de la mitad de nuestra región!) en la precariedad laboral. Existen muchas posibles explicaciones sobre estas altas tasas de informalidad laboral de la región. La falta de capital humano es un candidato. Los costos laborales no salariales, productos de la legislación laboral, cuotas de seguridad social, y el sistema impositivo es otro. Con esta entrada quería poner sobre la mesa que, posiblemente, la informalidad laboral puede ser un síntoma de una enfermedad más profunda. La falta de un Estado de Derecho íntegro podría explicar las altas tasas de informalidad en algunos países, aunque sé que el sustento empírico a favor de esta hipótesis no es contundente. No obstante, si la hipótesis se confirmara, podría explicar la sorprendente persistencia de la informalidad laboral en algunos países.
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El World Justice Project plantea los siguientes elementos como características de un Estado de Derecho:

1. El gobierno, sus funcionarios, e individuos y entidades privadas son responsables por sus actos y son susceptibles a penalizaciones bajo la ley.
2. Las leyes son claras, públicas, estables, justas, y se aplican de manera homogénea. Además, protegen los derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas, su propiedad, y sus derechos humanos básicos.
3. El proceso bajo el cual las leyes se aprueban, se administran, y se hacen cumplir es accesible, justo, y eficiente.
4. La justicia se imparte de una manera competente y ética. Adicionalmente, los representantes y neutrales relejan las características de las comunidades que sirven y tienen recursos suficientes para sus labores.