La crisis económica causada por el COVID-19 ha tenido impactos sustanciales en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. Se llegaron a perder más de 31 millones de empleos, 8,2 de ellos formales. En este contexto, los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco de sus procesos de descarbonización pueden ser una fuente importante de oportunidades laborales y un motor para la reactivación de la economía.
Si bien la recuperación del empleo depende de múltiples factores, se estima que transformaciones en sectores como agricultura, silvicultura, energía, transporte, turismo, construcción y gestión de residuos, que hacen posible la descarbonización durante el proceso de transición hacia una economía de cero emisiones, pueden llegar a crear 15 millones de empleos netos en la región al 2030.
Pilares de la transición hacia una economía más limpia
Los sectores vinculados a objetivos ambientales tienen un gran potencial para contribuir a la creación de empleo. No obstante, la experiencia internacional indica que, para maximizar los impactos positivos de la transición hacia una economía resiliente y baja en emisiones, se requiere desarrollar una institucionalidad que favorezca a la promoción del empleo formal vinculado a los objetivos ambientales de los países. Dicha institucionalidad debe contar con cuatro pilares:
- Generar información del mercado laboral basada en las políticas económicas y ambientales del país, incluyendo el potencial de generación de empleos y las necesidades de formación que tienen los sectores verdes. Idealmente, la inteligencia del mercado laboral verde debe contar tanto con información cuantitativa (como número de puestos de trabajo creados o de programas de formación creados o adaptados) como cualitativa (como la identificación de profesiones y habilidades necesarias en la economía verde). También, debido a la naturaleza transversal de actividades económicas verdes como la electromovilidad, es necesario contemplar las interacciones entre sectores.
- Crear una instancia de coordinación multisectorial para definir metas y prioridades para la promoción de empleos y el desarrollo de habilidades y medidas complementarias de apoyo a la transición hacia una economía con cero emisiones netas, y así lograr conjuntamente los objetivos económicos, ambientales y laborales. Esta instancia debe contar con liderazgos claramente identificados que faciliten que los objetivos ambientales se traduzcan en promoción del empleo y desarrollo de habilidades a nivel nacional, regional y local (gobernanza vertical). La coordinación multisectorial también debe asegurar que las interacciones entre el sector productivo, la sociedad civil, los centros de formación y certificación y los servicios públicos de empleo (SPE) estén alineadas con estos objetivos (gobernanza horizontal).
- Promover mecanismos de coordinación entre el sector productivo y el sistema de formación para el desarrollo de las habilidades demandadas por los sectores verdes. Para asegurar la empleabilidad en la economía verde, la oferta formativa debe responder a las necesidades en términos de empleo y de habilidades identificadas junto al sector productivo. También es necesario concientizar a aquellos empleadores con bajo conocimiento sobre las habilidades verdes sobre la importancia de adaptar su mano de obra a la economía verde. Sin ambas acciones no será posible contar con una nueva generación de trabajadores formados bajo principios de sostenibilidad.
- Implementar servicios especializados en los SPE para reasignar la mano de obra hacia sectores verdes emergentes o en crecimiento. Los SPE pueden ofertar información acertada y oportuna sobre empleos verdes (por medio de eventos o portales web con oportunidades laborales y de formación). También pueden formar alianzas y servir como un bróker de formación, por ejemplo al facilitar la colaboración entre empleadores y centros de formación para identificar módulos de reconversión cortos y efectivos. El rol más importante de los SPE, sin embargo, es promover la inserción de mujeres, grupos étnicos, jóvenes, migrantes y otros grupos vulnerables que a menudo no cuentan con las habilidades necesarias para acceder a empleos de calidad. Para ello, es clave contar con servicios adaptados a las necesidades de los distintos grupos.
Promoción de empleos verdes en Ecuador
Los países de la región ya están moviéndose para desarrollar una institucionalidad que contribuya a la promoción del empleo formal vinculado a sus objetivos ambientales. En Ecuador, por ejemplo, con el apoyo del BID el Ministerio de Trabajo viene implementando estudios para identificar el potencial de generación de empleos verdes como resultado de los compromisos ambientales que tiene el país en los sectores de agricultura, energía, transporte y gestión de residuos, así como para adecuar la oferta de formación a partir de la demanda de habilidades que tienen estos sectores. Ecuador también está desarrollando, desde la Red Socio Empleo (su SPE), una estrategia para promover el empleo formal en sectores verdes con base en estos principios. Las acciones previstas incluyen la creación de un Comité de Coordinación del Empleo Verde para mapear y priorizar áreas de intervención, la incorporación de una oferta de capacitación híbrida para el desarrollo de habilidades que contribuyan a la descarbonización, y el diseño de un piloto para un modelo de prestación de servicios de empleo en sectores verdes que promueva la vinculación público-privada y que cuente con esquemas especializados para la inserción laboral grupos vulnerables. Así, Ecuador se convierte en un país pionero de la región al desarrollar la institucionalidad y políticas clave para aprovechar las oportunidades laborales que trae la transición hacia una economía de cero emisiones netas.
Para más información sobre estos temas, te invitamos a consultar el Informe de sostenibilidad del BID para 2020.
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