Hace unos días leí una historia que me impactó de sobremanera. Se trata de una chica de 29 años, que cuando era pequeña tuvo un accidente, y desde entonces, vive con discapacidad física e intelectual. Con la esperanza de darle una vida digna, sus padres la inscribieron en un centro para personas con discapacidad. Veintiséis años después, esta mujer dio a luz a un niño, producto de un acto de violencia sexual contra ella. Lo que más me impresionó, es que nadie en el centro supo que alguien del personal la estaba abusando, no se enteraron ni de que estaba embarazada hasta el día en que el niño nació.
Al leer esta historia muchas preguntas vinieron a mi cabeza, ¿cómo es esto posible?, ¿cómo el centro no tiene control sobre sus empleados?, ¿cómo las personas que la atienden todos los días no se dieron cuenta?, ¿y los médicos que le hacen exámenes físicos?, ¿acaso el gobierno no regula cómo funcionan estás instituciones?
Las respuestas a todas estas preguntas no son fáciles. Esta realidad es tan cruel y persistente que el Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas señala que las mujeres y niñas con discapacidad viven en una situación de “catástrofe humanitaria global” con relación a la violencia que sufren, siendo cuatro veces más severa que la violencia que sufre la población en general.
A nivel global, las niñas y mujeres que viven con discapacidad se encuentran en una situación de mayor riesgo comparada con la de las demás mujeres. Este riesgo se explica porque en muchos casos, la discapacidad con la que viven las pone en una situación de dependencia de las personas que las asisten. Además, en la mayoría de los países, los servicios de atención y prevención de la violencia contra la mujer no están diseñados pensando en todos. La infraestructura no es adecuada y no existen protocolos para atenderlas, y peor aún, el personal que está encargado de recibir las denuncias no ha sido capacitado para escuchar y responder a sus testimonios o le resta credibilidad a los mismos.
¿Qué sucede en América Latina y el Caribe?
La verdad, no estamos muy seguros. Tener una idea del alcance del problema es crucial, pero en América Latina y el Caribe, solo Colombia ha recopilado una muestra de datos lo suficientemente grande como para calcular estimaciones confiables de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015 (ENDS) permite interrelacionar información sobre discapacidad y violencia contra la mujer.
La información de la ENDS Colombia confirma que las mujeres que viven con discapacidad sufren mayores tasas de prevalencia de violencia de todos los tipos (psicológica, física, sexual y económica) tanto de manos de sus parejas como de otras personas. Por ejemplo, mientras que 31 por ciento de mujeres viviendo sin discapacidad son sobrevivientes de violencia física perpetrada por sus parejas, el caso de las mujeres viviendo con algún tipo de discapacidad llega a 42 por ciento (11 puntos porcentuales de diferencia).
Si bien la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han ratificado la CDPD y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la mayoría de las leyes que protegen directa o indirectamente los derechos de las personas con discapacidad, solo unos pocos tienen leyes específicas que abordan integralmente la violencia contra las mujeres con discapacidad. La ley contra la violencia basada en género hacia las mujeres de Uruguay de 2018 se destaca en este aspecto, al incluir entre otras medidas, los derechos de las sobrevivientes de violencia a intérpretes y otras adaptaciones razonables para prevenir, atender y rehabilitar a las mujeres que han sido sujeto de violencia. Las recientes leyes de Perú y Colombia sobre la capacidad legal también son instrumentos importantes que se pueden implementar para promover la autonomía e independencia de las mujeres con discapacidad, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.
Sin embargo, debo decir que la región sí ha mostrado avances importantes en la formulación de políticas públicas para proteger los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad. El reto que queda pendiente es volcar esas políticas en planes de acción que vengan acompañados de presupuesto e indicadores de monitoreo para su efectiva implementación.
¿Cómo podemos avanzar?
- Recolectar información que permita hacer un diagnóstico acerca de la situación en que viven las niñas y mujeres con discapacidad en nuestra región en relación con la violencia contra la mujer.
- Diseñar e implementar políticas para la atención y prevención de la violencia contra la mujer con un enfoque de acceso universal, para que todos los aspectos de infraestructura y de provisión de servicios sean accesibles a todas las personas, o en su defecto hacer los ajustes razonables a la infraestructura y servicios que ya se brindan.
- Generar evidencia de lo que funciona para poder replicar experiencias de éxito
Además, la nueva publicación del BID, Somos Todos: Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe, ofrece una guía para fomentar la inclusión económica y social de las personas con discapacidad en la región. Esta guía resalta cómo el empoderamiento a través de la educación sexual y reproductiva, la capacidad legal y el acceso a los servicios son fundamentales para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad.
Es importante entender que algunas mujeres corren más riesgo a la violencia y que las soluciones que planteamos deben tomar en cuenta esos riesgos. La reciente publicación del BID, Violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad explica la situación en la región y posibles soluciones a esta epidemia. Necesitamos empezar a trabajar hoy, desde las distintas plataformas a las que tengamos acceso: sociedad civil, gobierno, organizaciones internacionales, sector privado, organizaciones sin fines de lucro u otras.
¡No podemos olvidarnos de la historia de la que hablé al inicio! Las niñas y mujeres que viven con discapacidad también merecen vivir una vida sin violencia.
Es lamentable la situacion que se vive en nuestra Region com respecto de la violencia de genero y mas aun contra grupos tan vulnerables como las personas con discapacidad, pero esta situacion no mejora porque para ls mayoria de los gobiernos esta situacion es invisibilizada, los problemas de corrupcion, pobreza, desempleo entre ottos distrae ls mirada hacia temas tambienbimportantes pero dejsn de lados asuntos tan importsntes como el tema tratado.
La violencia basada en el género o “violencia contra las mujeres” abarca muchos tipos de comportamientos físicos, emocionales y sexuales nocivos para las mujeres y las niñas, que son practicados con más frecuencia por miembros de la familia, pero a veces también por extraños. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer incluye la siguiente definición, hoy ampliamente aceptada, de este tipo de violencia: … todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Esta definición sitúa la violencia contra las mujeres en el contexto de la desigualdad relacionada con el género como actos que las mujeres sufren a causa de su posición social subordinada con respecto a los hombres.
Es posible definir la violencia contra las mujeres en la pareja como toda forma de coacción, o imposición ilegitima por la que se intenta mantener la jerarquía impuesta por la cultura sexista, forzando a que la mujer haga lo que no quiere, no haga lo que quiere, o se convenza que lo que fija el varón es lo que se debe hacer.
1) La violencia contra la mujer les impide alcanzar su plena realización personal, restringe el crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo. La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación con que siguen tropezando las mujeres.
2) Sólo se puede eliminar tratando de eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujer y velando por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer.
3) La violencia contra la mujer no es invariable ni inevitable y podría reducirse radicalmente y llegar a eliminarse, con la voluntad política y los recursos necesarios.( Naciones Unidades. Poner fin a la violencia contra la mujer. 2006)
En el documento citado, se señala explícitamente que es necesario que “os aspectos genéricos de las prácticas acertadas y prometedoras se pueden extraer de muy diversas experiencias acumuladas en todo el mundo. Son principios comunes: la promulgación de políticas y leyes inequívocas; el establecimiento de poderosos mecanismos para el cumplimiento de la ley; personal motivado y bien preparado; la participación de muchos sectores; y la colaboración directa con los grupos de mujeres de la localidad, las organizaciones de la sociedad civil, los círculos académicos y los profesionales.” (p.VII)
Algo muy importante, a tomar en cuente es que, la reducción de la violencia contra las mujeres debería considerarse un indicador directo del desarrollo en general y, en particular, del grado de consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la igualdad entre los sexos. La atención y el apoyo políticos deben centrarse cada vez más en comprender las vías que adoptan las propias mujeres para hacer frente al persistente flagelo de la violencia de género, en particular en el “Sur global”. Específicamente, es necesario trabajar algunos temas desde nuestra perspectiva interventiva:
• Desarrollar en las prácticas educativas el concepto de género como uno de los componentes transversales fundamentales a ser atendido para alcanzar la equidad y la igualdad de oportunidades para la mujer en la sociedad. Hay que llevar las cosas del discurso a la práctica, un indicador importante es propiciar situaciones para aumentar el número y la permanencia de las niñas en la escuela y en impulsar procesos que tiendan a mejorar la calidad de la educación formal impartida a las niñas en el ámbito escolar.
• Complementándose, como se ha realizado en Paraguay, por ejemplo, con talleres con la comunidad educativa en escuelas seleccionadas, trabajándose temas tales como: los roles y tareas que desempeña cada persona en la comunidad, el espacio que ocupan en su comunidad, los sentimientos y las actitudes de las personas, la toma de decisiones de las mismas en la comunidad, las expectativas que poseen, etc.
• Apoyar las estrategias creadas por las mujeres y para lo cual se hace necesario que estas no solo trasciendan la violencia, sino también el miedo, el temor para lograr la posibilidad de ser de las mujeres. Será de mucho interés, algunos resultados de investigaciones, por ejemplo la de Vargas Núñez et al (2011) resultados que han mostrado que la mujer mientras más enfocada esté hacia la pareja, no toma las decisiones ni tiene control en la pareja, emplea estilos de poder negativos como el ser violenta, ser brusca, y por consiguiente es probable que permanezca en una relación de violencia.
• Diversas experiencias de intervención sugieren la necesidad de que se trabajen el empoderamiento/fortalecimiento y la autoestima, reconociéndose que forman parte importante también de la intervención la independencia y la autonomía.
La violencia masculina como fenómeno no puede ser interpretada de modo uniforme para todos los varones, si bien es parte del proceso constitutivo de la masculinidad viril, se procesa de modo diferente. Al señalar la existencia de una masculinidad hegemónica (Conell: 1995) se explicita una categorización de poder simbólica y material que permite analizar los procesos de jerarquización, de normalización y de marginación de las masculinidades. La hegemonía no sólo implica la existencia de categorías de hombres que imponen su dominación a las mujeres, sino también el ejercicio de su poder hacia otras categorías de hombres subordinados.
La hegemonía, la subordinación y la complicidad son relaciones internas al orden de género. La intersección del género con otras estructuras (Viveros: 2017) tales como la clase la etnia y la raza, crea relaciones más amplias entre las masculinidades. Los varones no se benefician de modo homogéneo de los dividendos masculinos generados por un orden de género androcéntrico “hay niveles de beneficio muy diferentes y ciertos grupos de hombres pagan en realidad un precio muy caro (en pobreza, en violencia, en depresión) por el mantenimiento del orden de género en vigor” (R. Connell :1995)
Aún y cuando vivimos una época dónde la comunicación es rápida y juega un papel importante para hacer comprender los derechos de toda persona, en especial la de los grupos vulnerables, todavía hay zonas de marginación y pobreza que aunada a la mala alimentación y casi nula educación, da por consiguiente que sean abusadas mujeres y personas con capacidades diferentes, como servidor público de seguridad, pongo todo mi empeño para darles protección,