¿Deben los sistemas de justicia penal utilizar datos sobre raza o etnicidad? (Parte 1)

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Desde 2010 el mundo ha sido testigo de un gran movimiento liderado por la sociedad civil en los EE.UU. como resultado de la muerte de hombres y mujeres afrodescendientes desarmados a manos de la policía. Todos hemos oído hablar de casos como los de Freddie Gray, Michael Brown, Eric Garner, Trayvon Martin o la sospechosa muerte de Sandra Bland tras ser detenida. El hashtag #blacklivesmatter (las vidas negras importan), que nació en 2013, se ha hecho tan popular que sus creadoras se han reunido con el Presidente Barack Obama y otros líderes destacados para plantearles sus demandas.

Al igual que en los EE.UU., en algunos países de América Latina también parece que el número de víctimas policiales afrodescendientes es desproporcionadamente alto. En agosto de 2015, más de 5.000 brasileños salieron a las calles de Salvador de Bahía en protesta por la muerte de jóvenes negros desarmados.

Movimientos como Black lives matter son increíblemente eficaces para movilizar y llamar la atención sobre problemas sociales que siempre han existido pero a los que no se había prestado atención antes. Pruebas materiales como grabaciones de audio y video (y un buen ejemplo es este video viral compartido desde Colombia) dieron fuerza al movimiento BLM y, como resultado, hoy se están discutiendo a nivel político temas tan importantes como la desmilitarización de la policía, incorporar cámaras a los uniformes o la capacitación de todo el cuerpo policial en procedimientos de justicia.

La pregunta que yo me hago es: sin esta exposición pública, ¿habría sido capaz el sistema de justicia penal en los EE.UU., y del mismo modo en América Latina y el Caribe, de identificar estos sesgos y prevenir las muertes innecesarias de personas a causa de su origen étnico? Yo diría que sí, pero únicamente si la justicia penal, la sociedad civil y los académicos contasen con los datos y herramientas necesarios para ello.

Según el Foro de Seguridad Pública de Brasil, un grupo de investigación independiente, al menos 2.212 brasileños murieron a manos de la policía en 2013. Y datos para São Paulo sobre las redadas policiales muestran que la tasa de mortalidad de los afrodescendientes es casi tres veces más alta que la de los blancos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización Brasileña de 2012, un hombre afrodescendientes soltero de entre 25 y 34 años que viva en la región Sudeste del país tiene 1,37 más posibilidades que uno blanco con las mismas características de ser víctima de la violencia policial.

Pros y contras de la recolección de datos sobre raza o etnicidad

Por lo tanto, ¿deben los sistemas de justicia penal en la región recopilar, analizar y difundir datos sobre raza o etnicidad? Por supuesto que sí, pero hemos de ser conscientes de que existe la posibilidad de que se les dé un mal uso. Por ejemplo, la difusión de datos inexactos o incompletos ​​sobre el perfil de los autores de un delito puede reforzar estereotipos y justificar la discriminación de un determinado grupo racial o étnico. Además, los datos que demuestran la existencia de sesgos dentro de los sistemas de justicia penal pueden aumentar la desconfianza del público y dañar su reputación. También hay un debate metodológico sobre el uso de la autoidentificación de raza y la necesidad de contar con información relevante para contextualizar otras posibles correlaciones entre raza y delincuencia (pobreza, antecedentes familiares, salud mental, alienación social, etc.).

A pesar de todos estos peros, lo cierto es que los usos potenciales de la recogida de datos de raza y etnicidad son muy superiores a sus posibles usos indebidos. Sin datos es imposible identificar los sesgos raciales sistemáticos que pueden darse en los sistemas de justicia penal y hacerles frente. Los datos no sólo nos ayudan a entender por qué algunos grupos raciales o étnicos son más vulnerables a la victimización por crimen y la delincuencia que otros, sino que además se pueden utilizar para evaluar  programas específicos de prevención de delitos.

Países como EE.UU., Brasil, Canadá o Colombia están trabajando en ello y en mi próximo post compartiré sus experiencias y hallazgos.