Una consulta pública transparente y significativa no es solo un requerimiento, sino que también es la base del éxito del proyecto, en la medida que permite la toma de decisiones informadas, evita posibles riesgos y agrega valor real a su implementación. Bajo este enfoque, recientemente, en el panel de discusión sobre “Mejores Prácticas de Consultas Públicas en proyectos del Sector Privado”, Ximena Abogabir, miembro del Panel Externo de Acceso a Información del BID y Gonzalo Castro De La Mata, entonces presidente del Panel de Inspección del Banco Mundial, destacaron la importancia de realizar consultas públicas con contenidos de calidad, especialmente en proyectos de inversión del sector privado que tengan un alto impacto ambiental y social en las comunidades.

El éxito de proyectos de inversión depende, en gran medida, de los resultados de desarrollo alcanzados y los beneficios recibidos por las comunidades destinatarias. Por ello, la participación e involucramiento oportuno de las personas y comunidades afectadas por los proyectos agrega valor al logro de los objetivos y resultados de estos. Para lograr esto, se necesita el compromiso de divulgar información de manera oportuna y asegurar su calidad. Además de gestionar debidamente los insumos recibidos por parte de la comunidad para asegurar un proceso participativo, bidireccional y abierto.  

Con base estos principios, a continuación destacamos tres aspectos claves que podemos extraer del panel para lograr procesos de consultas públicas significativos y de calidad, teniendo en cuenta la debida diligencia:

1 Inclusión y diálogo en las consultas públicas 

Las consultas públicas deben estar regidas por el principio de inclusión, reflejando una relación equitativa entre las personas involucradas y basadas en el principio de igualdad y no discriminación. Bajo esta mirada, una consulta eficiente busca incluir individuos y grupos de interés, comunidades afectadas por el proyecto, e instituciones locales, asegurando que se dará voz a quienes participen, especialmente a grupos vulnerables históricamente excluidos.

Esto implica un proceso de diálogo y el establecimiento de un mecanismo bidireccional de comunicación y participación. Este enfoque integral, que busca la implementación de consultas públicas eficientes, constituye actualmente uno de los principales mecanismos para la toma de decisiones de las IFI que trabajan con el sector privado. Particularmente, en la creación de sus políticas operativas y estrategias institucionales, así como en la elaboración de los proyectos de desarrollo que se implementan en la región.

Por ejemplo, durante una consulta a pueblos indígenas, se deben tener en cuenta aspectos culturales que permitan comprometer a sus diferentes segmentos, incluyendo mujeres, personas mayores y jóvenes. Asimismo, es importante observar los distintos modelos de representación tradicionales, y los mecanismos de liderazgo que utilizan. Teniendo presente el contexto y bajo una perspectiva culturalmente adecuada, es apropiado ajustar la metodología a utilizar en la consulta, por ejemplo, organizando reuniones presenciales según el tipo de participante, incluyendo aquellos que deben ser consultados de manera específica y ofreciendo, según el caso, los espacios para que puedan expresar sus opiniones en un entorno de seguridad, incluyendo la protección de su vida e integridad personal.

2 Transparencia y acceso a la información 

Para lograr un involucramiento efectivo de los grupos de interés y comunidades afectadas, se debe contar con procesos de consultas públicas transparentes e informados. Esto permite construir confianza y crear relaciones sólidas a largo plazo, las cuales son fundamentales para la sostenibilidad del proyecto. Proveer información objetiva sobre el alcance de la consulta, a fin de equilibrar las expectativas de las personas consultadas respecto de las cuestiones que están o no abiertas a consideración, constituye un aspecto clave para el éxito y legitimidad del proceso.

Igualmente, divulgar información de calidad sobre el proyecto y sus potenciales riesgos e impactos en forma temprana y accesible, contribuye a una efectiva participación de las personas que serán impactadas por el proyecto. A tal efecto, el acceso a información es clave para permitir que las partes puedan adoptar, de manera oportuna, las decisiones en los temas que les afectan. En este contexto, es de especial relevancia la divulgación de información en formatos e idiomas que puedan ser comprendidos por las comunidades afectadas. Por ejemplo, el uso de lenguajes locales, o formatos y materiales visuales que recojan elementos culturales de aquellas comunidades afectadas, constituyen herramientas significativas que facilitan el entendimiento de la información que se está consultando.

3 Acuerdos y proceso continuo de consulta  

La fase de construcción de acuerdos conlleva un proceso continuo de discusión sobre las diferentes preocupaciones, opiniones y sugerencias recibidas de las comunidades afectadas por el proyecto, en el cual todas las observaciones y comentarios recibidos tienen el mismo valor y deben ser atendidas con la debida diligencia.

Asegurar un involucramiento permanente y bidireccional es fundamental para recibir retroalimentación de calidad, que permita conocer de qué manera los insumos serán utilizados y asumir compromisos sustentables. Saber cómo responder a las sugerencias, retroalimentar el proyecto y dar seguimiento a las preocupaciones de las comunidades, permite establecer vínculos que ayudarán a resolver potenciales conflictos. Como indicaron los panelistas, la experiencia muestra que un conflicto mal resuelto vuelve a aparecer con el transcurso del tiempo y, a pesar de que se implementen acciones destinadas a subsanar los errores cometidos en la consulta, la misma pierde legitimidad.

En este sentido, intensificar el proceso de consulta cuando las circunstancias han cambiado, por ejemplo, ante retrasos en la ejecución del proyecto o modificaciones en su diseño, resultan indispensables para mantener a las comunidades informadas, actualizadas e involucradas. Esto permite mitigar daños, manejar las expectativas y asegurar los beneficios que traerá el proyecto a la comunidad. Estas buenas prácticas están siendo cada vez más internalizadas por el sector privado, especialmente para evitar riesgos y conflictos socioambientales que puedan afectar a los proyectos. Los acuerdos voluntarios de pre-inversión son un buen ejemplo en esta materia, en vista que contribuyen a mejorar los proyectos y crear relaciones constructivas de largo plazo que dan sustentabilidad a la relación entre las partes.

Por Marcelo Cerna, Jefe de la Sección de Acceso a Información en la Secretaría del Banco Interamericano de Desarrollo