Aunque las Áreas Marinas Protegidas (AMP) constituyen un instrumento de política importante para la conservación de la biodiversidad en las zonas costeras y marinas, y ayudan a los ecosistemas marinos en su proceso de adaptación a los impactos del cambio climático, estas deben ser consideradas solamente como una de varias herramientas de gestión de los recursos oceánicos. Muchas organizaciones ambientales de América Latina y el Caribe (ALC) —y del mundo— ven este mecanismo como el “santo grial” en la protección de biodiversidad marina; sin embargo, las AMP no son por sí mismas la panacea.
Estudios científicos demuestran que el establecimiento de AMP (total o parcialmente restringidas) aumenta la biomasa, la abundancia y el tamaño promedio de las especies marinas explotadas, dentro y fuera de sus límites[i]. Asimismo, si están bien diseñadas, las AMP ofrecen una solución basada en la naturaleza para ayudar a los ecosistemas y a las especies marinas a adaptarse a los efectos del cambio climático en los océanos y las zonas costeras [ii]. No obstante, a pesar de estas ventajas, las AMP presentan varias deficiencias derivadas de sus limitaciones inherentes:
- Para empezar, las AMP no permiten proteger al océano de otras presiones ambientales —como la contaminación—, lo que hace necesario adoptar otras políticas para abordar estos problemas[iii].
- Por otra parte, las regulaciones y las actividades de control en alta mar son escasas o inexistentes. En consecuencia, las AMP ofrecen una protección limitada a las especies migratorias, especialmente si no forman parte de una red exhaustiva de AMP diseñadas para proteger hábitats esenciales [iv].
- Un último inconveniente es que, dado que las AMP suelen crearse por motivos políticos, su rentabilidad e impacto ambiental son limitados[v]. Esto último es común para varias AMP de ALC, que fueron creadas a partir de presiones políticas, información biológica incompleta y escasa investigación. Como resultado, muchas de estas no han logrado alcanzar sus objetivos de conservación[vi] .
El financiamiento para la gestión de las AMP es también un gran reto, que puede resultar en “parques de papel”, donde las medidas reales de protección son prácticamente inexistentes [vii]. Gill et al. (2017) determinaron que la capacidad del personal y la accesibilidad a presupuesto son los predictores más fuertes del impacto de las AMP sobre la conservación. Ellos concluyeron que el continuo aumento del número de AMP alrededor del mundo, sin una inversión adecuada en capacidad humana y financiera, puede conducir a resultados de conservación subóptimos. Incluso hay estudios como el de Petit et al. (2018) cuyos resultados nos llevan a preguntarnos si es sostenible aumentar el número de AMP cuando hay pruebas de que el apoyo financiero a las AMP ya existentes no permite cumplir con los requisitos mínimos para su pleno funcionamiento.
Todos estos resultados son también un argumento en contra de quienes defienden la posición de que la ampliación de los límites de una AMP es la mejor solución para mejorar su eficiencia y aumentar su impacto. Por ejemplo, Kuempel et al (2017) demostraron que los recursos financieros deberían invertirse principalmente en las acciones de control, supervisión y aplicación de la ley, y no en la ampliación de las AMP. Los autores concluyeron que, en la mayoría de los casos, invertir simultáneamente en la supervisión y la ampliación es la decisión más acertada. Sin embargo, para las AMP cuyos recursos financieros son relativamente escasos en comparación con la superficie que cubren y cuyo control es, por tanto, limitado, Kuempel et al. (2017) propusieron una solución contraintuitiva: reducir el tamaño de las AMP y/o concentrar estratégicamente los esfuerzos de aplicación de la ley para obtener los mayores beneficios de conservación.
Adicionalmente, muchas AMP se crean como mecanismos de gestión de mando y control, sin conocer claramente cuál sería el impacto que tendrían en sus interesados a nivel social, ambiental y económico. Esta falta de previsión puede dar lugar a problemas de economía política que pueden comprometer la supervivencia de las AMP[viii]. Por lo tanto, un sistema de gobernanza que integre las voces de todas las partes interesadas es primordial tanto para el funcionamiento óptimo como para la sostenibilidad intertemporal de cualquier AMP[ix] .
Las investigaciones demuestran cada vez más que el compromiso social es clave para el éxito de las AMP[x]. Según Fox et al. (2011), es más probable que una AMP alcance sus objetivos de conservación si existen políticas que:
- fomenten la participación de las partes interesadas en la elaboración y modificación de las normas que regulan los recursos marinos [xi];
- promuevan los derechos de autogestión de los usuarios de los recursos[xii]; y
- favorezcan el liderazgo compartido de las intervenciones de gestión[xiii] .
Además, incluso cuando las AMP están bien diseñadas y supervisadas, sus gestores suelen carecer de autoridad sobre las actividades que se desarrollan fuera de los límites de estas áreas, por lo que no pueden enfrentar las externalidades negativas derivadas de los ecosistemas en alta mar [xiv]. Por esta razón también los procesos de diseño y gestión de las AMP deberían estar enmarcados en un mecanismo de Planificación Espacial Marina (PEM) que considere lo que se denomina Gestión Basada en los Ecosistemas (GBE)[xv], tal como se recomienda en el Marco Sectorial de Medio Ambiente y Biodiversidad del BID. Consecuentemente, a través de este enfoque, se promoverá la ordenación del espacio marino con el objetivo de gestionar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas marinos mediante un esquema de zonas definidas para actividades específicas. Este ordenamiento deberá considerar todas las necesidades existentes y previsibles del medio marino de forma holística. Adicionalmente, se espera que resuelva los problemas de fragmentación de la gobernanza en los entornos marinos y costeros, considerando la participación de las partes interesadas como una condición fundamental para el diseño y la implementación de las AMP en el marco de una PEM[xvi]. El ordenamiento del espacio marítimo, anteriormente planteado, pudiera reforzarse aún más con un enfoque de GBE, tal como se indicó inicialmente, promoviendo las actividades humanas que garanticen la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de la función de los ecosistemas a largo plazo[xvii].
En conclusión, las AMP son cruciales para la protección marina, y su establecimiento ha reportado innegables beneficios biológicos y económicos en todo el mundo. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que las AMP sólo son prósperas si se establecen sobre la base de pruebas científicas y si promueven la participación de todas las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones para su diseño e implementación. También es vital reconocer que las AMP se beneficiarían más si formaran parte de un marco más amplio, como la ordenación del espacio marítimo en base a mecanismos de PEM, que abarque una extensa gama de herramientas de política marina. En otras palabras, las AMP sólo tendrán éxito si se consideran como una de varias estrategias de política marina que pueden aplicarse (incluso simultáneamente), y no como el remedio mágico que resuelve todos los problemas que afectan la biodiversidad marina y costera del planeta.
[i] Kerwath et al., 2013 ; Halpern, 2003; Lester et al., 2009; Halpern et al., 2009; Sciberras et al., 2013; Bucaram et al., 2018
[ii] Roberts et al., 2017; Wilson et al., 2020; Tittensor et al., 2019
[iii] Allison y otros, 1998
[iv] Agardi et al., 2011; Ketchum et al., 2014; Klimley, 2015; Bucaram et al., 2018
[v] Klein et al., 2015; Weeks et al., 2009
[vi] Petit et al.2018, Recio-Blanco, 2015; Fraga, 2008; Guarderas et al., 2008
[vii] Kuempel et al. 2018; Petit et al.2018;Gill et al. 2017; Leverington et al. 2010; Watson et al., 2014
[viii] Christie, 2004
[ix] Mascia et al., 2010; McCay y Jones, 2011
[x] Rossiter y Levine, 2014
[xi] Pollnac et al., 2001; Christie et al., 2003
[xii] Cudney-Bueno y Basurto, 2009
[xiii] Christie et al., 2003a; Gutiérrez et al., 2011
[xiv] Hearn y Bucaram, 2017; Ketchum et al., 2014; Klimley, 2015
[xv] Cicin-Sain y Belfiore, 2006; Lausche et al., 2013; Recio-Blanco, 2015
[xvi] Smith et al., 2017; Douvere y Ehler, 2009; Chua, 1993; Shipman y Stojanovic, 2007
[xvii] Levin y Lubchenco, 2008; Palumbi et al., 2009; Ellis et al., 2011
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