En esta tercera entrega de la serie complementamos la parte 1 y la parte 2, y nos enfocamos en las percepciones comunitarias y de familiares de las víctimas de muertes violentas de mujeres y femicidios sobre el riesgo, la búsqueda de ayuda y las consecuencias sociales en Honduras. Escuchar estas voces permite profundizar la comprensión de los factores que inciden en estos hechos y de las barreras que se deben atender para fortalecer los esfuerzos de prevención y respuesta.

En Honduras, las muertes violentas de mujeres y femicidios ocurren en contextos marcados por múltiples desafíos sociales y de seguridad. Entre ellos, la presencia de redes del crimen organizado, las limitaciones en la capacidad de respuesta institucional y la normalización de la violencia en la vida cotidiana de muchas comunidades.

Los hallazgos provienen de estudios cualitativos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colonias y barrios con alta incidencia de violencia en contextos urbanos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, Honduras. La investigación incluyó 21 entrevistas a representantes de organizaciones nacionales y locales, 12 talleres grupales con mujeres adultas y jóvenes de cuatro comunidades del Distrito Central, y 15 entrevistas a familiares y personas cercanas de 12 víctimas de femicidio. Este estudio también incluyó un análisis cuantitativo de los femicidios y muertes violentas en Honduras en el período 2011-2022, presentado en las entregas anteriores.

Evaluar el riesgo entre la invisibilidad y la sobreexposición

Las personas entrevistadas indicaron que la mayoría de las mujeres asesinadas no percibieron el riesgo de muerte, o no lo comunicaron. Esto se confirma con la tendencia nacional de que casi 9 de cada 10 mujeres que han experimentado violencia en el ámbito público o privado no buscaron ayuda, en su mayoría, porque consideraron que se trató de algo sin importancia. En algunos casos, no existían antecedentes de violencia por parte del agresor, o las víctimas interpretaban ciertas conductas como situaciones cotidianas y sin peligro aparente. En relaciones de pareja, por ejemplo, los celos eran concebidos como señales de afecto y no de amenaza.

Otras mujeres sí identificaron el riesgo, pero optaron por no hablar. Factores como el temor, la intención de proteger a personas cercanas o la percepción de que podían existir limitaciones en la respuesta institucional influyeron en esta decisión. Las personas entrevistadas reportaron la ausencia de servicios adecuados para atender, investigar y brindar protección. Los refugios, por ejemplo, pueden tener restricciones para atender determinados casos vinculados a pandillas; los servicios de salud en ocasiones enfrentan desafíos similares por motivos de seguridad; y el transporte público no siempre es plenamente accesible para las mujeres debido a riesgos asociados a la presencia de estructuras criminales.

Un tercer grupo de mujeres reconoció abiertamente el peligro e intentó protegerse. Solo una de las 12 víctimas cuyos familiares y personas cercanas fueron entrevistados, informó sobre las amenazas recibidas a su organización de referencia. Sin embargo, en el caso documentado, la organización no contaba con los recursos necesarios para ofrecer una protección en ese momento.

Consecuencias que trascienden la pérdida

Los femicidios dejan huellas profundas y duraderas. Para las familias, implican duelos no resueltos, depresión, niños y niñas que quedan en orfandad, pérdidas económicas, abandono de bienes y propiedades y, en muchos casos, riesgo de revictimización. Para las comunidades, significan miedo, migración forzada, debilitamiento del tejido social y la persistencia de la violencia como parte de la experiencia cotidiana.

Las personas entrevistadas reportaron que, en las instituciones, como las escuelas, los femicidios provocan una disminución de matrículas, tensiones con las familias, trauma de largo plazo en estudiantes y personal escolar y estigmatización del entorno educativo. Estas perspectivas se alinean con hallazgos de otros estudios que documentan impactos similares derivados de la violencia ejercida por maras y pandillas en contextos escolares.

Prevención con enfoque comunitario y familiar

La prevención de las muertes violentas de mujeres y femicidios no puede centrarse únicamente en modificar la conducta individual de las mujeres. Aun cuando identifican el riesgo, difícilmente pueden evitarlo por sus propios medios. Además, asumir que existen perfiles homogéneos de mujeres en alto riesgo de este tipo de crímenes limita la eficacia de las estrategias preventivas y puede excluir o invisibilizar a quienes no encajan en dichos perfiles, pero que también enfrentan violencia.

Los resultados de las entrevistas y talleres grupales comunitarios revelan que las familias y personas cercanas a las víctimas no siempre dan seguimiento a los casos, debido a barreras económicas, factores emocionales y culturales, desconfianza institucional, miedo y riesgos derivados de denunciar. Estas limitaciones reducen la probabilidad de que los casos avancen en el sistema de justicia, contribuyendo a que permanezcan sin resolución y se refuercen patrones sociales de no denunciar ni buscar apoyo institucional.

Se requieren intervenciones integrales que fortalezcan los entornos comunitarios, mejoren los mecanismos de protección y respuesta, y apoyen los esfuerzos de las instituciones nacionales y locales. Esto incluye reforzar la presencia del Estado, garantizar servicios accesibles y de calidad, y fortalecer el tejido social comunitario. Entre las acciones necesarias se destacan:

• Estrategias comunitarias de prevención primaria y secundaria, que incluyen la mejora del entorno urbano, la creación de espacios seguros para mujeres y niñas, actividades culturales y presencia policial con servicios especializados.
• Sistemas integrales de atención para sobrevivientes, con un rol central del sector salud.
• Programas de apoyo a familias de víctimas de muertes violentas y femicidios, que incluyan asistencia psicosocial y legal, protección a familiares y testigos, reparación económica y social, incluyendo representación jurídica, medidas de seguridad, y acceso a educación y medios de vida.

Una respuesta a las muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras

Entre 2024 y 2025, el BID apoyó la implementación de una estrategia local de prevención y atención a la violencia contra las mujeres en la colonia Villa Nueva (Tegucigalpa), priorizada por sus altos niveles de violencia hacia las mujeres y otros delitos violentos.

La estrategia logró:

• 946 atenciones a mujeres en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa.
• 443 representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones comunitarias y colectivos de mujeres participaron en diálogos comunitarios, construcción participativa de rutas de atención, capacitaciones en prevención y atención, y foros barriales.
• 14.000 personas alcanzadas a través de una campaña en redes sociales realizada en mayo y junio de 2025, centrada en la prevención de la violencia hacia mujeres y niñas

Escuchar las voces de las comunidades y familias que enfrentan esta violencia es clave para comprender los factores que la perpetúan y las barreras que limitan la protección. Sumando intervenciones integrales y coordinadas entre todos los actores, será posible avanzar hacia soluciones efectivas y sostenibles.