Pese a los recientes avances y esfuerzos en el monitoreo forestal y a la relativa reducción de las tasas anuales de deforestación en la Amazonia Brasileña, la tala ilegal de madera sigue siendo un gran problema socio-ambiental, generando conflictos sociales, emisiones de gases de efecto invernadero y degradación ambiental. Otro reto presente en todas las regiones del país es asegurar que las propiedades rurales mantengan o recuperen las áreas que, según la ley, deben tener cubierta forestal, como las orillas de los ríos y las cimas de los cerros. Actualmente, 21 millones de hectáreas que deberían ser áreas de bosque presentan otros tipos de uso de la tierra.
El uso de tecnologías de información y de comunicación, unido a la apertura, reutilización y visualización de grandes cantidades de datos puede contribuir significativamente a la comprensión y solución de estos complejos desafíos socio-ambientales.
A continuación, presentamos el ejemplo de cómo dos bases de datos abiertos ayudan a monitorear el uso de los recursos naturales y la dinámica ambiental.
1 Luchando contra tala ilegal en la Amazonia
En Brasil, todo el proceso de producción de madera – desde la tala en el bosque, el procesamiento y la entrega a las empresas consumidoras – exige que las madereras realicen un registro público y electrónico que genera el denominado Documento de Origen Forestal (DOF), manejado por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Sostenibles, el IBAMA, en el sistema de control federal, o (para los Estados de Pará y Mato Grosso, la Guía Forestal (GF).
Todos los años, se generan más de un millón de DOF y GF (PA y MT) los cuales que componen una gran base de datos, con información de cada operación de compra y venta de madera; incluyendo datos sobre las empresas involucradas, el medio de transporte, y las especies de maderas transportadas, entre otras cosas. Este sistema de control ha sido un avance, sin embargo, todavía es muy común la expedición de registros falsos. Es decir, se genera un registro para «oficializar» el comercio y el transporte de madera que tiene un origen ilegal, muchas veces de zonas de deforestación.
Con el fin de perfeccionar la fiscalización de la producción y el transporte de madera amazónica, así como de apoyar las iniciativas públicas y privadas que promueven la sostenibilidad del sector, el Instituto Imaflora, una organización de la sociedad civil, está desarrollando una plataforma de reutilización y de visualización de los datos del DOF y del GF. Mediante mapas, gráficos de fácil comprensión y varios filtros, la plataforma proporcionará una total transparencia con relación al flujo de comercio de madera amazónica, permitiendo a los compradores identificar proveedores de alto riesgo, y a las organizaciones de la sociedad civil realizar acciones de control social. El monitoreo del sector y la existencia de avisos automáticos sobre posibles ilegalidades permitirán que las agencias gubernamentales aumenten su capacidad de identificar fraudes y fiscalizar el sector.
2 Protegiendo la cubierta forestal en propiedades rurales
El Nuevo Código Forestal, ley aprobada en Brasil en 2012, estableció que todas las propiedades rurales deben tener un registro público con su geolocalización, las zonas con cubierta forestal y aquellas que, por ley, deberían ser bosques.
Este registro se llama Registro Ambiental Rural y, hasta octubre de 2016, había generado una base de datos con 3,84 millones de propiedades, lo que corresponde a 393 millones de hectáreas o el 46% del territorio nacional. Es la base de datos más grande e importante que se ha generado en el país, con informaciones sobre las necesidades de recuperación y de restauración ambiental de cada una de las propiedades rurales.
A principios de diciembre de 2016, el Gobierno Brasileño puso en marcha en la plataforma SICAR, con el fin de dar acceso público a la base de datos del Registro Ambiental Rural (CAR). Esto implica un gran avance, sin embargo, aún hay trabajo por hacer, pues los datos de los propietarios todavía no están disponibles.
Compartir esta base de datos posibilita la elaboración de políticas públicas de recuperación y restauración de la tierra, así como el perfeccionamiento de los sistemas de compra sostenibles, ya que los compradores de productos agrícolas podrán conocer la situación ambiental de sus proveedores. También, promueve la rendición de cuentas de los productores rurales que actúan en desacuerdo con la ley y de todos los agentes de sus cadenas de suministros.
Estos dos ejemplos demuestran el potencial que tiene compartir, reutilizar y visualizar las bases de datos para el perfeccionamiento de la gobernanza ambiental, así como para combatir prácticas ilegales y fomentar la producción forestal y agrícola sostenible. Aun así, el potencial de los datos abiertos en este sector es todavía incipiente, por lo que debemos trabajar para generar mayor comprensión sobre el tema y promover la colaboración entre los distintos sectores para lograr verdaderos avances significativos.
Por: Renato Morgado del Instituto Imaflora
Leave a Reply