Mujeres en las fuerzas armadas: una batalla pendiente

Por María Adelaida Velez*

En las últimas décadas las mujeres han conseguido llegar a un impresionante número de espacios antes ocupados sólo por hombres. Sin embargo, el ejército no es uno de ellos: según un estudio de 2009, sólo el 4% de los militares en América Latina son mujeres.

En el caso del Perú, la inclusión de la mujer en las fuerzas militares ha seguido la tendencia regional. La institución castrense peruana abrió sus puertas formalmente a las mujeres en 1997, con la aprobación de una ley que les permite el acceso a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, y desde entonces han existido esfuerzos conscientes por adecuar la estructura militar a las necesidades específicas de las mujeres. Por ejemplo, en 2003 se aprobó la Ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual y en 2004 la de descanso prenatal y posnatal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Además la discriminación por género está explícitamente prohibida por lo que se podría afirmar que, en el papel, la igualdad es la regla general.

Sin embargo, aún existen diferencias de trato entre hombres y mujeres militares, algunas de las cuales limitan el futuro profesional del personal femenino. Me refiero específicamente a la exclusión de las mujeres de ciertas especialidades en la carrera militar, en concreto aquellas en armas de combate tanto en el ejército (Infantería, caballería y artillería) como en las fuerzas naval (submarino, infantería, operaciones especiales, rescate y salvamento) y aérea (piloto de combate, defensa aérea, defensa y operaciones especiales).

Cómo se justifica un trato desigual

La justificación de este trato desigual ha sido repetida hasta el cansancio no solo en el Perú,  sino en todos aquellos países que contemplan estos límites, y es que las mujeres no cuentan con las condiciones fisiológicas requeridas para desempeñar cierto tipo de actividades. Quienes defienden esta idea afirman, por ejemplo, que en el combate cuerpo a cuerpo las mujeres están en clara desventaja y que ciertos equipos son demasiado pesados para ellas.

Pero este argumento se queda sin base si nos fijamos en casos como el de Israel, donde la presencia del personal femenino ha pasado del 60% al 92% de las especialidades en la carrera militar como resultado de un esfuerzo consciente por adaptar los equipos y uniformes a la fisionomía femenina. De igual manera, el estereotipo de la superioridad física de los hombres cae cada vez más en el anacronismo frente a la paulatina colonización femenina de profesiones como la minería y el transporte de carga, así como el alto desempeño físico del género débil en deportes inicialmente concebidos solo para hombres.

Lo cierto es que estas limitaciones disminuyen las posibilidades de que las mujeres militares hagan carrera. Por ejemplo, en el Perú solo los oficiales de armas son elegibles para alcanzar los más altos grados (General de División, Vicealmirante y Teniente General). En consecuencia, a pesar de que formalmente no existen obstáculos para que las mujeres militares, en la práctica sus posibilidades reales sí están limitadas, lo que se traduce en datos como que sólo ocupen el 4,5% de los grados de oficial o suboficial mientras forman el 6,3% de la tropa. Esto sin tener en cuenta los obstáculos informales derivados de prejuicios y prácticas internas que existen dentro de la institución.

Sin embargo, y salvo contadas excepciones, estas restricciones que sufren las mujeres militares no han llamado la suficiente atención pública. Parece como si, una vez superada la discriminación explícita, la sociedad se quedara tranquila pensando que la batalla está ganada, mientras que sutilmente la desigualdad permanece. Develar estas formas de discriminación más sutiles es el reto actual para promover la igualdad de género en sociedades aparentemente igualitarias.

*María Adelaida Vélez fue pasante de la División de Género y Diversidad en la Representación del BID en Perú. En la actualidad es candidata a magister en relaciones internacionales en la School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University. Antes se desempeñó como profesora de derecho constitucional en Medellín (Colombia) y trabajó en temas de política pública de seguridad en la Alcaldía de esta ciudad.