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Un Continente de Océanos: la Economía Azul de América Latina

June 8, 2018 por Gregory Watson - Julie T. Katzman Deja un comentario


América Latina y el Caribe es una región íntimamente ligada al océano. Todos los países miembros del BID, a excepción de dos, poseen significativas líneas costeras y el 25% de los habitantes de la región vive sobre las costas, una cifra que alcanza casi al 100% en los países insulares del Caribe. Si bien sus selvas, pastizales y ríos han atraído hasta ahora la mayor parte de nuestra atención, ha llegado el momento de enfocarnos en los océanos.

En 2012, aproximadamente 275 millones de personas en la región trabajaban en pesca o acuicultura, aportando alrededor de US$15.000 millones al PIB regional. El turismo costero aportó US$6.000 millones adicionales solamente en el Caribe, llevando el total de contribuciones provenientes del océano al PIB regional a más de US$21.000 millones. Asimismo, los océanos aportan valores adicionales incluyendo protección costera, biodiversidad y captura de carbono.

Sin embargo, los océanos se encuentran bajo cada vez más presión. La pesca no sostenible, crecientes construcciones, pobre tratamiento de aguas residuales, escorrentía agrícola y aumento de población amenazan a los manglares, cuyo índice de deforestación es 3 a 5 veces mayor que el de los bosques terrestres. Paralelamente, el 90% de las poblaciones de peces se encuentran agotadas o sobreexplotadas, en tanto se prevé que la demanda de alimentos de origen marino crecerá en un 50% para el año 2039. Habiendo absorbido la mitad de las emisiones de CO2 desde la Revolución Industrial, todas estas presiones, sumadas al cambio climático, ponen en riesgo su capacidad de mantener su capacidad de absorción de carbono.

Estamos ante una encrucijada. Podemos seguir buscando prevenir la sobreexplotación mediante una combinación de políticas públicas, subsidios, inversiones privadas y pequeños proyectos de resultados fluctuantes, o podemos dar un golpe de timón y tomar medidas audaces como convertir a 2/3 de los océanos en áreas marinas protegidas como proponen sus defensores, implementar tecnologías disruptivas y transferir las mejores lecciones aprendidas de cambio climático y conservación para el apoyo de nuestros océanos. Este camino exige investigación, exploración e inversión.

Debemos abocarnos a la investigación para ver de qué manera podemos mejorar las capacidades de los drones para reducir los costos de acuicultura y monitorear las áreas marinas protegidas; debemos promover cambios en áreas que abarcan desde los hábitos de los consumidores en la selección de pescado fresco versus pescado congelado, hasta la toma de conciencia por parte de los pescadores sobre los límites de capturas y restauración pesquera; y también debemos ayudar a las comunidades costeras y gobiernos para que puedan mejorar su gestión de residuos.

No habiendo explorado aun el 95% de los océanos –menos que la superficie de Marte–, necesitamos impulsar la exploración, mapeando el suelo submarino, comprendiendo su biodiversidad y utilizando robots y otras tecnologías para ampliar nuestro conocimiento de este gran y único ecosistema y qué cosas lo afectan.

Y necesitamos inversión pública y privada para impulsar la innovación y modelos de negocio sostenibles. ¿Las donaciones realmente logran cambios de conducta entre los pescadores? ¿Es esa una mejor manera de utilizar los fondos que los subsidios? ¿Cómo pueden generarse oportunidades para el sector privado? ¿De qué modo se puede conseguir mayores fondos para las áreas marinas protegidas?

Realizando modelos piloto, probando innovaciones y divulgando conocimiento, el BID puede conectar exploradores, investigadores, inversionistas, proveedores de tecnología y legisladores para buscar respuestas a estas y otras preguntas.

Un área rica de explorar e investigar es por qué los modelos relacionados a la pesca sostenible están tanto menos desarrollados que aquellos pertinentes a la agricultura. ¿Podemos adaptar exitosamente estas herramientas? ¿Podemos equiparar los modelos de titulización de tierras con concesiones pesqueras o áreas marinas protegidas? ¿Qué tal crear valores comerciales con respecto a los límites de captura, utilizar nuevas tecnologías para contabilizar la pesca de manera avanzada y así reducir la incertidumbre y generar seguridad para prestamistas e inversionistas, y aplicar tecnologías para acortar las cadenas de valor? Con apoyo del BID, Shellcatch está haciendo precisamente eso, utilizando tecnología para conectar a los pescadores directamente con sus clientes aumentando la trazabilidad, reduciendo la necesidad de sobrepesca y elevando los ingresos en un 50%, a la vez que se acotan los costos de los consumidores en un 30%. También se pueden aplicar herramientas financieras, como el fondo de garantía de primera pérdida implementado a modo de piloto en Honduras, donde los bancos locales están aumentando la capacidad de capital de trabajo a aquellos pescadores que se encuentran asociados en cooperativas y que acceden a pescar de manera sostenible a la vez que se restauran y preservan los manglares.

Restaurar poblaciones sobre explotadas es esencial, y se logra mediante la combinación de abordar la pesca en altamar y acciones locales. Investigadores como Enric Sala están utilizando nuevas tecnologías para demostrar por primera vez que sin subsidios ni trabajo forzado, cerca de 50% de la pesca en altamar no sería redituable. Existen claros problemas estructurales en relación con la aplicación de las normas y los subsidios, que deben ser atendidos. En tanto ocuparse de la sobreexplotación de la pesca en altamar es de gran importancia, los países de ALC no aparecen en las listas de naciones con mayores subsidios a este tipo de pesca ni registran elevados índices de naves pesqueras de altamar.  Mientras los países de la región no tienen un rol preponderante en lo que hace a los temas de la pesca en altamar, sí pueden hacer mucho dentro de los confines de sus aguas territoriales para promover la salud de los océanos, la biodiversidad y los ingresos productivos. Estas acciones podrían elevar la producción mundial anual en 16,5 millones de toneladas, beneficiando a la seguridad alimentaria, al medio ambiente, a los inversionistas y a pescadores de pequeña escala, que son responsables del 38% de la pesca mundial. El costo de recuperar la industria pesquera en todo el mundo es de US$200.000 millones, en tanto los ingresos anuales provenientes de su producción podrían crecer entre US$53.000 millones y US$83.000 millones. Es una buena inversión, pero no será nada fácil. Requiere la coordinación de políticas, gobernanza, gestión comunitaria y cambios de conducta, como también inversión privada.

Existen ejemplos exitosos en nuestra región. En Baja California, México, NOS, una ONG fundada como un proyecto filantrópico en sus inicios, ofreció su apoyo a una cooperativa que pescaba la almeja denominada hacha. Cuando la población de esta almeja disminuyó, NOS aplicó modelos de cambio conductual entre otras herramientas, para persuadir a los pescadores y a sus familias de detuvieran temporariamente su captura.  Durante un período de recuperación de siete años, NOS ofreció trabajos de medio tiempo a los pescadores en tareas de restauración, mientras que desarrolló otras actividades como turismo. Los pescadores obtuvieron menores ingresos, pero cuando la recolección se retomó el año pasado, sus ganancias se recuperaron, comercializando US$4,5 millones de hachas. En dos años podrán autosostenerse y en 3 a 5 años, la recolección de esta almeja debería ser capaz de ofrecer pleno empleo.

Se observan cuatro etapas para la restauración exitosa, redituable y sostenible de la pesca:

  1. El marco regulatorio adecuado para Áreas Marinas Protegidas, límites de captura, o concesiones junto con subvenciones o financiamiento público.
  2. Restauración (2 a 7 años). Mientras que los pescadores se centran en reestablecer la riqueza del paisaje marino y aceptan la necesidad de hacerlo, es necesario contar con apoyo económico para contrarrestar el ingreso perdido.
  3. Recolección/producción limitada (1 a 5 años). Mientras se recupera el entorno marino, es el momento para perfeccionar el modelo de negocio, atraer nuevos socios y abrir nuevos mercados de valor superior.
  4. Cosecha completa. El ambiente subacuático es dinámico y ofrece un sustento más completo y mejor para las familias pesqueras. Se ha implementado una gobernanza y gestión para atraer inversiones que permitan un crecimiento sostenible.

Todo esto es posible y está ocurriendo actualmente a nivel local en pequeñas áreas, en México, Filipinas e Indonesia. No obstante, para poder impactar sobre gran cantidad de comunidades pesqueras es necesaria una combinación de financiamiento filantrópico y políticas y mejor la financiación de los gobiernos en las etapas iniciales. Los inversionistas también deberán comprometerse durante los años subsiguientes a apoyar el desarrollo de modelos de negocio sostenibles y preparar a estos modelos para una inversión comercial completa.

La combinación de acciones en altamar con un enfoque local sobre la restauración y sostenibilidad es clave para la recuperación de la salud de nuestros océanos.

 


Archivado Bajo:Ecosistemas y Biodiversidad

Gregory Watson

Gregory Watson lidera el programa Natural Capital Lab del BID, financiado por los gobiernos de Francia y Reino Unido. El programa trabaja con el Grupo BID y sus socios para impulsar la innovación en el financiamiento del capital natural y promover la integración de la biodiversidad. Natural Capital Lab incuba, acelera y escala nuevas soluciones a problemas ambientales urgentes al considerar la naturaleza como un activo. Anteriormente, Greg trabajó en BID Lab donde dirigió la primera inversión de capital del BID en océanos, una inversión de capital en un sistema silvopastoril de Macauba, desarrolló el primer Banco de Hábitat en ALC, apoyó una clase de activos para el comercio de capital natural y estructuró el Proyecto de inversión del Fondo Climático para los bosques de $20 millones. También creó el programa de microfinanzas ecológicas EcoMicro, conceptualizó el Climascopio y diseñó el primer proyecto FIP del sector privado en el mundo, en México. Gregory Watson tiene una maestría de la Facultad de Derecho y Diplomacia de Fletcher y una licenciatura de la Universidad de Tufts.

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