Ya ha pasado un año desde que se reportó el primer caso de Covid-19 en América Latina y el Caribe (ALC). Desde entonces, la región ha sido una de las más gravemente afectadas del mundo, con más de 70 millones de casos reportados y más de 1,5 millones de decesos.
Además de la preocupante situación de contagios y decesos, la pandemia ha generado una crisis de hambre. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han percibido retrocesos importantes en temas de seguridad alimentaria debido a una caída en los ingresos y remesas, así como al incremento en los precios de los alimentos.
En junio de 2020, presentamos los resultados de un estudio que, a través de entrevistas telefónicas a una muestra de 105 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, analizó los efectos inmediatos de la crisis del Covid-19 para la agricultura familiar. Este estudio reveló que las principales consecuencias de la pandemia en el corto plazo incluyeron una disminución de las ventas, principalmente debido a dificultades en el transporte de la producción, y una caída en la demanda. Además, se encontraron obstáculos en la obtención de insumos y mano de obra, y restricciones de liquidez causadas por la caída de los precios y la demanda. En suma, este estudio mostraba efectos preocupantes, que podían afectar la continuidad de la producción agrícola y, como consecuencia, empujar a la pobreza a los productores más vulnerables.
Si bien este primer estudio nos permitió entender los efectos inmediatos de la pandemia, la crisis de salud pública y económica en la región continuó por varios meses más. Por tanto, resultaba importante saber si los graves efectos observados durante los primeros tres meses de la pandemia continuaban, y así entender si la situación había mejorado.
A fin de arrojar luz sobre estas preguntas, se realizó el estudio: Retos para la agricultura familiar en el contexto del COVID-19: Seguimiento tras 6 meses de crisis. Entre agosto y noviembre de 2020, dimos seguimiento a la misma muestra de productores de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y República Dominicana (aproximadamente 15 productores de cada país), para explorar los efectos de la pandemia 6 meses después. Este estudio, por tanto, corresponde a la Fase 2 del estudio anterior.
En general, los resultados del segundo estudio muestran que los problemas encontrados en la Fase 1 persisten y que, en su mayoría, se han acentuado. Específicamente, en la Fase 2, los productores indicaron haber tenido mayores problemas en obtener insumos y conseguir mano de obra, y una mayor proporción de productores manifestó haber enfrentado mayores precios en los insumos. Como consecuencia, los problemas de liquidez observados en la Fase 1 desmejoraron. De hecho, mientras que un 69.5% indicó haber tenido que utilizar ahorros, vender activos o solicitar un préstamo para afrontar la crisis durante la Fase 1, en la Fase 2 esta proporción aumentó a un 82%. Adicionalmente, un 84% de los productores mencionó que sus ingresos se vieron afectados durante la Fase 2.
Esta reducción importante de la liquidez y los ingresos podría afectar la continuidad de la producción y de esta manera agravar la situación de inseguridad alimentaria en el mediano y largo plazo. De hecho, los resultados de la Fase 2 indican que un 39% de productores encuestados consideró que los ingresos del hogar no son suficientes para la compra de alimentos en el hogar, y el 64.9% de los hogares se encontró en algún estado de inseguridad alimentaria (i.e. leve, moderada o severa). Dado que sabemos que la crisis afecta la producción y los ingresos de estos agricultores, la prolongación de esta misma crisis podría agravar la situación de inseguridad alimentaria aún más.
En resumen, nuestros resultados apuntan a que, después de 6 meses de crisis, la pandemia ha afectado de forma crítica la producción agrícola de los pequeños agricultores, convirtiéndose en un ciclo vicioso de baja producción, bajos ingresos y alta inseguridad alimentaria. Los pequeños productores agrícolas se encuentran hoy en una posición más difícil que al comienzo de la pandemia y, dadas las tendencias observadas entre las dos fases de la encuesta, es probable que los múltiples retos identificados sigan afectando la dinámica del sector y la seguridad alimentaria de esta población en el largo plazo.
Para impedir que esto suceda, es necesario realizar mayores esfuerzos con políticas públicas encaminadas a reducir los problemas de liquidez y mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos. En el futuro, durante una eventual fase de recuperación de la crisis, jugarán un papel importante aquellas políticas que provean apoyo a los grupos más vulnerables y que aseguren una producción constante de alimentos para los mercados locales, evitando así un posible quiebre de la producción agrícola y ayudándolos a superar la inseguridad alimentaria.
Es importante desarrollar un programa que busque potenciar los negocios para mujeres emprendedoras de todo el Ecuador, con el fin de fortalecer su autonomía económica de manera especial en el Cantón Zapotillo.
El programa debe desarrollar estrategias de intervención que permitan mejorar competencias y habilidades que contribuyan a la viabilidad y sostenibilidad de los emprendimientos para la mujer rural de la frontera. por ello pedimos que BID nos financie este programa que consiste en especialmente la mujer produzca orgánicamente con la transformación de la materia prima de valor agregado. a su producción. por ejemplo sembrar maíz para criar pollos orgánicos con probioticos de maíz, es una buena propuesta para empoderar a la mujer campesina a crear productos finales saludables para las seguridad alimentaria. ese es un desafío que queremos que BID nos apoye estableciendo las reglas de juego claras para su ejecución inmediata. esperamos tener suerte ahora mas que nunca en tiempos de crisis, carencia de fuentes de trabajo y una pandemia que nos deja todo por hacer bien.