En República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso importado de COVID-19 el 1 de marzo de 2020. Este descubrimiento conllevó al establecimiento de medidas urgentes para frenar la expansión de la enfermedad y proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Con temor de que estas medidas pudieran generar impactos en el sistema alimentario, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Mundial (BM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en diálogo con el gobierno, llevaron a cabo un monitoreo rápido de los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria del país.
Afortunadamente el estudio no observó, a corto plazo, una reducción de la disponibilidad de alimentos a nivel nacional. El país produce cerca del 80% de los alimentos que consume, y durante el período entre enero y marzo de 2020, la producción agrícola tuvo un incremento de un 4.38% y la producción pecuaria del 5.73%, en comparación con el mismo período en 2019. Los actores de las cadenas de valor consultados indicaron que, en los primeros meses del año, la producción agropecuaria estaba garantizada, y la mayoría de los cultivos estaban sembrados y en plena cosecha. En cuanto a las importaciones de productos agropecuarios, los puertos siguieron activos, por lo que no se previeron importantes problemas de disponibilidad.
Los mismos actores informaron que sus principales limitaciones al inicio de la pandemia eran: i) falta de mano de obra para la cosecha, por restricción en la circulación en horario normal de trabajo; ii) falta de transporte; y, iii) la falta de mercados. Los problemas de circulación y transporte han sido rápidamente solucionados por el gobierno a través de resoluciones, y también se atendieron parcialmente los problemas de mercado.
Sin embargo, la falta de compradores, particularmente por la brusca caída del turismo, generó una reducción de las ventas. Esto impactó los ingresos de los productores agropecuarios, quienes podrían tener, a corto o mediano plazo, tendencia a reducir la producción para adaptarse al mercado y una reducida capacidad de inversión. Esto, a su vez, podría reducir la necesidad de mano de obra rural y los ingresos de hogares muy vulnerables de trabajadores rurales, con menos acceso a programas sociales gubernamentales. Otro aspecto importante, en relación con las importaciones, es la pérdida de valor del peso frente al dólar que podría provocar aumento de precios o escasez de insumos agropecuarios en los mercados.
En los primeros meses de incidencia de la COVID-19 no se han producido aumentos muy significativos de los precios de los alimentos. En el caso de los rubros de primera necesidad, la reducción de la demanda desde los centros turísticos, así como la necesidad de colocar en el mercado la producción destinada a exportación, ha puesto presión hacia abajo en los precios a nivel del productor.
En cuanto al consumo de productos alimenticios, no se refleja una caída significativa con respecto a lo esperado. La disponibilidad de bienes alimenticios de producción nacional e importados ha sido adecuada para satisfacer la demanda. Sin embargo, se observó una reducción de la demanda de alimentos en las zonas turísticas y se espera que esta situación se mantenga en los próximos meses. Asimismo, se espera que la disminución de los ingresos debido a la pérdida de empleos y reducción de las remesas pueda afectar la capacidad de consumo de la población.
Con relación a 2019, las exportaciones del período enero-marzo 2020 se redujeron, como consecuencia del establecimiento de medidas restrictivas en la mayoría de los socios comerciales de República Dominicana, tales como Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Reino Unido. El cierre de las exportaciones provocó problemas de comercialización importantes y pérdida de competitividad. El cierre de la frontera con Haití impactó mayormente a las exportaciones de productos pecuarios (carnes de res, cerdo, pollo y huevos), en las cuales se observó una reducción drástica en marzo de 2020.
Medidas en Respuesta a la Pandemia
El gobierno de República Dominicana implementó un conjunto de medidas que buscaron contrarrestar los impactos de la COVID-19. Dentro de estas medidas, las financieras y tributarias impactaron la disponibilidad y acceso de los alimentos de la población. Las facilidades para acceder a financiamiento ayudaron a que los sectores productivos, incluyendo la producción de alimentos, pudieran refinanciar sus actividades en un momento de disminución significativa de sus ventas.
Las medidas sobre el empleo buscaron salvaguardar la estabilidad económica de más de 700 mil empleados de diversos sectores productivos y asegurar el mantenimiento de las cadenas de valor de bienes básicos. Las medidas sociales buscaron proteger el ingreso de los hogares y trabajadores informales, especialmente de los más vulnerables. Las medidas en el sector agroalimentario estuvieron principalmente orientadas a apoyos a la producción y a la comercialización de los alimentos, a través de las cuales se buscó reducir el impacto de la COVID-19 en la interrupción de las cadenas de abastecimiento alimentario de productos como la carne de pollo, leche, quesos y vegetales.
Como parte de las medidas recomendadas para garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos, así como los medios de vida de los pequeños productores, se encuentran las siguientes: i) adopción de protocolos de bioseguridad a nivel de las unidades productivas y cadenas de valor para frenar la evolución de la pandemia, particularmente en el medio rural; ii) la continua disponibilidad de recursos financieros para los productores agropecuarios (crédito, subsidios, compras públicas de alimentos, entre otros); iii) subsidios sociales para garantizarlos ingresos de los consumidores afectados por el desempleo o la disminución de su salario.
Más allá de esta pandemia y en vista de la recesión económica mundial, también es importante seguir invirtiendo en los programas públicos relacionados con el mejoramiento de la productividad y la competitividad agropecuaria, tales como la infraestructura de riego y transporte rural, la innovación y transferencia de tecnología, y los programas de sanidad animal, vegetal y de inocuidad agroalimentaria. Para las mujeres rurales, siendo un grupo particularmente vulnerable, se recomienda el desarrollo de estrategias específicas que comprendan tanto asistencia social, productiva y económica a corto y mediano plazo, que tomen en consideración sus necesidades, intereses y contexto.
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