La celebración del “Mes del Orgullo” nos recuerda que, si bien se han logrado algunos avances en la protección de los derechos de las poblaciones pertenecientes a las diversidades sexuales y de género, debemos reconocer que aún existen muchos riesgos adicionales a los que se exponen las personas LGBTIQ+ por la discriminación basada en su identidad de género y orientación sexual. Identificar estos riesgos desde las etapas tempranas de los proyectos de desarrollo, nos permite abordarlos y comprender que estas discriminaciones plantean, a su vez, un reto para el desarrollo económico de la región. Al hablar de diversidades de género nos referimos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero/transexuales y demás personas que se identifican con otra orientación sexual y/o identidad de género, como queer, en cuestionamiento, asexual y/u otros. El “+” del término LGBTIQ+ permite la inclusión de otros grupos autodefinidos.
Como una respuesta a estos riesgos, la Norma de Desempeño Ambiental y Social de Equidad de Género (NDAS 9) que forma parte del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID, expande el concepto de género a diversidades de género (conocida como SOGI, por sus siglas en inglés, que se traducen como orientación sexual e identidad de género). La diversidad sexual enfatiza las posibilidades que tienen las personas de expresar, identificarse, y vivir su sexualidad, de la mano con expresiones de género distintas en cada contexto cultural y específicas a cada persona en su cotidiano. De esta manera, aunque la sexualidad es importante para todas las personas, independientemente de su expresión, la misma no define la cotidianeidad de las poblaciones LGBTIQ+.
GéneroS: efectos acumulativos
Una pregunta que puede surgir es por qué agrupar bajo la misma norma a niñas, mujeres, y personas de géneros diversos. Entre los comunes denominadores de estos grupos, documentados ampliamente en la literatura científica, se encuentran las formas de discriminación basadas en género e identidad sexual. En este sentido, son los condicionamientos culturales alrededor de “lo femenino” que pueden crear vulnerabilidades adicionales. Por ejemplo, formas de violencia sexuales como el acoso y el abuso sexual predominan en mujeres, niñas y en las poblaciones LGBTIQ+.
Escenarios como el ausentismo y la deserción escolar por factores acumulativos como el hostigamiento escolar y el estigma inhiben, a su vez, las posibilidades de desarrollo personal y económico. Este estigma está anclado sobre expectativas social y culturalmente construidas alrededor de lo que conocemos como “femenino”, asociado a las mujeres, y “masculino”, asociado a los hombres, que difieren de una sociedad a otra.
Si bien el cuerpo biológico dictamina vulnerabilidades adicionales (por ejemplo, abuso sexual, incluyendo violación, que conduce a lo que conocemos como embarazos forzados en el caso de menores de edad), son los entendimientos y prácticas alrededor de “lo femenino” que también actúan como formas de discriminación concretas tanto en mujeres “cis” (que nacieron con un sexo biológico que coincide con su identidad de género) como en las mujeres transgénero.
Cuando se percibe que las normas culturales de lo “femenino” y lo “masculino” han sido transgredidas, la respuesta societal suele ser la exclusión y la violencia. La exclusión, por su parte, causa que las personas trans y de géneros diversos presenten tasas más elevadas de desempleo, de la mano de un menor acceso a servicios adecuados de salud, vivienda digna y servicios financieros. La violencia sistémica en base a géneroS y sexualidad impide el crecimiento económico.
La discriminación y exclusión sistemática obstaculiza el desarrollo económico de las poblaciones LGBTIQ+
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Personas Trans y de Género Diverso (2020) en relación con sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, da cuenta de los actos de discriminación y prejuicio que obstaculizan el acceso a salud, educación, y una vida libre de violencias. Puntualiza, como uno de los retos adicionales, la falta de datos sobre las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+ que dificulta emprender acciones concretas para abordar estas múltiples desigualdades de manera integral.
Estos actos de exclusión se incrementan si añadimos a la orientación sexual e identidad de género, la precariedad económica, la etnicidad, el lugar de procedencia, el estatus migratorio, la edad, entre otros.
Este marco de desigualdades alude tanto a la precarización socioeconómica, fruto de los estigmas histórico y contextualmente construidos, como a la experiencia misma de exclusión que se traduce en una carencia de derechos, y en una mayor precariedad en el ámbito de la salud, educación, economía y trabajo, vivienda digna, participación política y cívica, y seguridad personal.
Señalamos en este contexto, dos de las medidas de mitigación que forman parte del marco de políticas de salvaguardias sociales y ambientales, orientadas a proveer lineamientos hacia buenas prácticas en los proyectos de desarrollo del BID. Un abordaje de “cero tolerancia” a la discriminación requiere reconocer las situaciones que enfrentan las personas LGBTIQ+ y cómo pueden ser exacerbadas en un proyecto dado.
- Consultas públicas: la inclusión de las personas de orientación sexual e identidad de género diversa en las instancias de consultas públicas, garantizando la protección, seguridad y confidencialidad de sus participantes. Es recomendable que estas consultas sean coordinadas conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y LGBTIQ+ que tienen una relación de confianza establecida con estas poblaciones, bajo el principio de confidencialidad.
- Medidas de restauración: las personas LGBTIQ+ desplazadas económicamente, cuyos modos de sustento se ven afectados de manera adversa, deben tener oportunidades para mejorar, o al menos restaurar, sus modos de sustento. Las medidas de restauración, incluida la compensación por salarios perdidos durante el período de reasentamiento y empleo, la capacitación y/o las oportunidades de crédito, deberían ser igualmente accesibles, y estar adaptadas a las necesidades, circunstancias e intereses de las poblaciones LGBTIQ+.
En definitiva, el BID, como organismo multilateral, juega un rol importante en asegurar sociedades más equitativas. El que los programas de desarrollo internacional sean no solo accesibles a las personas LGBTIQ+, sino que tomen en cuenta las condiciones subyacentes a las vulnerabilidades nombradas que podrían magnificarse con los proyectos de desarrollo, es un gran paso hacia la dirección adecuada, como lo es un desarrollo económico que reconoce la importancia de la inclusión social.
Esta entrada hace parte de una serie sobre el nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID. Te invitamos a leer también:
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Felicidades Ma Amelia, sin duda un análisis super constructivo para aplicarlo al modelo de desarrollo, y sobre todo muy oportuno para el entorno rural que está menos explorado.