El compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo con la igualdad de género se sustenta en el convencimiento de que ésta es un valor intrínseco y un objetivo en sí mismo, así como en las evidencias que muestran que la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de desarrollo contribuye a su éxito y sostenibilidad.
Estos principios se reflejan en la Política Operativa de Igualdad de Género en el Desarrollo, aprobada en 2011, y por la cual el BID asume tres compromisos claves.
- Identificar los potenciales impactos negativos y los riesgos de exclusión por razones de género que pueden darse en un proyecto y adoptar las medidas necesarias para prevenirlos, evitarlos o mitigarlos, lo que se denomina salvaguardas de género.
- Garantizar que las necesidades y visiones de hombres y mujeres sean tenidas en cuenta en todas las intervenciones del Banco.
- Apoyar a los países miembros a implementar programas dirigidos a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
En relación con las salvaguardas de género, no existe una lista exhaustiva y cerrada de posibles riesgos, sino que identificarlos y combatirlos requiere un análisis participativo del contexto sociocultural e institucional en el que proyecto se desarrolla. Sin embargo, a partir de la experiencia acumulada en la aplicación de la Política de Género, es posible delinear algunos de los peligros que aparecen con mayor frecuencia en nuestros proyectos.
En primer lugar, el incremento de la violencia de género, incluyendo la explotación sexual y el tráfico de personas, es uno de los más graves. Este problema suele estar vinculado a la instalación de campamentos temporales de obreros o al incremento significativo de población procedente de otras áreas, lo que normalmente ocurre en proyectos de construcción de grandes infraestructuras. La implantación de códigos de conducta en las empresas constructoras, las campañas comunitarias de información y sensibilización, así como el fortalecimiento de los servicios de salud son medidas que se han mostrado efectivas a la hora de mitigar estos peligros.
Segundo, el empobrecimiento por la pérdida de tierras, vivienda u otros bienes es un riesgo siempre presente en los proyectos que conllevan el desplazamiento de población para construir nuevas infraestructuras, mejorar el entorno urbano o liberar zonas de riesgo. Si bien el traslado afecta a todos los miembros de la familia, las mujeres pueden hallarse en situación de desventaja si los criterios para acceder a una indemnización económica, una nueva vivienda o tierras contienen sesgos de género tales como exigir un título legal de propiedad u otorgar la compensación al cabeza de familia, figura que en la región se ha asignado tradicionalmente a los varones. A fin de evitar este riesgo, el Banco, en conformidad con la legislación de la mayoría de los países de la región, promueve la titulación conjunta a nombre la pareja de todos los bienes otorgados a modo de compensación.
Tercero, la exclusión de las mujeres de los procesos de consulta es otra de las amenazas a los que con frecuencia se enfrentan nuestros proyectos. El Banco es claro en exigir la participación equitativa de hombres y mujeres, para lo cual, en ocasiones, puede ser necesario adoptar medidas especiales para derribar las barreras socioculturales y económicas que silencian la voz de las mujeres, especialmente de aquellas tradicionalmente excluidas de los procesos de decisión, como mujeres cabezas de familia, indígenas o afrodescendientes. Con este fin, algunos proyectos han llevado a cabo consultas exclusivas con mujeres, conformado equipos mixtos de consulta y puesto especial atención a que los encuentros se celebren en espacios fácilmente accesibles y seguros, en horarios compatibles con las responsabilidades laborales y domésticas de hombres y mujeres.
Cuarto, los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los empleos generados por los proyectos, sobre todo en las obras de infraestructura que emplean casi exclusivamente mano de obra masculina, constituyen otra amenaza para la igualdad de género. Es por ello que el Banco exige a sus contratistas políticas y prácticas de recursos humanos que, como mínimo, garanticen los principios de no discriminación, trato igualitario e igual remuneración por igual trabajo. A su vez, y cada vez en mayor medida, nuestros proyectos incluyen acciones afirmativas para incentivar la entrada y permanencia de más mujeres en el mercado laboral.
Como se ha señalado, no existe un recetario de riesgos y soluciones válido para todo proyecto y situación. Sin embargo, el BID ha desarrollado una serie de herramientas para ayudar a los equipos a identificar y evitar los principales riesgos y así garantizar que los proyectos contribuyan efectivamente al progreso de hombres y mujeres, de sus comunidades y de la sociedad en general.
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