Una fecha histórica como el ocho de marzo de 1908 conmemora a miles de mujeres trabajadoras de la industria textil que marcharon en las calles de Nueva York para reclamar una vida digna incluyendo la lucha contra el trabajo infantil, a través del lema “Pan y Rosas”. El incendio en el Triangle Shirtwaist en la misma ciudad se toma trágicamente la vida de cientos de mujeres marginalizadas, muchas de ellas trabajadoras inmigrantes, y todas en condiciones de precariedad, ausencia de derechos y seguridad en su trabajo. Por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo, una de las puertas de evacuación estaba cerrada para evitar que las trabajadoras se tomasen descansos.
Tener presentes estos eventos lamentables detrás de las brechas que siguen afectando diariamente a las mujeres, nos brinda una oportunidad de reconocer las contribuciones históricas de las mujeres y sus comunidades hacia la igualdad. Las brechas aún persisten y se unen a otras desventajas como la condición socioeconómica, migrante, discapacidad, pertenencia étnica y orientación sexual.
Sabemos que dichas brechas de género están presentes en diferentes sectores laborales, tanto en el acceso a éstos, como en las barreras para la participación equitativa que se manifiestan, por ejemplo, en discriminación en procesos de contratación, que a su vez se pueden traducir en menor acceso a empleabilidad en dichos sectores. Estas brechas afectan desproporcionada y diferenciadamente a las mujeres y otros grupos marginalizados debido a su género, dificultando alcanzar la plenitud de la igualdad. Esta situación también tiene una incidencia en la calidad y bienestar de vida de las mujeres y su entorno.
Identificar y analizar el riesgo de violencia sexual y de género en los proyectos, adoptar medidas para prevenirla y, en caso de haber violencia, responder de forma pronta y oportuna, son el fundamento del Marco de Políticas Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, en su Norma de Desempeño Ambiental y Social 9 de Igualdad de Género (NDAS 9).
Este Marco, de la mano con su Norma 9 y su respectiva guía permiten identificar y mitigar los impactos y riesgos relacionados con la violencia de género. Estas herramientas y directrices abarcan consideraciones alrededor de la naturaleza de las medidas de mitigación y tecnologías propuestas, estructuras de gobernanza y legislación, así como factores relativos a la situación de estabilidad, conflicto o seguridad, de acuerdo con el contexto cultural de cada país en áreas como salud, educación, energía, vivienda, transporte o agua y saneamiento.
Fichas de país con un enfoque e impacto de género
Para facilitar el análisis y abordaje de la violencia basada en género, compartimos cuatro fichas de país de la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Estas fichas contienen información fácil de utilizar y acceder sobre violencia de género, para facilitar el análisis socioambiental y la identificación de riesgos de género. Los datos son actualizados conforme cambian los contextos y las cifras. Aunque al momento tenemos disponibles estas cuatro fichas de la región de la Comunidad Andina en español, buscamos expandirlas a todos los países de la región, de forma que sirvan para consulta en la preparación de proyectos.
Las fichas contienen los siguientes datos:
- Identificación de las principales organizaciones y redes de organizaciones en el área de prevención y atención de las violencias de género organizadas por área de trabajo (incidencia política, sensibilización y educación, atención a sobrevivientes, etc.).
- Ruta de atención a sobrevivientes de violencia de género, a nivel nacional y local.
- Análisis de la efectividad de esta ruta y sus principales retos.
- Normativa nacional sobre violencia sexual y de género.
- Cifras sobre prevalencia de violencia de género en el país, registros oficiales de casos y datos sobre tolerancia social ante este tipo de violencias.
- Entidades públicas con mandato en el diseño e implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia de género y entidades públicas que prestan servicios de atención a víctimas.
Estos recursos van de la mano con las iniciativas estatales de prevención y promoción de derechos de las mujeres, facilitando acciones puntuales hacia la igualdad.
Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones es clave y se traduce en beneficios para los proyectos no solo en términos de igualdad, sino también en aumentar el impacto positivo de los proyectos en sí. Cuando las perspectivas y necesidades de las mujeres son consideradas detenidamente y traducidas en acciones, nuestras comunidades crecen y florecen.
*Las fichas fueron desarrolladas por Julia Míguez y María Amelia Viteri, especialistas sociales senior (VPG/ESG/BID) en conjunto con las consultoras expertas Rocío Rosero Garcés y Ariadna Reyes Ávila.
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