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seguridad alimentaria chile

Conoce cómo Chile enfrentará los nuevos desafíos de seguridad alimentaria con el apoyo del BID

April 17, 2024 por Daniela Castillo - Maja Schling - Romina Ordoñez Deja un comentario


La seguridad alimentaria es un objetivo esencial para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe (LAC), ya que garantiza que todas las personas tengan acceso en todo momento a alimentos suficientes, nutritivos e inocuos. En 2015, LAC fue la única región del mundo que alcanzó el objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de reducir la proporción de personas con desnutrición a la mitad entre 1990-2015[1]. Sin embargo, la prevalencia de la inseguridad alimentaria aumentó fuertemente desde entonces, y en 2021 afectó a 40% de la población en la región[2], poniendo en riesgo los importantes logros alcanzados anteriormente. Chile, un país que históricamente y aún hoy posee una incidencia de inseguridad alimentaria considerablemente menor a la de LAC (17,4% en el país versus 37,3% en la región en 2019-2021), ha visto su inseguridad alimentaria incrementarse sustancialmente en la última década, al punto de hoy en día afectar a más de tres millones personas en el país[3].  En esta entrada les contamos cómo Chile ha decidido enfrentar este reto de la mano del BID.

En Chile, al igual que en otros países de la región, el sector agropecuario desempeña un papel fundamental para la seguridad alimentaria al contribuir a la disponibilidad de alimentos. La agricultura familiar, campesina e indígena de Chile, que representa el 73% del total de unidades productivas agrícolas[4], enfrenta retos importantes para aumentar sus niveles de productividad, como una baja adopción de tecnologías y prácticas más eficientes, y dificultades de acceso al crédito. Como resultado, el 79% de estos productores se encuentran entre el 50% de los hogares con menos ingresos del país[5], lo que paradójicamente suele afectar su propio acceso a los alimentos.

Sumado a esto, los riesgos agroclimáticos, como la sequía, las heladas, los incendios forestales, las lluvias intensas e inundaciones, afectan cada vez más la disponibilidad y la estabilidad del acceso a alimentos. La emergencia agrícola declarada a raíz de los más de 200 incendios que ocurrieron entre enero y marzo 2023, y la emergencia causada por el sistema frontal en junio de 2023, implicó el redireccionamiento de alrededor de US$30 millones a la recuperación del sector agrícola. De los afectados en el sector por los incendios 2023, el 64% eran productores de la agricultura familiar, y 45% de ellos eran mujeres. La resiliencia de la agricultura familiar a estos eventos depende en buena medida de su acceso a recursos financieros, tecnologías y conocimiento sobre manejo sostenible de los recursos naturales; pero también de un enfoque de género explícito para proveer el apoyo necesario a las mujeres productoras[6].

Además, el riesgo de introducción y brotes de enfermedades y plagas se ve favorecido por el aumento de temperaturas y el cambio climático, lo cual, junto con el incremento del comercio de productos agropecuarios, representa un desafío para mantener el estatus zoo-fitosanitario del país y proteger la disponibilidad y estabilidad de alimentos inocuos. 

Para hacer frente a estos desafíos y resguardar la seguridad alimentaria se debe adoptar un enfoque multidimensional, involucrando a múltiples actores y rescatando la valiosa experiencia que tiene la región en la materia. Es por esto que el Gobierno de Chile con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha preparado un proyecto de inversión de US$50 millones que ayudará a Chile a fortalecer sus servicios públicos agropecuarios con el fin de mejorar la seguridad alimentaria en el país. El préstamo, que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID en enero de 2024, permitirá:

1. Apoyar la productividad y resiliencia de la agricultura familiar, campesina e indígena mediante la modernización de la oferta programática del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile (INDAP), agencia pública responsable de apoyar a este estrato de productores. La modernización incluirá la preparación de planes de desarrollo agropecuario sostenibles para los productores beneficiarios del INDAP, la modernización del modelo de extensión con el apoyo de herramientas digitales, y un modelo de evaluación y seguimiento de sus programas.

2. Aumentar la capacidad de protección del patrimonio fito-zoosanitario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) como ente encargado de la sanidad animal y vegetal del país, con lo cual se espera contribuir a una mayor eficacia en la prevención y control de plagas y enfermedades mediante la incorporación de nuevas tecnologías y mejores procesos. Entre las medidas que se adoptarán destaca la creación de una unidad de inteligencia fito-zoosanitaria que creará un sistema de alerta temprana de emergencias fitosanitarias para la gestión efectiva de los riesgos.

3. Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en el sector agropecuario, mediante la consolidación del marco normativo y la elaboración de instrumentos de política necesarios para una gestión eficiente de estos riesgos, la implementación de un sistema de información para apoyar la toma de decisión sobre la gestión de riesgos de desastre, y la expansión de la cobertura de la Red Agro-Meteorológica Nacional (RAN).

En los próximos años, esperamos que Chile se convierta en un ejemplo exitoso de anticipación y adaptación a los riesgos que enfrenta la seguridad alimentaria en la región.  


Referencias:

[1] FAO (2017). The future of food and agriculture – trends and challenges. Roma

[2] FAO et al (2023)  Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional – América Latina y el Caribe 2022: hacia una mejor asequibilidad de las dietas saludables. Santiago de Chile. https://doi.org/10.4060/cc3859es

[3] FAO et al. (2023). “Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional – América Latina y el Caribe 2022. Hacia una mejor asequibilidad de las dietas saludables”. FAO: Santiago, Chile. Disponible en: https://www.fao.org/3/cc3859es/cc3859es.pdf

[4] Gobierno de Chile (2023). Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria. Santiago: Chile. Disponible en: https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/72407/EstrategiaNacionaldeSoberaniaParaSeguridadAlimentaria.pdf

[5] Berdegué, J. & López, D. (2018). “Mediana agricultura y agricultura familiar en Chile hacia el año 2030”, Reflexiones y Desafíos al 2030: Perspectiva de Especialistas Externos. ODEPA: Santiago, Chile. Disponible en: https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/AFC13parte.pdf

[6] Minagri (2023). “Informe situación agropecuaria emergencia agrícola: incendios 2023”. Ministerio de Agricultura. Disponible en: https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=271199&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

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Crédito de imagen: Shutterstock


Archivado Bajo:Agricultura y Seguridad Alimentaria Etiquetado con:Agricultura y Seguridad Alimentaria, desarrollo rural, Gestión del Riesgo

Daniela Castillo

Daniela Castillo Rodríguez (nicaragüense) es consultora de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Gestión de Riesgo de Desastres en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es Máster en Política Social e Investigación Social de la University College London UCL (becaria Chevening) y Máster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Antes de trabajar en el BID, fue parte del equipo de investigación de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en Santiago de Chile, ha sido asistente de investigación en la Universidad Alberto Hurtado, profesora asistente de cursos de posgrado sobre descentralización y desarrollo territorial en la Universidad de Chile, y profesora de la cátedra de políticas públicas de la Universidad de Santiago de Chile. Daniela también participó en la ejecución de proyectos sobre agua y saneamiento rural, educación y tecnología, y vivienda de emergencia en Nicaragua. En 2024 iniciará sus estudios de Doctorado en Planificación del Desarrollo en UCL, Londres.

Maja Schling

Maja Schling es economista en la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (RND) del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene experiencia práctica y de investigación sustancial en desarrollo internacional, específicamente en las áreas de agricultura, recursos naturales y cambio climático. En los últimos cinco años, ha participado en el diseño y la implementación de evaluaciones de impacto para numerosos proyectos agrícolas y de recursos naturales en toda la región de ALC, incluidos proyectos de sanidad animal y vegetal en Brasil y México, programas de extensión agrícola en Guyana y Argentina, y un programa de protección costera en Barbados. Actualmente, su trabajo se centra en la incorporación de datos y metodologías innovadoras en las estrategias de evaluación para captar todas las dimensiones posibles del impacto – económica, social y ambiental – con el objetivo de mejorar la efectividad de futuras intervenciones. Antes de unirse al BID, Maja obtuvo un doctorado en economía de American University, y trabajó con la ONG Impact Network para evaluar su programa de escolarización en zonas rurales de Zambia.

Romina Ordoñez

Romina es Especialista Senior de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Manejo de Riesgos de Desastres Naturales (RND) del Banco Interamericano de Desarrollo basada en Santiago de Chile, desde donde lidera el diseño y la ejecución de proyectos y cooperaciones técnicas con el gobierno de Chile, y evaluaciones de impacto en varios países de la región. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño, supervisión y evaluación de proyectos de desarrollo. Anteriormente, ha trabajado en el sector de agronegocios del Departamento de Estrategia y Desarrollo de BID Invest y en la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID en Washington DC. Posee un Doctorado en Economía Agrícola de la Universidad de Maryland, una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella, una Licenciatura en Economía de la Universidad de Buenos Aires y una tecnicatura en periodismo.

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