La pandemia causada por el COVID-19 ha afectado todas las actividades de nuestras vidas. Lo que conocíamos como la “normalidad” ha cambiado radicalmente y pareciera un pasado lejano. Algunos aseguran que hemos pasado el punto más difícil de la crisis. Sin embargo, todavía hay muchos retos que superar, no solo en el sector salud sino también en otros sectores como el agroalimentario.
Especialmente, es fundamental garantizar la seguridad alimentaria para que esta crisis no aumente de manera desproporcionada la población que experimenta hambre en América Latina y el Caribe, considerando acciones que fortalezcan nuestros sistemas agroalimentarios. Así, debemos plantearnos varios interrogantes respecto a lo que pueda pasar en el corto y mediano plazo con nuestros sistemas agroalimentarios. Por ejemplo: ¿puede el COVID-19 amenazar la disponibilidad y el suministro de alimentos? ¿Esta crisis puede afectar la calidad de nuestras dietas? ¿Se verá afectado el comercio internacional de alimentos?
Los números muestran que el sector agroalimentario es responsable del 10% del PIB mundial y que emplea a cerca de 1.5 billones de personas. Además, la producción de alimentos está cada vez más interconectada globalmente y se estima que, en los últimos 30 años, las exportaciones del sector han crecido seis veces. Sin embargo, este sistema agroalimentario enfrenta nuevos retos con esta pandemia que incluyen la caída de la demanda de alimentos por disminución de ingresos de la población, la menor movilidad de trabajadores por las medidas cuarentenarias, las disrupciones en el transporte, y las dificultades al comercio, entre otros.
En general, esta pandemia amenaza la seguridad alimentaria de la región, que en los últimos años ya venía revirtiendo su tendencia de crecimiento positivo según datos de FAO. Las últimas cifras publicadas muestran que aproximadamente 42 millones de personas experimentan hambre y que 180 millones de personas experimentan inseguridad alimentaria. Esto acompaña la tendencia de crecimiento de la pobreza en la región, la cual afectaba al 27,8% de la población en 2014 y que, en 2018, aumentó al 30,1%.
Los desafíos que enfrenta la seguridad alimentaria de la región a causa del COVID-19 se agravan con los pronósticos económicos. Estimaciones recientes sugieren una contracción del 5.2% la economía mundial para el año 2020 (WB, junio 2020), la mayor recesión de las últimas ocho décadas. En la región, la CEPAL pronostica que la economía caería del 5% al 7%, la pobreza aumentaría al 35% (afectando a 220 millones de personas) y la pobreza extrema creceria al 14% (90 millones de personas). Desafortunadamente, estas predicciones ya se están materializando en términos de inseguridad alimentaria. De hecho, resultados preliminares de encuestas realizadas por el BID y la Universidad de Cornell muestran que el 40% de los hogares más pobres están experimentando hambre y 50% están cambiando su consumo a dietas menos saludables.
Para afrontar la crisis, la importancia del contexto
Ante la pandemia, la región ha actuado rápidamente y la mayoría de los países han declarado el sector agroalimentario como esencial, lo cual ha permitido mantener una “relativa” normalidad que ha logrado mantener la operatividad del sector. Además, un hecho destacable es la declaración realizada por los Ministros de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural de 26 países de la región. En esta declaración los ministros se comprometen a implementar medidas para sostener la producción y asegurar el funcionamiento de los mercados, entre otros.
Adicionalmente, ante el shock de demanda inicial -causado por cierre de restaurantes, expendios de comida, hoteles y menores ingresos de la población- los gobiernos han aumentado la cobertura de los programas de protección social y generado mecanismos para aumentar la liquidez de las empresas. Sin embargo, estas acciones pueden quedarse cortas ya que la caída en la demanda de alimentos podría desembocar en un problema de oferta (p. ej. disrupciones en la producción por problemas de liquidez, falta de mano de obra, falta de insumos, ruptura de la cadena de suministro) si no se toman algunas medidas de política pública de apoyo al sector agroalimentario. A su vez la posible reducción en la oferta de alimentos podría generar un aumento importante en los precios, lo que podría agravar los problemas de acceso a estos productos, sobre todo por parte de la población mas vulnerable.
De manera general, lo que parece claro es que las acciones de política requeridas para mantener la seguridad alimentaria varían de acuerdo con el contexto, y dependen de: (i) la tipología de países en términos de intercambio comercial; y (ii) el portafolio de rubros agrícolas cultivados. Por ejemplo, en los países productores netos de alimentos (p. ej. países del Cono Sur), los mayores impactos podrían generarse por: (i) desabastecimiento o alto costo de insumos productivos; y/o (ii) incremento en los costos de transporte en primera y última milla. Por otro lado, los países importadores netos de alimentos (p. ej. países del Caribe) son altamente vulnerables a disrupciones en el comercio internacional y la depreciación de la moneda que podría causar aumento sustancial en los precios de los alimentos. Además, la disminución de otras actividades económicas como el turismo puede provocar una caída en los ingresos que se traduciría en menor acceso a alimentos.
En lo que corresponde al portafolio de alimentos producidos en cada país, los países productores de staple commodities (p. ej. productos básicos como cereales, maíz, arroz, etc.), rubros que están altamente tecnificados, se verán afectados principalmente si se presentan altos costos o disrupciones en el transporte o almacenamiento de mercancía. Mientras que los países especializados en productos perecederos e intensivos en mano de obra podrán ver afectada la producción por restricciones al movimiento de personas. Así, es fundamental que los países analicen su posición comercial, su portafolio de cultivos y su cadena de suministro de alimentos e insumos para tomar medidas preventivas que eviten un desabastecimiento de estos productos
Recomendaciones para luchar contra el hambre
Pero ¿qué podemos hacer para mantener la seguridad alimentaria en la región durante la crisis y no exacerbar el problema de hambre en la región? Primero, recordemos que la seguridad alimentaria se define como “la situación que existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida activa y sana” (FAO, 2006). La seguridad alimentaria se compone de cuatro dimensiones: (i) la disponibilidad de alimentos: oferta de alimentos a nivel nacional o local; (ii) el acceso a los alimentos: disponibilidad de recursos (e.j., financieros, físicos) con los que cuentan los hogares para poder adquirir una cantidad apropiada de alimentos; (iii) la utilización de los alimentos: calidad de los alimentos necesaria para alcanzar un estado nutricional adecuado; y (iv) la estabilidad de los alimentos: capacidad de mantener un acceso constante a los alimentos necesarios. El siguiente gráfico muestra la interacción de estas dimensiones en el sistema agroalimentario.
Sistema Agroalimentario
Esto implica que, para cumplir el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, se deben considerar acciones que abarquen todas las dimensiones que interactúan como parte del sistema agroalimentario, y que consideren todos los eslabones de la cadena de suministro de insumos y alimentos. Los gobiernos deben promover acciones que:
- Mantengan el acceso a los alimentos con especial atención en las poblaciones vulnerables (i.e. niños, mujeres, poblaciones indígenas)
- Garanticen el acceso a alimentos inocuos y nutritivos.
- Reduzcan la pérdida de alimentos.
- Aseguren la producción nacional de alimentos.
- Provean liquidez a los pequeños y medianos agricultores.
- Mantengan operativas las cadenas de suministro de alimentos e insumos.
- Apoyen el comercio internacional de alimentos e insumos.
- Fortalezcan la estabilidad de los alimentos a través del establecimiento de sistemas de información que monitoreen precios de alimentos, insumos y servicios de transporte.
Para apoyar a los gobiernos en la identificación de medidas específicas, el BID ha elaborado el reporte: “Garantizando la Seguridad Alimentaria en ALC en el contexto del COVID-19: Retos e Intervenciones”. En este documento se analizan los principales problemas que pueden amenazar las dimensiones de la seguridad alimentaria y se describen las acciones que los países pueden implementar para esta pandemia no se convierta en una crisis alimentaria.
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