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¿Cómo la guerra entre Rusia y Ucrania puede llegar hasta tu mesa?

April 21, 2022 por Gonzalo Rondinone - Carmine Paolo De Salvo - Lina Salazar - Gonzalo Muñoz Deja un comentario


Los precios de los rubros agrícolas han mostrado una alta volatilidad desde el principio de la década del 2000. Estos alcanzaron un pico en 2008, desde entonces declinaron fuertemente y se recuperaron de nuevo a partir de 2010[i], obteniendo un nuevo máximo propiciado por el evento climático de sequía histórica en Estados Unidos en 2012. Comparativamente, el período 2015-2019 se caracterizó, en cambio, por la recomposición de los stocks mundiales de soja, trigo y maíz, coincidente con años de precios relativamente bajos.

Por su parte, el año 2020 marcó un fuerte contraste con el lustro anterior al registrar un incremento considerable en los precios de los alimentos a causa de una reducción de inventario de varios rubros agrícolas junto con interrupciones en la cadena de suministros globales, producto de la pandemia de COVID-19. Además, durante la cosecha 2021-2022, también se registraron eventos climáticos de sequía en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, presionando al alza los precios agrícolas. A este contexto se suma la guerra entre Rusia y Ucrania que ha llevado los precios de ciertos alimentos hasta niveles no vistos desde el pico de 2008 y, en algunos casos, marcando otro máximo histórico en valores corrientes (p. ej. la soja y el trigo) como se observa en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Precios de rubros

– dólares por tonelada –

Fuente: BID en base a MACROTRENDS

Rusia y Ucrania representan de manera conjunta el 25% del trigo exportado globalmente, y los países de América Latina y el Caribe (ALC) importan cantidades importantes del mismo desde ambos países (ver Gráfico 2). Por ejemplo, México importa un 5% del total de Rusia y Ucrania, mientras que Nicaragua importa un 80% y Haití un 13%.

Gráfico 2: Flujo de exportaciones de trigo 2013-2020

-miles de dólares; entre paréntesis para cada país se indica la participación en el total importado de origen ruso y ucraniano-

Fuente: BID en base a COMTRADE

Además de los efectos sobre los precios de los alimentos, la guerra ha afectado la disponibilidad de fertilizantes, desencadenando así posibles impactos de mediano y largo plazo para el sector agrícola a nivel mundial. Esto debido a que tanto Rusia como Ucrania son proveedores de fertilizantes (p. ej. UREA, Amoniaco Anhidro, Nitrogenados, Potásicos y Fosfatos), y también generan insumos necesarios para su producción por parte de otros países (p. ej. gas natural). De hecho, solamente Rusia provee el 15% del total de exportaciones de fertilizantes y 10% de petróleo a nivel global.

El gráfico 3, que presenta el índice de precios de fertilizantes y el índice de precios de los alimentos para el periodo comprendido entre mayo de 2003 y febrero 2022, nos muestra que el precio de estos rubros ya venía en un nivel ascendente incluso antes del conflicto. Específicamente, para el bimestre ene-feb 2022 los fertilizantes muestran un incremento del 82% comparado con el mismo período del año 2021, mientras que los alimentos muestran un incremento del 24% para ese mismo período. Al mismo tiempo se dispararon los precios del gas natural, insumo principal para ciertos fertilizantes, impactando también la producción en otros países proveedores. Por lo tanto, los agricultores ingresarán en la próxima temporada de siembra con una difícil decisión: utilizar menos fertilizantes y asumir el riesgo de una producción volátil o pagar precios de fertilizantes históricamente altos poniendo una mayor presión sobre los precios de los alimentos. Tal vez una pregunta aún más relevante es, si aún estando dispuestos a pagar estos nuevos precios: ¿Serán capaces de encontrar proveedores de fertilizantes?

Gráfico 3: Índice de precios de fertilizantes y alimentos

-2016=100-

Fuente: FMI

El Gráfico 4 muestra la participación de las importaciones de fertilizantes rusos en el total importado de ese producto en los países de la región. En promedio, la región tiene una dependencia de la oferta de Rusia del 15%, aunque algunos países como Perú, Ecuador o Surinam se abastecen en más del 30%.  Cabe destacar el caso de Brasil (23%), dado que es el mayor productor mundial de soja y al mismo tiempo el mayor importador mundial de fertilizantes. La suspensión parcial de Rusia del sistema bancario internacional (SWIFT por sus siglas en inglés), podría afectar la demanda de fertilizantes dificultando la producción y la seguridad alimentaria, dada la complejidad del mecanismo de pago. En este marco, la mirada se posa sobre los otros exportadores líderes en la producción de fertilizantes como China (11,6%), Canadá (9,1%) y Estados Unidos (6,51%), para poder suplir ese déficit. Los más afectados por esta situación probablemente serán los pequeños y medianos agricultores, que enfrentan severas restricciones de liquidez, y las poblaciones más vulnerables que ya experimentan altos niveles de inseguridad alimentaria.

Gráfico 4: Participación de los fertilizantes importados de Rusia en cada país (2019)

Fuente: BID en base a ATLAS-HARVARD

Precios de alimentos al consumidor

La coyuntura actual ha generado preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en varios países de la región, debido a la subida de precios agrícolas internacionales que está poniendo una presión alcista sobre los precios de los alimentos domésticos. Como se presenta en el Gráfico 5, existe una tendencia al alza en los precios al consumidor de alimentos y bebidas para la región en general, aunque con distintos grados dependiendo del país. Estos registros todavía no evidencian el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que el último dato disponible es febrero 2022, sin embargo, se espera que los precios en marzo sean más altos que los anteriores.

Gráfico 5: Índice de Precios de Alimentos y Bebidas para países seleccionados

-Dic 2019=100-

Fuente: BID en base a Institutos de Estadísticas de cada país

El impacto del aumento de precios de los alimentos sobre los indicadores de pobreza y seguridad alimentaria de los distintos países dependerá principalmente de la canasta típica de consumo, de la estructura de la economía, la composición del comercio agroalimentario, así como la magnitud del incremento de precios, y la diversificación de la oferta de insumos, entre otros[ii].

Sin embargo, la mayoría de los estudios encuentran una relación directa a corto plazo, entre la subida de precios de los alimentos y el incremento de la pobreza[iii], y esto último con implicaciones directas en el acceso a los alimentos[iv], tanto en términos de cantidad como de calidad. Esto es especialmente relevante hoy en ALC donde la pobreza afecta a más de 200 millones de personas (32% de su población). Adicionalmente, las familias de bajos ingresos podrían ser las más afectadas, ya que destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de alimentos.

Respuestas de política pública

La situación actual es preocupante, la guerra entre Rusia y Ucrania puede profundizar aún más la pobreza y aumentar la inseguridad alimentaria en la región, especialmente en un contexto donde los grupos vulnerables todavía se ven afectados por la pandemia de COVID-19. Para aliviar las consecuencias que la invasión podría tener sobre la pobreza y la seguridad alimentaria en todo el mundo, la región debería seguir una estrategia en seis ejes con los objetivos de: (i) mantener activo el comercio, (ii) incrementar la diversificación de proveedores de insumos, (iii) aliviar la pobreza, (iv) adaptar las intervenciones de política pública con información relevante y actualizada, (v) utilizar fertilizantes de manera eficiente, y (vi) aliviar las restricciones de liquidez de los agricultores.

  • En primer lugar, es recomendable evitar aplicar restricciones comerciales como prohibiciones temporales de exportación, ya que pueden distorsionar los mercados internacionales y aumentar aún más la inseguridad alimentaria a nivel mundial[v]. Si bien estas políticas restrictivas del comercio pueden producir algunos beneficios a corto plazo, en términos de disminución de precios internos, tales políticas también tienden a generar efectos negativos a mediano y largo plazo, en los incentivos de los agricultores para invertir e incrementar la productividad. Además, estas medidas perjudican la seguridad alimentaria global y específicamente, a los consumidores de países importadores de alimentos.
  • En segundo lugar, para mejorar la resiliencia ante las perturbaciones de los precios y la oferta, conviene diversificar los proveedores de alimentos e insumos para reducir la dependencia. Esto es una pieza clave para suavizar los impactos de las subidas de precios y la escasez de insumos.
  • En tercer lugar, es necesario monitorear de cerca la situación de los hogares de bajos ingresos, así como de los grupos vulnerables cercanos a la línea de pobreza, para así ampliar y profundizar los programas de protección social dirigidos a las personas en situación de inseguridad alimentaria.
  • En cuarto lugar, se debería establecer un sistema de información para monitorear los precios de los alimentos y los insumos agrícolas, esto permitiría identificar, diseñar y adaptar rápidamente las intervenciones de políticas públicas que podrían aliviar los efectos de los cambios de precios sobre los grupos afectados directamente (consumidores y agricultores).
  • En quinto lugar, es importante mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, reducir su uso indiscriminado, y disminuir la dependencia de fertilizantes químicos. Esto se puede lograr a través de asistencia técnica, del uso de nuevas herramientas digitales como la agricultura de precisión y de otras tecnologías de agricultura sostenible (‘AgTech’ por su nombre en inglés); que permiten maximizar los rendimientos.
  • En sexto lugar, es primordial aliviar las restricciones de liquidez de los agricultores para mantener un acceso adecuado a los insumos de producción. Para este propósito, es clave contar con el sector privado y con mecanismos que no desestabilicen la dinámica del mercado, que estén específicamente dirigidos a alcanzar a los agricultores (p. ej. váuchers de insumos). Esto es fundamental para mantener un suministro interno de alimentos adecuado y reducir la vulnerabilidad de las zonas rurales más necesitadas.

Finalmente, las inversiones en agricultura deben reconocerse como políticas públicas estabilizadoras de largo plazo en vez de políticas de emergencia que surgen cuando estamos en presencia de una crisis. Por lo tanto, invertir en innovación agrícola, investigación y adaptación al cambio climático son estrategias clave para mejorar la resiliencia del sistema alimentario y mantener la seguridad alimentaria a largo plazo, y el BID está comprometido con América Latina y el Caribe para lograrlo.


[i] United Nations (2011). Price Formation in Financialized Commodity Markets: The Role of Information. New York and Geneva: United Nations.

[ii] Hertel, T., Winters, L.A., (Eds.) 2006. Poverty and the WTO: Impacts of the Doha Development Agenda, Palgrave-Macmillan and the World Bank, Basingstoke, and Washington, DC.

[iii] Barrett, C., Dorosh, P., 1996. Farmers’ welfare and changing food prices: Nonparametric evidence from rice in Madagascar. Am. J. Agric. Econ. 78, 656–669

[iv] Minot, N., Goletti, F., 2000. Rice market liberalization and poverty in Vietnam. Research Report 114, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.

[v] Martin, W., & Anderson, K. (2012). Export restrictions and price insulation during commodity price booms. American Journal of Agricultural Economics, 94(2), 422-427.


Créditos imagen: Shutterstock


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Gonzalo Rondinone

Gonzalo Rondinone es Especialista en Desarrollo Rural de la División de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte de la iniciativa Agrimonitor cuyo objetivo es monitorear las políticas de apoyo a la agricultura en Latinoamérica y el Caribe. Posee un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuyo eje de investigación fue la formación de precios de commodities agrícola. Previo al BID, Gonzalo ha realizado estancias de investigación en Massachusetts Institute of Technology (MIT), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Universidad de Extremadura (UNEX) sobre metodologías de valuación económica de eventos climáticos extremos en el sector agrícola y diseños de mecanismos de mitigación. Ha trabajado en el desarrollo del Sistema de Evaluación de Pérdidas por Sequías e Inundaciones (SEPSI) en Argentina.

Carmine Paolo De Salvo

Carmine Paolo De Salvo is a rural development specialist at the Inter-American Development Bank (IDB), where he currently works on policy and investment loans in the agricultural sector in Haiti, Suriname and Peru. In addition, Paolo directs the Agrimonitor initiative, whose objective is to monitor agricultural public policies in Latin America and the Caribbean, using the Producer Support Estimate (PSE) methodology. Prior to IDB, Paolo worked in the Agriculture and Rural Development division of the World Bank and as an economist at the Overseas Development Institute (ODI) for the Ministry of Finance and Economic Affairs in Zanzibar, Tanzania. Paolo is Italian and studied at the University of Bologna and has a Master in Economics from the London Schools of Economics.

Lina Salazar

Lina Salazar es economista líder de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración del Riesgo de Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo. Posee un doctorado en Economía de American University en Washington DC, con especialización en desarrollo rural, economía de género y evaluación de impacto de proyectos. En los últimos seis años, ha dirigido el diseño e implementación de varias evaluaciones de impacto de programas de desarrollo rural con el propósito de identificar estrategias efectivas para mejorar la productividad agrícola, los ingresos y la seguridad alimentaria de pequeños productores en la región de América Latina y el Caribe (República Dominicana, Bolivia, Colombia, Perú y México). Su investigación también se expande a temas relacionados con la gestión del riesgo de desastres y cuestiones de género. Actualmente, su trabajo en el BID implica liderar el diseño de proyectos agrícolas (Haití, Bolivia, Perú) y la agenda de evaluación de impacto para las intervenciones en el sector agrícola. Anteriormente, la Dra. Salazar ha trabajado en la División de Economía Agrícola y Desarrollo de la FAO en Roma, Italia, así como en la División de Mejora del Impacto del Centro Internacional de la Papa en Lima, Perú.

Gonzalo Muñoz

Gonzalo Muñoz es Especialista en Desarrollo Rural de la División de Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde el año 2008. Posee un título de Ingeniero Agrónomo y una Maestría en Finanzas de la Universidad de la República de Uruguay. Durante estos años en el BID, ha trabajado en el diseño, gestión y supervisión de proyectos de desarrollo rural en América Latina y el Caribe, habiendo estado basado en las Representación de Paraguay y República Dominicana, donde lideró el diálogo de políticas sectoriales. A partir del 2017 fue trasladado a Washington donde sumó responsabilidades de supervisión de la cartera de la División en general, además de participar en estudios de generación de conocimiento. Antes de ingresar en el BID; trabajó en la Oficina de Programación y Políticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, en el Banco Central del Uruguay, y a nivel privado con el sector Cooperativo y directamente en la producción agropecuaria.

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