Es necesario que el tema del financiamiento educativo se instale en la agenda pública y se discuta, pues la consecuencia de la inacción o la inercia no será el statu quo sino una mayor exclusión y deterioro del tejido social y productivo.
Cuando la pandemia llegó a América Latina y el Caribe, la región ya presentaba una fuerte caída en el gasto público educativo: en 2017 era de 17.6% y en 2019 cayó a 14.6%. El COVID-19 empeoró la situación de financiamiento educativo puesto que los países debieron reasignar recursos del sector público para atender la crisis sanitaria y además tuvieron que incrementar la asistencia social debido a la crisis económica. Todo esto dejó al sector educativo con aún menos recursos. La disminución en el financiamiento educativo se refleja en los déficits sustanciales en la infraestructura escolar, la calidad de los docentes, la evaluación de los aprendizajes y el uso de la tecnología para mejorar los aprendizajes.
Algunos ejemplos que ilustran esto son:
- El 20% de las escuelas en la región carecen de servicios de higiene básica.
- Las escuelas en contextos más vulnerables tienen a los docentes con menos habilidades para integrar dispositivos digitales en la instrucción (55%), comparado con el 68% de las escuelas con entornos más favorecidos.
De los países de la región participantes en PISA en 2018, en promedio 69% y 52% de los jóvenes no lograron realizar tareas básicas en matemáticas y lectoescritura, respectivamente, y solo el 22% de los menores de 17 años en escuelas públicas de entornos socioeconómicos vulnerables tiene acceso a internet y el 19% a un computador en sus hogares
Quizás en el presente no se noten las graves secuelas de la baja inversión educativa, pero sus consecuencias se verán en unos años y el impacto será en la calidad de nuestras vidas y de las generaciones futuras.
Hoy más que nunca es fundamental preguntarnos cómo podemos evitar estas consecuencias antes de que sea demasiado tarde, y la respuesta la encontramos principalmente en el financiamiento educativo, uno de los instrumentos más poderosos que tenemos a nuestro alcance para cambiar esta situación.
Financiamiento educativo: ¿Cómo invertir más y mejor en la recuperación del sector?
Para saber cómo invertir adecuadamente lo primero que tenemos que conocer es la brecha entre lo que se está invirtiendo en la actualidad y las necesidades que surjan a raíz de una doble demanda:
a) Recursos que se necesitaban antes de la crisis sanitaria.
b) Recursos que se requerirán como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria sobre los sistemas educativos.
En primer lugar, se recomienda aumentar o mantener la participación del gasto público en educación, al menos entre 4% al 6% del PIB.
En el corto plazo los recursos necesarios para la rehabilitación de las escuelas y el regreso a clases seguro se estiman en US$23,087 millones, lo que representa 0.21% del PIB y poco más del 5% del gasto público destinado a educación en el promedio de América Latina y el Caribe.
Pero las necesidades de largo plazo son mayores. Nuestros países enfrentarán el doble desafío de recuperar lo perdido desde 2017 y de aumentar los recursos para expandir y mejorar los sistemas educativos de la región.
Ejercicios realizados por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dan cuenta que la inversión total requerida para América Latina y el Caribe en los próximos 10 años será de poco más de US$221,528 millones (2.05% del PIB). Esta cifra contiene gastos de infraestructura y equipamiento que se realizan una sola vez. Si se descuenta, los recursos para mejorar la retención y los aprendizajes de nuestros sistemas educativos ascienden a US$127,344 millones. Esto es, 1.2% del PIB regional.
En total, se necesita adicionar, en promedio, US$1,200 por alumno, para que la región se acerque al nivel de los países con más alto desempeño. Pero no solamente se necesita invertir más, también se necesita invertir mejor. El modo en que se reparten los recursos importa para la equidad y la calidad en la educación. En la medida que la inversión no llegue a los que más la necesitan y, por el contrario, se dirija a sectores más favorecidos, se incrementarán las desigualdades ya existentes.
A su vez, la eficiencia del gasto es crucial como medio para lograr objetivos de equidad. En contextos de recursos escasos, de grandes necesidades y de alta desigualdad, la eficiencia del gasto es un imperativo: recursos desaprovechados significan menos oportunidades para los más desfavorecidos. Por eso, es necesario que el tema del financiamiento educativo se instale en la agenda pública y se discuta, pues la consecuencia de la inacción o la inercia no será el statu quo sino una mayor exclusión y deterioro del tejido social y productivo.
¿Qué pueden hacer los países de la región para alcanzar la inversión requerida para cubrir las necesidades del sector educativo? Comparte tus comentarios y conoce más en nuestra publicación ¿Cómo reconstruir la educación postpandemia? Soluciones para cumplir con la promesa de un mejor futuro para la juventud.
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