Cada año que pasa se hace más evidente que la acción climática tiene que ser prioridad en los planes nacionales de los países de América Latina y el Caribe. El Acuerdo de París representó, cuando se firmó hace siete años, una oportunidad sin precedentes para reorientar el gasto público y la inversión privada destinada a la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima. La tarea no es menor: alcanzar los objetivos del cambio climático supone reorientar entre el 7 y el 19% del PIB para soluciones climáticas.
Según la Organización Meteorológica Mundial existe un 50 % de probabilidad de que en los próximos cinco años la temperatura mundial supere transitoriamente en 1,5 °C los valores preindustriales. A pocos días de la COP27 en Egipto, los objetivos de París y el Pacto Climático de Glasgow toman aún mayor relevancia. Descarbonizar las economías trae consigo múltiples beneficios, no solo ambientales, también económicos y sociales, y para alcanzarlos, se deberán hacer los ejercicios correspondientes para aumentar la ambición en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) y desarrollar Estrategias de largo plazo. (LTS por sus siglas en inglés)
Un futuro próspero es posible, pero se requiere una revolución de la sostenibilidad.
La voluntad política, la transversalización del cambio climático, la alineación con las agendas de desarrollo y el impulso de economías reales son algunos de los cambios para transitar a economías de cero emisiones netas. Elegir el camino correcto de desarrollo es aceptar que un futuro sostenible, resiliente e inclusivo es una oportunidad y puede crear 15 millones de empleos netos para 2030. Particularmente, sectores como la agricultura sostenible, la construcción y la energía renovable se pueden ver beneficiados.
El artículo 4 del Acuerdo de París menciona que “todas las partes deben esforzarse por formular y comunicar las estrategias que llevarán a cabo a largo plazo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”. Existen 53 LTS, de las cuales cinco son de países de América Latina y el Caribe. A través de cooperación técnica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó el trabajo de Costa Rica, Perú, Chile y recientemente Colombia.
Hacia la carbono-neutralidad: análisis, costo-beneficio (casos de Costa Rica, Perú y Chile)
El BID analiza las estrategias de largo plazo a través de un análisis costo-beneficio. Veamos los casos por país.
- Costa Rica: en 2019, el país lanzó el Plan de Descarbonización que cuenta con estrategias de descarbonización y toma medidas de acción en sectores económicos clave, como lo son el transporte, la industria, los residuos, la agricultura, la silvicultura y otros usos de suelo. Con el fin de transformar el modelo de negocio, Costa Rica se enfoca en promover la bioeconomía, el crecimiento verde, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. La meta es que el país cuente con una economía descarbonizada para 2050. El BID se enfocó en analizar el transporte público, transporte privado y transporte de carga. A través de la metodología de toma de decisiones robustas (RDM, por sus siglas en inglés) se demuestra que implementar el Plan de Descarbonización traerá $41 mil millones en beneficios netos a la economía tica entre 2020 y 2050.
- Perú: alcanzar la carbono neutralidad al 2050 le permitirá al país desbloquear US$140.000 millones en beneficios económicos netos para el año 2050. El BID apoyó al país en informar la actualización de su Estrategia con un análisis de los beneficios y costos de descarbonizar su economía en los sectores de energías renovables; transporte privado, público y de carga; silvicultura y sistemas agrícolas; residuos sólidos, reciclaje y tratamiento de aguas residuales, e industria cementera. Se concluyó que es técnicamente posible alcanzar cero emisiones netas a través de transformaciones en cada uno de dichos sectores.
- Chile: lograr el objetivo de la ley marco de cambio climático sobre alcanzar la carbono-neutralidad a más tardar al 2050 le permitiría al país ganar hasta 5.2% de PBI. Medidas de reducción de emisiones como la cerrada de centrales a carbón, el fomento de la energía renovable y de la electromovilidad, el teletrabajo, el transporte no motorizado, la reducción de consumo de carne de vacuno, y la extensión del bosque nativo conllevan ahorros operativos que compensan con creces sus costos.
Colombia en la preparación técnica de su Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050)
El BID apoyó al Gobierno de Colombia en el desarrollo de una serie de estudios para la preparación técnica de la estrategia, tanto en componentes de mitigación como de adaptación frente al cambio climático. En materia de mitigación se realizaron estudios junto con la Universidad de Los Andes para entender las posibles trayectorias de descarbonización profunda de Colombia en el largo plazo, buscando identificar las transformaciones sectoriales que le permitirían al país alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Se cuantificaron los costos asociados y los beneficios económicos derivados de la implementación de esas transformaciones en los sectores agropecuario, energético, de transporte y de gestión de residuos, con resultados promisorios.
El 18 de octubre lanzaremos la publicación Análisis costo-beneficio de las opciones para alcanzar cero emisiones netas en Colombia con un evento que presentará los resultados más relevantes y que tiene como objetivo entender los retos y las oportunidades de Colombia, en su ruta de descarbonización de su economía en el largo plazo. ¡Le esperamos! Puede ver el evento aquí
Rumbo a la COP27
La Conferencia anual de la ONU sobre el Cambio Climático se celebrará en Sharm El-Sheikh (Egipto) del 7 al 17 de noviembre. Se espera que durante este evento, el mayor encuentro anual relacionado con el clima del planeta, más países latinoamericanos comprometidos informen sobre sus estrategias de largo plazo. Este es un paso esencial para asignar objetivos que incluyan aspectos como la reducción urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las consecuencias del cambio climático, y las metas socio económicas.
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