En regiones posconflicto, un enfoque cuidadoso y a medida para desarrollar proyectos sostenibles

Mientras que una gran parte de América Latina se encuentra en paz, existen zonas de América Central y del Sur que han tenido que enfrentar conflictos internos incluso en la segunda mitad del siglo anterior. Países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú han visto guerras civiles y otros conflictos internos que tuvieron severos impactos sobre las poblaciones locales. La evidencia muestra que las comunidades vulnerables y marginalizadas se vieron particularmente afectadas en las áreas donde los enfrentamientos fueron peores, y sufren hasta hoy las consecuencias. Durante los numerosos conflictos, muchos miembros de comunidades afectadas perdieron sus tierras y debieron ser reasentados, dejando a las comunidades más empobrecidas y, en ocasiones, con un vacío generacional. Un ejemplo de esto lo constituyen los colombianos afectados por grupos paramilitares, el tráfico de drogas y enfrentamientos armados, o el legado de la Guerra Civil Salvadoreña.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desempeña un papel fundamental en relación con el trabajo en áreas que enfrentan condiciones posconflicto. Después de todo, el BID apunta a promover el desarrollo de comunidades y regiones necesitadas y a la vez apoyar la sostenibilidad ambiental y social. Sin embargo, llevar adelante proyectos de desarrollo en estas regiones difiere de invertir en regiones que no han conocido las crudezas de un conflicto.

Al diseñar o implementar proyectos de desarrollo en áreas afectadas por enfrentamientos pasados y/o actuales, resulta absolutamente importante reconocer la especificidad de las fracturas sociales y configuraciones contextuales conflictivas. Por ejemplo:

• Las inversiones que apunten a apoyar poblaciones vulnerables en estos contextos deben evaluar las causas de sociedades carentes de instituciones y gobernanza;
• Los cronogramas y plazos de implementación de proyectos necesitan definir actividades que permitan su apropiación absoluta por parte de las comunidades definidas como beneficiarias;
• Es esencial que el equipo del proyecto y las agencias ejecutoras apoyen la participación de la comunidad en el proyecto más allá del requisito mínimo de la consulta popular, que podrá resultar adecuado en otros casos pero puede ser insuficiente para este tipo de operaciones;
• El líder del equipo del proyecto y los especialistas deben definir metodologías específicas para garantizar la adecuada protección e inclusión de comunidades vulnerables; y
• El líder del equipo del proyecto y los especialistas deben monitorear rigurosamente el proceso y ajustar las actividades propuestas en caso de que aquellas planificadas no arrojen los resultados esperados.

En resumen, desarrollar proyectos en áreas que han sido afectadas por cualquier tipo de conflicto armado requiere un mayor esfuerzo de todas las partes involucradas. El equipo del proyecto debería dar un paso al frente y hacerse responsable con el fin de comprender exhaustivamente el entorno social y ambiental de estas operaciones. Esto también abarcaría tener en cuenta que desarrollar proyectos en estas áreas puede ocurrir a otra velocidad y en otros plazos. Por último, el equipo del proyecto puede tener que revisar los instrumentos ambientales y sociales, como también las actividades (por ejemplo consultas, evaluaciones ambientales y sociales, planes de gestión ambiental y social, plan de participación de las partes interesadas) para garantizar un enfoque especialmente diseñado para cada comunidad.