El uso de personal de seguridad para proteger a comunidades y activos vinculados a un proyecto es una práctica común en América Latina y el Caribe, una región en donde el 43% de la población dice estar constantemente preocupada por la posibilidad de ser víctima de un crimen. La decisión de contratar a personal de seguridad normalmente surge como resultado de un análisis de los riesgos que amenazan la seguridad humana y los bienes vinculados a las operaciones.
Nuestro nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), sin embargo, reconoce que una gestión inadecuada del personal de seguridad en el contexto de proyectos de desarrollo podría amenazar la seguridad de la salud comunitaria y, por eso, incluye de manera explícita la necesidad de que el prestatario evite o minimice dichos riesgos. Estos contenidos se encuentran en la recién aprobada Norma de Desempeño 1, que especifica las consideraciones de los procesos de evaluación ambiental y social relacionadas a la salud y seguridad comunitaria, los cuales también se complementan con la Norma de Desempeño 4: salud y seguridad de la comunidad.
¿Por qué es prioritaria la salud comunitaria cuando se utiliza personal de seguridad?
Los riesgos a los que se exponen las comunidades dependen mucho del contexto social en el área de influencia del proyecto y son de diversa índole y gravedad. Los riesgos más comunes están asociados a vandalismo y delincuencia menor que, por lo general, no requieren un gran despliegue de personal de seguridad. Sin embargo, existen otros riesgos más complejos como los asaltos, las protestas armadas, el sabotaje de las operaciones o activos de la compañía y, en casos más extremos, riesgos de secuestro, toma de rehenes y ataques que pueden resultar en pérdida de vidas.
La exposición a estos riesgos depende de varios factores, pero sin duda uno de los más decisivos es el contexto social donde se llevan a cabo las actividades de los proyectos. Por lo general, cuando un proyecto está ubicado en un área de influencia con altos flujos migratorios, como una zona fronteriza, o donde hay niveles de violencia por conflictos generados por situaciones externas a la comunidad, la necesidad de aumentar la seguridad de la comunidad y contar con personal de seguridad se incrementa significativamente. También existen zonas donde históricamente hay violencia permanente, ya sea porque existe un escenario de conflicto o posconflicto, o porque hay competencia por tierras o por el acceso a recursos naturales.
Los riegos y cómo mitigarlos
En la mayoría de los casos, lo que se quiere evitar es que haya impacto sobre la salud comunitaria, especialmente en las familias más vulnerables. En ciertas situaciones en las que los trabajadores son de la propia comunidad de la zona de influencia del proyecto, se busca prevenir que un abuso de autoridad o respuesta desmedida detone conflictos intercomunitarios y exacerbe la violencia.
Las buenas prácticas internacionales sobre este tema (como las recogidas en el Manual de buenas prácticas del IFC) se basan en la idea de que proporcionar seguridad y respetar los derechos humanos pueden y deben ir de la mano. Por eso, es necesario implementar políticas que aseguren que la respuesta a cualquier amenaza sea proporcional y que la provisión de seguridad se lleve a cabo de forma adecuada. Para esto, es importante tener en cuenta los cinco principios que se describen en la siguiente imagen.
En el caso de uso de seguridad privada, las compañías contratistas deben asegurar que el proceso de contratación sea riguroso para seleccionar personal de seguridad con buena reputación y un historial impecable. Asimismo, deben contar con un código de conducta y proveer capacitación cuando sea necesario para comunicar de manera clara cuál es el comportamiento deseado y qué acciones no serán toleradas. De igual manera, deberán contar con una adecuada supervisión del personal de seguridad y un esquema de responsabilidades bien definido y con la aceptación informada de la comunidad.
Es importante que las unidades ejecutoras de los proyectos definan claramente con las empresas contratistas estos parámetros y que le planteen a la comunidad antes de iniciar la operación los potenciales riesgos de seguridad que podrían solicitar una respuesta por parte del personal de seguridad contratado, qué tipo de respuesta se espera, cómo esa respuesta podría tener un impacto en la comunidad y qué se puede hacer para prevenir o reducir esos impactos. Todo esto se hace, como ya se mencionó anteriormente, bajo la Norma de Desempeño 1 relacionada a la evaluación ambiental y social.
Como en todo proyecto, la comunicación abierta y fluida con los grupos de interés resulta de vital importancia. También es necesario contar con un mecanismo de reclamación que le permita a la comunidad alertar cualquier vulneración de sus derechos.
Nuestra norma de desempeño también requiere que el prestatario investigue toda denuncia de actos ilegales o abusivos por parte del personal de seguridad y que tome las medidas pertinentes al caso, apoyado en la legislación local.
Interacciones comunitarias con el personal de seguridad público
El personal de seguridad puede ser privado o público (por ej., la policía y los militares). Si bien en la región es más común el uso de personal de seguridad privado, en algunos casos el personal de seguridad público acompaña proyectos clave en áreas de alto riesgo.
Esto genera nuevas implicaciones y desafíos, pues el prestatario no controla directamente las decisiones y el comportamiento del personal de seguridad público. Las buenas prácticas internacionales instan a las compañías a apoyarse en su personal de seguridad privado y a no pensar en el personal de seguridad público como un reemplazo a la seguridad privada, sino como un soporte adicional.
Si bien los prestatarios no son directamente responsables de los actos del personal de seguridad público, los grupos de interés podrían verlos como algo asociado y, por tanto, se generaría un riesgo reputacional que puede incrementar las tensiones con la población local. Así, las compañías deben usar los medios a su alcance para motivar al personal de seguridad público a actuar de acuerdo a los principios establecidos para el comportamiento del personal de seguridad privado.
En resumen, es de vital importancia que los prestatarios tomen en consideración todos estos riesgos al momento de realizar su evaluación de impacto social y que se apoyen en la legislación local y las buenas prácticas internacionales para establecer las medidas de mitigación correspondientes a cada caso, siempre buscando la proporcionalidad de la respuesta de seguridad y una clara asignación de responsabilidades. Al final, lo que se busca evitar es que, por brindar seguridad a un proyecto, se terminen escalando tensiones, exacerbando la violencia o afectando los derechos de poblaciones que, en muchos casos, ya son vulnerables.
Esta entrada hace parte de una serie sobre el nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID. Te invitamos a leer también:
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