Como parte de su Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 para enfrentar la crisis climática y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, Costa Rica presentó soluciones financieras, fiscales, tarifarias y de infraestructura con las que se impulsará la electrificación del transporte público. Al comprometerse en apoyar y acompañar este objetivo nacional asumió su liderazgo regional.
En el marco de la reunión previa a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre Cambio Climático (Pre-COP) en San José al inicio de octubre, el gobierno anunció acciones para la electrificación del transporte público nacional. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) facilitará la infraestructura básica y de gestión de carga que requieren los operadores de los autobuses eléctricos.
Además, los bancos públicos ofrecerán atractivas líneas de crédito para la adquisición de vehículos eléctricos (particulares, taxi y buses), mientras que el regulador de las tarifas de servicio público, la Autoridad Regulatoria de Servicios Públicos (ARESEP), establecerá una tarifa eléctrica especial para la carga de electricidad a nivel nacional.
Estas acciones forman parte del programa previsto en la Ley No. 9518, “Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico”, que establece como mandato la sustitución paulatina de la flota de buses a buses eléctricos a un ritmo no menor al 5% de los vehículos cada dos años. Esta ley contribuye a que Costa Rica se acerque a la meta definida en su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) bajo el Acuerdo de París. En su NDC, se estableció como meta una reducción de 44% en emisiones y una matriz energética 100% renovable para 2030.
El Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 abarca diez medidas de descarbonización y ocho estrategias transversales en las cinco áreas económicas que más contribuyen con las emisiones de gases de efecto invernadero: transporte, industria, residuos, agricultura, silvicultura y otros usos de suelo. Por ejemplo, el plan propone que al 2050 un 85% de la flota de transporte público sea cero emisiones y un 95% de la flota de transporte privado sea eléctrica.
Bajo la estrategia de la Presidencia de Costa Rica, el ICE financiará y facilitará la infraestructura de carga básica que requieran los operadores de concesiones de transporte público para iniciar el servicio usando buses eléctricos. Dicha infraestructura incluye las redes de distribución eléctrica, transformadores y medición inteligente. Con ello, el ICE asumirá los costos financieros y administrativos, que usualmente recaen en los operadores. Adicionalmente, el ICE dará acompañamiento técnico a los operadores durante los procesos de carga eléctrica en las bahías de recarga para asegurar que se realice de forma eficiente.
A lo anterior, se suman las propuestas de la banca pública, consistentes en líneas de crédito especial para la adquisición de vehículos eléctricos que incorporan programas específicos para nuevos buses. Estas líneas de crédito resultan competitivas frente a otras opciones de financiamiento en el mercado bancario, usualmente ofrecidas a vehículos impulsados por combustibles fósiles.
Un nuevo modelo tarifario para el transporte público eléctrico
Es necesaria la creación de un modelo tarifario que fomente un nuevo modelo de transporte público eléctrico. Por ello, la ARESEP ha anunciado que para el año 2020, Costa Rica contará con una tarifa eléctrica para buses eléctricos a nivel nacional. La tarifa será plana y facilitará la carga de los buses en los planteles. Se espera que la nueva tarifa envíe señales adecuadas sobre la competitividad de estas tecnologías por sus bajos costos operativos.
El BID está trabajando con los gobiernos nacionales y locales de la región para liberar el potencial de los buses de tecnología limpia, a través del apoyo técnico, el financiamiento, la gestión de riesgos y el acceso a créditos concesionales. El objetivo de esta cooperación técnica regional es ayudar a los países y ciudades a superar las barreras que impiden una mayor adopción de buses eléctricos.
Desde una perspectiva económica, los mayores costos de los autobuses eléctricos [1] (CAPEX o gasto cautivo) pueden compensarse con sus beneficios a largo plazo en términos de menores costos operativos (OPEX). La viabilidad financiera, desde la perspectiva del operador, depende de variables como el índice de recuperación de la tarifa, la disponibilidad de subsidios operativos, los costos financieros, los precios de combustible y electricidad, etc.
Desde el punto de vista del gobierno, la viabilidad de incorporar nuevas tecnologías depende de su capacidad fiscal, considerando la necesidad de recuperar mayores costos iniciales. La viabilidad económica, financiera y fiscal es vital para garantizar el éxito de la adopción de buses con tecnología limpia. El BID trabaja con socios locales y nacionales, públicos y privados para ayudar a desarrollar modelos de negocios personalizados a nivel local que puedan acelerar la implementación de soluciones sostenibles en la región.
Costa Rica se ha caracterizado por su liderazgo en la implementación de medidas y acciones de mitigación. Hoy, más del 95% del portafolio de generación eléctrica en el país está libre de emisiones y el gobierno continúa implementando estrategias de descarbonización que incluyen la electromovilidad.
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Foto Copyright: Ciudades Sostenibles BID
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