Imagínese que está esperando el bus y en lugar de que llegue un bus viejo y ruidoso, llega un bus eléctrico limpio y silencioso que además cuenta con WIFI, puertos USB y acceso para discapacitados. Esta será una realidad en Bogotá con la adjudicación de 379 buses eléctricos.
Estos buses eléctricos comenzarán a operar en septiembre del 2020 y será la segunda flota eléctrica más grande de América Latina, después de Santiago de Chile. Un paso importante en la transición hacia una movilidad descarbonizada que buscará reafirmar, en su segunda etapa de licitación, cuando el SITP incorporará al menos 2,185 buses de tecnologías con cero o bajas emisiones, y con la posibilidad de ofertar buses eléctricos. El Distrito estima que esa licitación podría aumentar la flota de eléctricos, pues tienen más puntaje si se presentan ofertas de este tipo de vehículos. La Alcaldía espera llegar a un total de 560, contando los que ya se adjudicaron.
Aun más significativo por la masificación de esta tecnología en la región, Bogotá es pionera en América Latina y el Caribe en adquirir una flota de este tipo por licitación. A través de un dialogo continuo con los actores privados, TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá lograron definir y ajustar un modelo de negocio gana-gana que pondera tres factores fundamentales: la confiabilidad y calidad de la prestación del servicio, la viabilidad fiscal para el gobierno y la sostenibilidad financiera para los concesionarios.
Asimismo, con una licitación dual que separa la provisión de la flota de buses eléctricos de la operación de la flota, Bogotá ha incorporado un mecanismo habilitador que le permite reducir el riesgo financiero al inversionista y el riesgo tecnológico al operador. Enel-Codensa será encargada de liderar el diseño, construcción y aprovisionamiento de los tres patios donde se cargarán los 379 buses.
Bogotá liderará, junto con Medellín, Cali y Santiago de Chile, la electrificación del transporte público de Latinoamérica y el Caribe. Entre varios beneficios para la población, la electrificación del transporte apoya la descarbonización de las economías, contribuyendo así a la implementación del Acuerdo de París
La ciudad registra altas concentraciones de partículas suspendidas PM 2.5, las cuales afectan la salud humana. En 2019 se han declarado tres emergencias ambientales. La introducción de vehículos eléctricos reduce significativamente estas emisiones, así como los óxidos de nitrógeno y ozono a nivel de suelo, todos ellos contaminantes altamente dañinos para la salud.
Además, dicha tecnología apoya a Colombia para alcanzar sus objetivos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Estos compromisos, adoptados en el marco del Acuerdo de París en 2015, buscan mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC.
En 2017, Colombia presentó su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), buscando una reducción de emisiones de GEI en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el 2030. Puesto que el sector transporte aporta el 10% de las emisiones de CO2 del país, el transporte eléctrico presenta una alternativa atractiva para alcanzar esta meta.
El BID, con el apoyo de su Programa UKSIP y el Fondo NDC Accelerator, está trabajando con los gobiernos nacionales y locales de la región para liberar el potencial de los buses de tecnología limpia, a través del apoyo técnico, el financiamiento, la gestión de riesgos y el acceso a créditos concesionales. El objetivo de este apoyo regional es ayudar a los países y ciudades a superar las barreras que impiden una mayor adopción de buses eléctricos.
Desde una perspectiva económica, los mayores costos de los autobuses eléctricos (CAPEX) pueden compensarse con sus beneficios a largo plazo en términos de menores costos operativos (OPEX). La viabilidad financiera, desde la perspectiva del operador, depende de variables como el índice de recuperación de la tarifa, la disponibilidad de subsidios operativos, los costos financieros, los precios de combustible y electricidad, etc.
Desde el punto de vista del gobierno, la viabilidad de incorporar nuevas tecnologías depende de su capacidad fiscal, considerando la necesidad de recuperar mayores costos iniciales. La viabilidad económica, financiera y fiscal es vital para garantizar el éxito de la adopción del autobús de tecnología limpia.
El BID trabaja con socios locales y nacionales, públicos y privados para ayudar a desarrollar modelos de negocios personalizados a nivel local que puedan acelerar la implementación de soluciones sostenibles en la región. En Colombia, el BID ha venido apoyando técnicamente a Bogotá en la implementación de su Plan de Ascenso Tecnológico del SITP, como instrumento de gestión ambiental para la sustitución progresiva de tecnologías tradicionales por tecnologías de cero o baja emisión. Específicamente, se apoyó a Transmilenio para la incursión de buses eléctricos en su flota, definiendo los costos y tarifas de remuneración por vehículo y por kilómetro para vehículos de dicha tecnología.
Un reto que enfrentó la ciudad fue la definición de los parámetros de la licitación (vida útil de los activos, tarifa técnica, distribución de los riesgos, modelo de negocio, etc.) para hacer esta tecnología financieramente viable para los operadores y fiscalmente sostenible para el gobierno. Para hacer dicha estimación, se deben tomar en cuenta los factores que son distintos entre los buses eléctricos y diésel: costos iniciales de los buses, baterías e infraestructura de carga; impacto sobre la organización de la operación; costos de operación; mantenimiento; y riesgos técnicos.
Se estudio que para Colombia el costo total por bus eléctrico de tipología padrón varía entre US$370.000 y US$425.000; entre tres y cuatro veces el costo de los buses diésel. Si bien, estos vehículos tienen la capacidad de reducir hasta 31% los costos por kilómetro, los costos iniciales aún presentan un gran reto para su adopción.
Actualmente, dentro de la normativa colombiana existen varios beneficios tributarios establecidos en la resolución UPME 463 de 2018 y Ley 1715 de 2014, que aplican para vehículos eléctricos de transporte público y todo lo que ello implica (batería, estaciones de carga, subestaciones para recarga), como la exclusión de IVA, exención de arancel, deducción de renta, entro otros.
También, en julio 2019, el presidente Iván Duque, firmó la Ley 1964 que promueve el uso de vehículos eléctricos en el país y contempla una meta para lograr en 2035 que el 100% de los vehículos públicos adquiridos para Sistemas de Transporte Masivo sean eléctricos o con cero emisiones contaminantes.
El modelo bajo el cual el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá busca incorporar nuevos vehículos eléctricos a su flota ofrece un esquema prometedor para combatir los altos niveles de contaminación concentrados en la ciudad, aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como parte de las contribuciones colombianas, mientras que presenta un esquema técnica y económicamente viable.
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