Aproximadamente una de cada siete personas, o más de 88 millones de personas, en América Latina y el Caribe viven con una discapacidad que puede afectar su acceso a derechos fundamentales, como la educación, el empleo y la atención médica. Se prevé que este porcentaje aumente a una de cada cinco personas a mediados de siglo al envejecer la población. Sin embargo, aunque la región reconoce cada vez más las necesidades de las personas con discapacidad y ha intentado desarrollar información sobre su situación, siguen existiendo graves vacíos en la recopilación de datos, programas y políticas que ayudarían a reducir las discrepancias entre las personas con y sin discapacidad a lo largo del tiempo.
Chile, líder en educación inclusiva, es uno de los países con mejores datos al respecto. Aunque no puede considerarse representativo de la región, se enfrenta a algunos de los mismos desafíos que otros países a la hora de diseñar políticas destinadas a fomentar la inclusión, lo que lo hace especialmente interesante de estudiar.
La experiencia educativa en Chile
Chile ha realizado enormes esfuerzos para impulsar la inclusión entre los jóvenes con discapacidad, con financiamiento adicional a través del Programa de Integración Escolar (PIE) que ha permitido la contratación de personal de apoyo, la formación de docentes y la adquisición de dispositivos de ayuda, entre otras contribuciones. En la actualidad, cerca de dos tercios de los alumnos con discapacidad asisten a escuelas regulares en Chile. No obstante, las personas con discapacidad siguen teniendo niveles educativos más bajos: más del 15% tiene estudios inferiores a la enseñanza primaria y sólo el 2% disfruta de algún nivel de enseñanza terciaria. Un problema es que el programa de inclusión sigue siendo voluntario para los centros educativos en Chile. Además, las adaptaciones y el apoyo a las personas con discapacidad, interesadas en acceder a educación terciaria, suelen estar fragmentados.
Las personas con discapacidad también tienen un menor nivel de empleo y de ingresos en Chile. De hecho, sólo algo más del 38% de los adultos con discapacidades severas obtienen ingresos de su trabajo, frente al 66% de adultos sin discapacidad. Incluso entre los que trabajan, los ingresos son, en promedio, alrededor de un 33% más bajos. La discapacidad es más frecuente entre las personas mayores, y entre las mujeres porque suelen vivir más tiempo. Sin embargo, si se tienen en cuenta el sexo y la edad, la diferencia de ingresos laborales entre las personas con y sin discapacidad sigue siendo muy significativa: 18,7%.
Un impulso a los ingresos laborales
Un mayor acceso a la educación de alta calidad podría ayudar claramente a reducir estas diferencias de ingresos, con apoyo y planificación de la transición al trabajo incluidos. Las políticas laborales activas, como la rehabilitación profesional, el aprendizaje y los servicios de “inserción laboral” y asesoramiento financiados por el gobierno, podrían hacer una verdadera diferencia.
A estos problemas se añaden a menudo costos de vida considerablemente más altos para las personas con discapacidad. La encuesta de gastos de Chile, como las de la mayoría de la región, no permite calcular directamente el aumento en los costos de salud. Pero los cálculos indirectos revelan que los gastos de salud, impulsados principalmente por los mayores niveles de hospitalización, son 2,3 veces superiores en el caso de las personas con discapacidad. También podría haber costos de transporte más altos y costos adicionales en la contratación de personal de ayuda con las actividades cotidianas, aunque, de nuevo, no hay suficientes datos. En conjunto, estas cargas adicionales implican que, a la hora de calcular las transferencias sociales, debe tenerse en cuenta el estado de discapacidad de los miembros de un hogar, con incrementos en los pagos para los gastos adicionales relacionados con la discapacidad y ayudas especialmente importantes para aquellos cuya discapacidad es tan severa que les impide trabajar.
Discapacidad y la necesidad de mayor investigación
Sin embargo, sólo con mejores datos se pueden modificar las políticas. Se necesita con urgencia mayor investigación. Varios países de la región han adoptado instrumentos del Grupo de Expertos de la ONU sobre Estadísticas de Discapacidad, conocido como el Grupo Washington (GW), en sus censos y encuestas de hogares. Estos instrumentos intentan minimizar los sesgos en la información sobre discapacidades y permiten obtener datos de mayor calidad. Aun así, como revela la falta de información sobre los gastos adicionales de las personas con discapacidad, queda mucho por hacer para caracterizar y cuantificar sus experiencias. Sólo así podrán diseñarse mejores políticas para que las personas con discapacidad se integren más plenamente en la sociedad, de forma que desarrollen su potencial y maximicen su bienestar.
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