En una entrada de blog anterior, explicamos por qué el tema de los plaguicidas debe llamar la atención de los países de América Latina y el Caribe. A continuación, te contamos qué podemos hacer frente a los riesgos que conlleva el uso indiscriminado de estas sustancias.
Las plagas y las enfermedades son una gran amenaza para la producción de alimentos, los ingresos de los productores y la seguridad alimentaria de la población. Las plagas destruyen hasta el 40% de los cultivos mundiales y causan pérdidas anuales de unos US$ 220.000 millones. Además, se anticipa que los riesgos empeorarán a futuro, entre la menor eficacia de los plaguicidas como resultado de fenómenos de resistencia, y el cambio climático, que altera la resistencia de las plantas y la distribución geográfica de las plagas.
Sin embargo, el uso de plaguicidas conlleva no solamente costes directos (gastos soportados por los usuarios), sino una multitud de costes indirectos y de externalidades: efectos adversos para la salud humana, pérdida de servicios ecosistémicos, contaminación y costo de la descontaminación, servicios de regulación de los plaguicidas, rechazo de exportaciones por incumplimiento de límites máximos de residuos, emisión de gases de efecto invernadero; entre otros. Si solo se tienen en cuenta los costes directos, la proporción beneficio-coste en las fincas tiende a situarse entre 3 y 6 (es decir, 1 dólar de gasto en plaguicidas produce entre 3 y 6 dólares de beneficios para el productor). Pero si se incluyen los costes indirectos y las externalidades, la proporción beneficio-coste se reduce sustancialmente y puede llegar a ser inferior a 1.
Actualmente, hay dos grandes líneas de acción para conciliar la protección de los cultivos con la salud humana y ambiental.
Por un lado, limitar los riesgos asociados al uso de plaguicidas, a través de iniciativas como las siguientes:
- Apoyar a países para que fortalezcan sus regulaciones nacionales, en particular en temas de procedimientos de autorización, restricción y prohibición de plaguicidas; registro y control; y establecimiento de límites máximos de residuos.
- Apoyar a la generación de conocimiento científico, respaldando trabajos que analizan la presencia de pesticidas y otros residuos químicos en los alimentos.
- Fomentar el acceso transparente y público a la información, apoyando iniciativas como la Red Analítica de Latino América y El Caribe (RALACA), una red de laboratorios analíticos que intercambia datos sobre inocuidad de los alimentos y contaminantes emergentes en el medioambiente, apoyando la toma de decisiones informadas.
- Capacitar a los usuarios de plaguicidas y los asesores técnicos, sobre los riesgos y las medidas de seguridad a implementar durante la manipulación.
- Establecer un sistema de recolección y eliminación de envases vacíos de plaguicidas.
Por otro lado, es importante reducir la dependencia a los pesticidas químicos, mediante:
- El apoyo a la gestión integrada de plagas (IPM, por su sigla en inglés), un enfoque holístico de la gestión del riesgo de plagas a través de la utilización de métodos proactivos combinando prevención, monitoreo, y control como último recurso.
- El fomento de nuevos modelos productivos basados en los procesos ecológicos como la diversificación de cultivos, que ha probado su efectividad para la protección de los mismos. En Panamá, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo financia el Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente, que incluye un componente de US$ 23 millones dedicado a apoyar la transición agroecológica de 5.000 productores.
- El fomento de los bioinsumos, el cual fue el tema del primer Foro Panamericano de Bioinsumos, coorganizado por el BID, el IICA, la FAO y Fontagro en mayo de este año.
Para lograr estos objetivos, los gobiernos deben impulsar políticas habilitantes que consideren el desarrollo y el escalamiento de sistemas de generación y acceso de conocimiento y habilidades orientados a la implementación de prácticas sostenibles; instrumentos e incentivos financieros para una producción agropecuaria sostenible; mecanismos institucionales y de mercado para pagos por servicios ecosistémicos y por atributos de productos “verdes”; mecanismos de trazabilidad y monitoreo; y sistemas de control de alimentos eficientes y sostenibles.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo, es clave apoyar la mitigación de los riesgos asociados al uso de plaguicidas químicos y reducir la dependencia de estas sustancias. Estas actuaciones contribuirán a nuestras metas en materia de integración económica, cambio climático, sostenibilidad ambiental, capacidad institucional y estado de derecho. Al mismo tiempo, reducir los residuos de plaguicidas y otras sustancias químicas contribuirá con la seguridad alimentaria al mejorar la inocuidad de los alimentos, uno de los retos más urgentes en la región. Abordar proactivamente los desafíos asociados al uso indiscriminado de plaguicidas también es clave para respetar nuestros compromisos en materia de Alineación con el Acuerdo de París, así como los planteados en la Declaración Conjunta de los Bancos Multilaterales de Desarrollo “Naturaleza, Personas y Planeta” emitida durante la COP26, y la Declaración Conjunta emitida durante la COP27, en la cual los bancos multilaterales se comprometieron a abordar los desafíos del desarrollo sostenible, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de manera integrada.
Abordar estos desafíos de manera integral es esencial para un desarrollo sostenible en la región, la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las personas.
Crédito de imagen: Shutterstock
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