“No soy indígena”: Identidad y Exclusión en el Desarrollo Indígena

Las comunidades rurales ubicadas en la zona sur de los Andes peruanos presentan un dilema interesante. Para el observador externo, generalmente queda poca duda de que estas personas deberían considerarse como indígenas debido a que descienden de sociedades pre-coloniales, hablan un lenguaje ancestral nativo (quechua), y poseen cosmovisiones, normas sociales, sistemas económicos, y prácticas culturales que difieren de las del resto de la población del país. Sin embargo, cuando se les pregunta si se consideran indígenas, la mayoría responde que no. Ellos se autodenominan “campesinos”, miembros de comunidades agrarias pero no miembros de comunidades indígenas. ¿Por qué es importante tal distinción? En una región con un historial de exclusión y discriminación contra los grupos indígenas, el rechazo hacia el término “indígena” tiene que ver no solo con el marco normativo que regula la creación de las comunidades rurales sino también es una reacción al estigma asociado a dicho término.

Sin embargo, esta resistencia a ser reconocidos como indígenas puede tener consecuencias negativas. Una instancia en que esto es relevante es en la ejecución de proyectos financiados por instituciones financieras multilaterales. Además de sus impactos positivos, dichos proyectos también conllevan riesgos de causar impactos adversos. Para manejar tales impactos, la mayoría de las instituciones financieras multilaterales posee políticas para evitar, reducir, mitigar y/o compensar los impactos potencialmente negativos de los proyectos que apoyan. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, posee una política operativa sobre pueblos indígenas desde el año 2006. No obstante, si la población afectada no es reconocida como indígena, las políticas de salvaguardias de estas organizaciones específicamente diseñadas para comunidades indígenas muchas veces pueden no activarse, y, consecuentemente, es posible que no se implementen las disposiciones de tales políticas que protegen a los pueblos indígenas, en base al reconocimiento de sus especificidades culturales. Estas políticas también buscan promover la inclusión de comunidades indígenas como beneficiarias de los proyectos.

Identificar la presencia de pueblos indígenas es un desafío que requiere la participación de los diferentes actores involucrados en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo en áreas habitadas o utilizadas por grupos indígenas, particularmente si tomamos en cuenta que el riesgo de exclusión existe aún en grupos que se identifican plenamente como indígenas, ya que su auto identificación no implica que vayan a ser reconocidos como indígenas. Por ejemplo, las agencias gubernamentales de algunos países a veces no reconocen a determinadas comunidades como indígenas, e incluso en aquellos casos en los cuales el carácter de indígena de la población no está en duda, a menudo el componente social de las evaluaciones de impacto socio-ambiental de los proyectos de inversión se elabora de manera tan superficial que no llega a identificar la presencia de comunidades indígenas en el área de influencia de dichos proyectos.

En consecuencia, debemos estar atentos a la presencia de comunidades indígenas para promover su identificación y reconocimiento inclusivo. El hecho que una comunidad no se identifique como indígena no debería ser motivo para excluirla de beneficios y medidas de mitigación equivalentes a las que se aplicarían a aquellas que sí se auto identifican como indígenas.

Si bien la identificación de pueblos indígenas no es el único desafío que encuentran los proyectos financiados por organizaciones financieras multilaterales, dicha identificación es un punto de partida importante, el cual permite identificar la necesidad de realizar análisis más profundos para determinar la mejor manera de aplicar las políticas de salvaguardias relacionadas con pueblos indígenas, y promover intervenciones alineadas con sus valores culturales.

Un factor clave relacionado con las políticas sobre pueblos indígenas es que tales políticas se basan en el reconocimiento de su situación de exclusión histórica, discriminación cultural, y vulnerabilidad social, factores que los han ubicado en una situación de desventaja para expresar sus preocupaciones y defender sus interesas mediante el uso de recursos, medios y formatos que normalmente serian de fácil acceso para poblaciones no indígenas.