El pasado mes de febrero, Argentina sufrió una de las peores catástrofes en sus últimos 50 años. Más de 4.000 hogares afectados, alrededor de una docena de víctimas fatales, cerca de 5 mil evacuados y pérdidas económicas que se acercan a los 200 millones de dólares. Estas cifras son tan solo un estimado de los daños causados por el temporal que sacudió a la provincia de Córdoba a principios de este año. Este terrible desastre nos deja con un mal sabor de boca y nos recuerda que la humanidad es aun vulnerable a las fuerzas naturales, sin embargo, ¿Qué tanto podemos prepararnos para poder evitar esta vulnerabilidad?
Empecemos por separar dos conceptos, los fenómenos naturales no son sinónimo de desastres. Los huracanes, inundaciones, deslizamientos, terremotos, sequías, incendios forestales, etcétera son parte integral de un ecosistema y han sido parte del medio ambiente en el que han evolucionado las especies. Sin embargo, es la actividad humana la que detona el desastre. El crecimiento de la densidad de población, ya sea natural o por migración, eleva el impacto en el ecosistema. Un crecimiento desordenado y un manejo inadecuado de los recursos naturales incrementan el riesgo de la población. En otras palabras, los desastres son eventos socio-ambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social del riesgo.
Tomemos como ejemplo los fenómenos naturales hídricos. Los desastres naturales relacionados con el agua representan el 90% del total de los desastres de origen natural. El incremento de la población trae como consecuencia un mayor número de personas expuestas a sufrir los impactos de inundaciones, sequías, tormentas, deslaves y demás amenazas relacionadas con el agua. Adicionalmente, la deforestación masiva no regulada incrementa la vulnerabilidad del hábitat y de la población. Al extraer los arboles de una zona se reduce la capacidad del suelo para absorber agua y por lo mismo aumentan las inundaciones y deslaves. El ecosistema es dinámico y puede reponerse, pero la explotación descontrolada muchas veces no permite la cicatrización para mitigar el impacto.
Si retomamos el tema de Argentina, la organización no-gubernamental ambientalista Greenpeace señalo que a la provincia de Córdoba le queda menos del 4% de sus bosques nativos originales. Aun cuando se han implementado regulaciones para la protección del bosque, la deforestación descontrolada sigue siendo un problema en este país.
En el 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio en varios países incluso Argentina en donde se aplicó un sistema de indicadores. Dentro de estos indicadores se encuentra el Índice de Gobernabilidad de Políticas Publicas en Gestión del Riesgo de Desastres (IGOPP), éste indicador permite cuantificar en qué medida las acciones, políticas y normativas del gobierno incluyen los aspectos de la gestión del riesgo de desastres. Los resultados de este estudio demuestran que aun cuando sí existen algunas normativas para la gestión ambiental de los recursos hídricos, estas no integran aspectos de la gestión de riesgo de desastres en sus objetivos. Para un país en el que 68% de los desastres registrados han sido detonados por amenazas de tipo hidrometeorológicas, los avances y desarrollos normativos del país aún son insuficientes.
Hablando en términos más generales, entre 2000 y 2010, la región de América Latina y el Caribe perdió casi 64 millones de hectáreas, un 7 %, de su superficie forestal. Por otro lado, las pérdidas económicas causadas por desastres hídricos se han incrementado en esta región en la última década, dejando un saldo de 52 millones de dólares en pérdidas económicas. En la región, el deterioro ambiental, la pobreza, el crecimiento urbano descontrolado y los débiles sistemas de alerta temprana incrementan la vulnerabilidad de los países y amplifican las consecuencias de las amenazas naturales.
Es importante primero, generar leyes y políticas ambientales a fin de que se reconozca la importancia de mantener los ecosistemas y segundo, tomar medidas necesarias para minimizar las actividades humanas que pueden aumentar el riesgo de desastres en el futuro. Una ciudad con buena legislación generalmente genera economías de escala con respecto a la protección del medio ambiente y a la gestión de riesgos de desastres. Aún falta mucho por hacer en la región, pero el primer paso para frenar el desastre es identificar donde somos vulnerables.
Dia Internacional de la Reduccion de Desastres, 13 de octubre
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