A menudo escuchamos que la lucha frente al cambio climático es una de las prioridades más urgentes para la región. Pero consideremos el caso de Ecuador. El país atraviesa dificultades fiscales y sociales. ¿Pueden países como Ecuador atender las tres prioridades fiscales, sociales y ambientales a la vez? Si bien no es una tarea fácil, un estudio reciente del BID sugiere que reemplazar cuidadosamente los subsidios a la energía con un mejor gasto en protección social podría ser una forma de que los gobiernos progresen en los tres frentes.
Durante la última década, el gobierno de Ecuador gastó hasta el 7% de su presupuesto, o US $ 2.3 mil millones por año, para subsidiar la gasolina, el diesel, la electricidad y el gas licuado de petróleo (GLP). Los ahorros generados por la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles podrían usarse para reducir los déficits y la deuda soberana, recortar otros impuestos o financiar inversiones en educación, salud o infraestructura.
Eliminar los subsidios también ayudaría a reducir el consumo de combustibles fósiles que contribuyen a la contaminación del aire y representan una gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. El FMI estima que, en conjunto, el costo social del calentamiento global, la contaminación del aire, los accidentes y los daños causados por la sobreutilización de la energía subsidiada en Ecuador es tres veces mayor que el costo fiscal de los subsidios energéticos.
El problema es que reducir los subsidios a los combustibles fósiles puede ser un desafío político, como lo demuestran las protestas de los chalecos amarillos en Francia y el Gasolinazo en México.
De hecho, nuestro estudio muestra que los hogares pobres y vulnerables en Ecuador se verían afectados negativamente al eliminar los subsidios a la energía. Eliminar los subsidios al GLP costaría a los hogares pobres (definidos como aquellos en el 40% inferior de la población) entre el 2.5% y el 3% de sus ingresos. Eliminar los subsidios a la electricidad y al diesel les costaría alrededor del 2% de sus ingresos. Incluso si no consume diesel directamente, los ecuatorianos pobres son vulnerables al aumento de los precios de los alimentos y el transporte público debido a la eliminación de los subsidios al diesel. Si bien los ecuatorianos más pobres no tienden a consumir tanta gasolina como los más ricos, ya que son mucho menos propensos a tener un automóvil, la eliminación de los subsidios a la gasolina aún les costaría entre el 1 y el 1,5% de sus ingresos.
Si los subsidios energéticos benefician a los hogares pobres, ¿por qué un banco de desarrollo argumentaría que deberían ser eliminados? Porque los subsidios a la energía son increíblemente caros y no discriminan a los hogares pobres y ricos. Como los hogares más ricos consumen más, los subsidios tienden a beneficiar más a los hogares ricos. En Ecuador, cuesta $ 15.5 transferir $ 1 a hogares pobres usando subsidios a la gasolina, $ 8.5 usando electricidad y $ 7.8 usando subsidios a diesel. Los subsidios al GLP son los menos ineficientes, ya que los hogares de todos los niveles de ingresos tienen un consumo similar, pero todavía le cuestan al gobierno $ 5.2 por cada dólar transferido a un hogar pobre.
Por lo tanto, el desafío es deshacerse de los subsidios energéticos y proteger a los hogares pobres. Las lecciones aprendidas de todo el mundo sugieren que una forma es devolver a los hogares parte de los ahorros del gobierno de la eliminación de subsidios. En Ecuador, el Bono de Desarrollo Humano podría ser una solución.
Internacionalmente, las transferencias de efectivo son una de las mejores herramientas para brindar asistencia social. Tienden a aumentar los indicadores de salud, empleo y bienestar mientras que son económicamente eficientes. En Ecuador, al gobierno le cuesta alrededor de $ 2 desembolsar $ 1 a un hogar pobre que usa el Bono, que es considerablemente más barato que los subsidios de energía.
Reducir los subsidios a la energía mientras se protegen los hogares pobres
Un aumento de los desembolsos del Bono en $ 46 por mes sería suficiente para compensar a los ecuatorianos pobres por el impacto promedio de eliminar todos los subsidios a la energía. Además, aumentar el Bono costaría menos de lo que cuestan actualmente los subsidios a la energía, lo que significa que el gobierno ahorraría $ 1.3 mil millones por año. Este dinero podría usarse para reducir el déficit, estimular la economía o financiar otras prioridades de desarrollo social.
Exploramos ideas aún mejores. Considere el siguiente trato:
- Los subsidios a la gasolina y la electricidad se reemplazan por un aumento de $ 17 en los desembolsos del Bono.
- Se eliminan los subsidios al diesel, pero el transporte público es gratuito para los ecuatorianos más pobres.
- Se eliminan los subsidios al GLP, pero todos los hogares pobres reciben un cilindro gratis por mes.
Encontramos que estas propuestas dejarían a los ecuatorianos pobres en mejor situación económica, en comparación con la situación actual, y le ahorrarían al gobierno alrededor de $ 1.6 mil millones por año. De manera alentadora, este paquete podría ganar impulso político, según los expertos que entrevistamos para el estudio.
Nuestro artículo proviene de una colaboración académica entre investigadores alemanes, la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y la División de Cambio Climático del BID. El estudio es tan bueno como los datos disponibles, por lo que nuestros resultados deben interpretarse con precaución. Tampoco cubre todos los aspectos que los gobiernos deberían considerar antes de eliminar los subsidios. Por ejemplo, solo analizamos el impacto en los consumidores, mientras que algunas empresas y trabajadores también podrían estar expuestos a los impactos negativos de la eliminación de subsidios.
No obstante, nuestro estudio demuestra nuevamente que los subsidios a la energía son caros, ineficientes y contraproducentes. Reformarlos para ahorrar dinero, ayudar a los hogares pobres y reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero es un paso que todos los países de cualquier nivel de ingresos pueden considerar para iniciar una transición justa hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.
Foto Copyright: alh1 – Flickr
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