A nivel mundial muchos de los desastres naturales se han agravado con el efecto del cambio climático, generando un impacto negativo en el desarrollo sostenible de las poblaciones y los ecosistemas. En el caso de Guatemala, el país tiene una riqueza natural y social muy importante y diversa, sin embargo, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático: 49% del territorio nacional está expuesto a deslizamientos, 44% a inundaciones y 3.5 millones de personas están expuestas a sequías (MARN, SGCCC, y PNUD, 2021).
En las últimas tres décadas, los desastres exacerbados por el cambio climático en Guatemala han cobrado la vida de miles de personas, generando pérdidas económicas de al menos US$ 6,170 millones y afectando a la infraestructura social, la producción de alimentos y la disponibilidad de agua (MARN y Segeplan, 2021). Las proyecciones indican que esta situación se agravará con el tiempo, y si al 2030 el país no implementa medidas más ambiciosas, se estima que este costo podría representar anualmente hasta el 5.8% del PIB (CEPAL, 2018). La alta exposición de Guatemala a fenómenos climáticos extremos incrementa los retos de desarrollo como la pobreza, la inseguridad alimentaria, el desempleo y la migración.
En ese sentido, según el Índice de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame (ND GAIN, 2020), Guatemala ocupa el último puesto de la región y se sitúa en el lugar 144 de un total de 192 países en preparación ante los riesgos de desastres. Asimismo, presenta una infraestructura con baja resiliencia para hacer frente a los desastres naturales (INFORMRisk, 2022).
Sin embargo, Guatemala sí registra avances en la gobernanza, un aspecto clave para la gestión del riesgo. Como evidencia la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Política Pública (iGOPP)[1] para la Gestión del Riesgo del BID, entre 2013 y 2021 Guatemala ha experimentado una mejora en las condiciones para la implementación de esta política pública (pasando de un valor de 26% en 2013 a 37% en 2021) y mostrando avances en los componentes de identificación del riesgo y planificación de la recuperación, y de reducción del riesgo y preparación para la respuesta. En tanto, pese a que hubo progreso en el componente de protección financiera, el país mantiene un nivel bajo en esta materia.
En noviembre del 2020, las tormentas tropicales ETA e IOTA, que ocurrieron con una semana de diferencia, provocaron inundaciones y destrucción en gran parte del país. En respuesta a la solicitud del Gobierno de Guatemala, el BID aprobó un financiamiento de emergencia de US$ 400,000 dólares que fue ejecutado por la Cruz Roja de Guatemala y permitió atender con ayuda humanitaria (alimentos, kits de higiene y filtros de agua) a 2,000 familias localizadas en algunas de las comunidades más afectadas en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché e Izabal.
Sin embargo, el proceso de recuperación ha sido lento. En la Aldea Campur, una de las comunidades más afectadas, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, la reconstrucción tardó más de un año y las familias aún no se recuperan del todo. Tal es el caso de Sandra Rash, sus 2 hijos pequeños y esposo, quienes perdieron su casa y sus bienes. Después de 45 días de estar bajo el agua, la estructura de madera de la casa se debilitó y cayó por completo, y con los pocos recursos que tenían pudieron reconstruirla precariamente. Como consecuencia de esta lenta recuperación, los líderes locales estiman que un 30% de los habitantes jóvenes han migrado después de las tormentas.
El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que tiene lugar el 13 de octubre, es una oportunidad para reconocer los avances de Guatemala en la gobernabilidad para la gestión del riesgo de desastres, pero también es importante indicar que existen oportunidades de mejora significativas en la planificación de la recuperación post desastre (actualmente con un nivel incipiente) y la protección financiera (con un nivel bajo). En la más reciente publicación del Banco, el BID Economics: Panorama de oportunidades para Guatemala, se destacan las oportunidades que se observan en el país, en materia de adaptación y mitigación del climático. Algunas de ellas son:
- Redoblar los esfuerzos de inversión en estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, los cuales posicionarían a Guatemala como potencial receptor de financiamiento climático (por ejemplo, bonos temáticos).
- Fomentar iniciativas de conservación y manejo sostenible de bosques para asegurar servicios ecosistémicos básicos (agua, protección contra desastres) y la generación de oportunidades económicas sostenibles y resilientes.
- Desarrollar prácticas agropecuarias y agroforestales resilientes y bajas en carbono que contribuyan a la seguridad alimentaria, preservando el capital natural y la biodiversidad y mejorando la competitividad del sector.
- Incorporar un enfoque de adaptación y mitigación en la infraestructura que se desarrolle para reducir vulnerabilidad climática. Inversiones en infraestructura verde-gris resiliente y baja en carbono, así como en instrumentos de transferencia de riesgos pueden contribuir a disminuir significativamente impactos y costos del cambio climático.
Es fundamental para que los procesos de recuperación sean más ágiles y se enfoquen en reducir los impactos sobre las poblaciones más vulnerables como el caso de la Aldea Campur. La buena noticia es que el país ya está realizando algunos esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante el cambio climático. Por ejemplo, con el apoyo del BID, se están integrando medidas de resiliencia climática desde el diseño de las obras de infraestructura como carreteras, puentes, escuelas, centros de salud primaria y en obras de agua y saneamiento, de forma que en caso de producirse un evento climático el impacto sea limitado, y las obras pueden continuar proveyendo servicios básicos a las poblaciones vulnerables, contribuyendo a su recuperación.
Invertir en resiliencia climática en los diferentes sectores estratégicos de la economía del país como infraestructura social y sistemas productivos sostenibles, conllevaría importantes beneficios sociales y económicos, desde la reducción de costos de reconstrucción y mantenimiento de infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la creación de empleos verdes, el aumento de ingresos familiares, reducción de la migración, entre otros.
[1] El iGOPP es un indicador desarrollado por el BID y avalado por Naciones Unidas que mide en una escala de 0% (mínimo) a 100% (máximo) si un país cuenta con las condiciones normativas, institucionales y presupuestales adecuadas para poder implementar una política pública en Gestión del Riesgo de Desastres.
Crédito de imagen: Shutterstock
Leave a Reply