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El manejo sostenible del agua y el riego: lecciones aprendidas en Argentina

May 12, 2020 por Maja Schling Deja un comentario


La seguridad alimentaria está inextricablemente vinculada con la disponibilidad del agua. Sin embargo, el uso intensivo del agua por el riego agrícola genera una alta presión en los recursos hídricos y amenaza la sostenibilidad de la producción agrícola. Por ejemplo, por cada tonelada de cereal cosechada, se necesita entre 1.000-3.000 m3 de agua. Sin embargo, los sistemas de riego tienen un nivel de eficiencia que actualmente se encuentra en un promedio de sólo el 38%. Es decir, en la mayoría de los sistemas de riego, todavía se pierde más del 60% del agua orientada hacia la irrigación de cultivos.

Estas tendencias implican que la sostenibilidad de la producción agrícola necesaria para garantizar la seguridad alimentaria a nivel regional y global, así como para satisfacer la creciente demanda de alimentos, requiere mejoras en la eficiencia de la irrigación agrícola. ¿Qué se está haciendo en Argentina para abordar este reto, y qué podemos aprender de su experiencia con inversiones en irrigación?

Argentina: oportunidades y retos para la infraestructura de irrigación

En Argentina, 2,1 millones de hectáreas de tierras agrícolas o un 5% de la superficie actualmente cultivada, están irrigadas, y el riego es responsable del 70% del consumo anual de agua. Además, el país es extremadamente vulnerable a los riesgos de sequía e inundaciones. En 2017-18, Argentina experimentó una de las peores sequías hidrológicas de los últimos 50 años, con un impacto económico estimado en torno al 2% del PIB.

Adicionalmente, se proyecta que el cambio climático llevará a aumentos de temperatura en todo el territorio argentino de hasta 3,5ºC. Áreas como Mendoza, que dependen del riego para la producción agrícola (principalmente de vino), se verán afectadas negativamente por la reducción de la disponibilidad de agua de la nieve baja en las montañas, la principal fuente del caudal de los ríos. Se estima que, de no realizarse inversiones en los sistemas de riego actuales, las reducciones de producción evaluadas como pérdidas de superficie ascenderían a 325 mil hectáreas, equivalente a US$ 910 millones de producción.

Dos décadas de experiencia con el PROSAP

En este contexto, el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y gestionado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) ha liderado la inversión en grandes infraestructuras de riego agrícola durante los últimos 23 años. El PROSAP inició su ejecución en la década de los 90 como una respuesta al déficit de dicha infraestructura productiva, con el objetivo de contribuir a la modernización productiva en las áreas de riego, a la mejor disponibilidad y calidad de agua a lo largo del año para los regantes y a una mejora en la eficiencia de riego.

Desde 1997, el PROSAP recibió cinco préstamos del BID por US$ 752 millones. Desde entonces, se han construido o rehabilitado casi 1.000 km de sistemas de riego y drenaje, que han resultado en aproximadamente 138.500 hectáreas cubiertas con irrigación mejorada y alrededor de 76.000 beneficiarios directos. Se estima que las eficiencias globales de los sistemas de riego mejorados alcanzan del 60% al 80%, dependiendo del sistema utilizado.

Además, las inversiones en el riego financiados por el PROSAP también contribuyeron a mejoras productivas. Una evaluación de impacto realizada en 2016 analizó las obras de riego en las provincias de Mendoza y San Juan ejecutadas entre 2003 y 2013, y encontró que los participantes de PROSAP aumentaron su producción en un 9,4% y sus rendimientos por hectárea en un 7,7%. Estos resultados muestran que inversiones de riego tales como las financiadas por el PROSAP no sólo facilitan el uso sostenible y eficiente del agua, sino que también permiten aumentar la productividad agrícola para alcanzar la demanda de alimentos.

Mirando hacia el futuro: un plan nacional de riego

Basado en el éxito de estas inversiones, el MAGyP lanzó en 2018 un Plan Nacional de Riego que busca implementar e institucionalizar una estrategia comprensiva a nivel nacional que se haga cargo de definir y ejecutar políticas públicas encaminadas a promover la expansión del riego y el manejo eficiente del agua, y que coordine los esfuerzos existentes que desde hace tantos años se vienen desarrollando con  el PROSAP. Bajo este plan, se tiene previsto triplicar para 2030 la cantidad de hectáreas que actualmente poseen estos sistemas para la producción de cultivos, e incrementar la eficiencia de aplicación del agua para riego.

Dados los efectos cada vez más negativos del cambio climático en la disponibilidad del agua, el país requerirá este esfuerzo amplio y coordinado para garantizar una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Las lecciones aprendidas del PROSAP servirán para que Argentina y la región puedan seguir invirtiendo en sistemas de riego eficientes y sostenibles de forma efectiva.

Crédito de foto de cabecera: PROSAP

 


Archivado Bajo:Agricultura y Seguridad Alimentaria Etiquetado con:agricultura, agua, agua para el riego, Argentina, plan nacional de riego, PROSAP, riego, riego agrícola, seguridad alimentaria

Maja Schling

Maja Schling es economista en la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (RND) del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene experiencia práctica y de investigación sustancial en desarrollo internacional, específicamente en las áreas de agricultura, recursos naturales y cambio climático. En los últimos cinco años, ha participado en el diseño y la implementación de evaluaciones de impacto para numerosos proyectos agrícolas y de recursos naturales en toda la región de ALC, incluidos proyectos de sanidad animal y vegetal en Brasil y México, programas de extensión agrícola en Guyana y Argentina, y un programa de protección costera en Barbados. Actualmente, su trabajo se centra en la incorporación de datos y metodologías innovadoras en las estrategias de evaluación para captar todas las dimensiones posibles del impacto – económica, social y ambiental – con el objetivo de mejorar la efectividad de futuras intervenciones. Antes de unirse al BID, Maja obtuvo un doctorado en economía de American University, y trabajó con la ONG Impact Network para evaluar su programa de escolarización en zonas rurales de Zambia.

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