Cuando pensamos en salud y educación pensamos en el bienestar, ya que estos son elementos esenciales para que cada uno lleve adelante una vida plena y alcance su potencial, tanto como individuo y como miembro de la sociedad. En el Banco Interamericano de Desarrollo, los proyectos de estos sectores suelen clasificarse como de “bajo riesgo de salvaguardias”, dado que a menudo sus impactos ambientales son reducidos. Sin embargo, cuando perseguimos mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas, debemos comprender los servicios de salud y educación desde una perspectiva más amplia y aplicar los principios de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765) para protegerlos de cualquier impacto perjudicial.
En muchos casos, en las Américas la educación fue tomada como herramienta de control por los poderes coloniales y gobiernos nacionales. Ejemplo de esto son las escuelas residenciales a las que se obligó a que asistieran los niños indígenas en Canadá. Estos niños fueron removidos de sus comunidades seguras y afectivas, donde los mayores y los lideres tradicionales les inculcaban valores y modos de vida que les resultaban favorables, para ser colocados, con frecuencia, en internados crueles y desconocidos. Allí se los obligaba a asimilar la cultura canadiense dominante (anglo-francesa), y se les prohibía hablar su lengua materna. Peor aún, se les enseñaba que su ascendencia y modo de vida eran inferiores y que debían ocultar su identidad. Como ha dicho la maestra y experta indígena Gwen Point: “Yo temía ir al colegio… por todas las historias que oíamos de lo malas que eran las monjas”. Entonces no había en Canadá profesores de First Nation (pueblos originarios), y a los niños se les inculcaba avergonzarse de su identidad.
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Ixel – Paddle Together from Theresa Warbus on Vimeo.
Del mismo modo, con frecuencia el material educativo incluye referencias socioculturalmente inadecuadas (por ejemplo, problemas matemáticos que tomen como unidad la uva para grupos indígenas en Brasil que jamás han visto o probado una uva). Tales materiales alienaron a los niños de sus propios entornos, llevando a que tanto ellos como los maestros creyeran que de algún modo eran menos inteligentes. Es importante destacar que hoy en día, el escenario ha mejorado significativamente. Los líderes indígenas de Canadá como Gwen tienen una voz importante, son respetados y representan los intereses indígenas en organismos como las Naciones Unidas. Además, el Primer Ministro de Canadá ha afirmado el compromiso del país de seguir transformando y fortaleciendo el respeto a la identidad y la inversión en el bienestar de sus comunidades indígenas.
Los servicios de asistencia médica tampoco han sido siempre benignos. La esterilización masiva de mujeres indígenas en Perú, México y Estados Unidos, sin su consentimiento o conocimiento, ha sido reportada y documentada, y constituye un claro ejemplo de cómo el sistema de salud puede utilizarse no únicamente para cuidar sino también para dañar a personas indígenas y quitarles sus derechos; en este caso, el derecho a tener hijos. Además, existen copiosos informes de discriminación contra personas indígenas cuando intentan acceder a servicios de salud, incluyendo casos en que los proveedores les niegan la asistencia porque perciben que las personas indígenas se oponen a los tratamientos biomédicos que se les ofrecen, que pueden no estar alineados con sus creencias y prácticas tradicionales.
Ciertamente, estos agravios desafortunados pasados (o en algunos casos aún vigentes) no quieren decir que debamos dejar de buscar ofrecer los mejores servicios de educación y salud a todo aquel que los necesite. Debemos realizar mayores esfuerzos proactivos para asegurar que se incluya a las comunidades indígenas, especialmente teniendo en cuenta que han sido históricamente marginadas. Sin embargo, considerar que los proyectos de salud y educación siempre suponen un riesgo bajo para las comunidades indígenas es una falacia que deja de lado una historia bien documentada de impactos adversos. Debemos garantizar que los proponentes de proyectos que planteen apoyar a comunidades indígenas, eviten prácticas o actitudes dañinas por parte de los proveedores de los servicios, ya sean estas intencionales o accidentales, y que sus proyectos respondan a las necesidades específicas de comunidades indígenas, definidas conjuntamente con ellas.
El análisis sociocultural y la investigación participativa son herramientas importantes que pueden ayudar a los profesionales del desarrollo que estén trabajando en mejorar la salud y educación de personas indígenas a ofrecer servicios que sean significativos y terapéuticos. La intervención de especialistas sociales con conocimiento de los tipos de riesgo específicos que enfrentan las comunidades indígenas en los sectores de salud y educación es esencial en este proceso, junto a la conciencia general de los riesgos inherentes a este tipo de proyectos, para evitar potenciales impactos adversos y maximizar aquellos que sean deseables.
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